jueves, 14 de marzo de 2013

STA FE: Antonio Bonfatti envió a sesiones extraordinarias el cierre de cabarets y whiskerías


La iniciativa para cerrar los rubros que encubren explotación sexual tiene media sanción de Diputados pero no fue tratada por Senadores. El gobernador la incluyó en el temario, junto con la ley integral de violencia contra la mujer.


Antonio Bonfatti envió a sesiones extraordinarias el cierre de cabarets y whiskerías
El gobernador Antonio Bonfatti incluyó en el temario de las Sesiones Extraordinarias el proyecto de ley que estipula el cierre de whiskerías, cabarets y cualquier otro comercio que encubra explotación sexual, conocido como "ley de trata", que tiene media sanción de Diputados desde noviembre pasado pero no fue tratado por Senadores. La iniciativa fue redactada en base a las propuestas del legislador peronista del Bloque Corriente Peronista Federal Héctor Acuña y la diputada provincial del SI en el Frente Progresista Alicia Gutiérrez. Tras un intento fallido el 19 de diciembre pasado --cuando el proyecto llegó a ingresar en la mesa de entradas pero luego se retiró--, Bonfatti lo incorporó ayer en el temario.
Si el Senado sanciona la ley, Santa Fe se sumará a las provincias de Córdoba, Río Negro, Tucumán y Entre Ríos, donde está prohibido el funcionamiento de prostíbulos. En la provincia, Santo Tomé tiene una normativa similar que impide la actividad de whiskerías y cabarets.
Bonfatti también remitió ayer a la Legislatura la adhesión de la provincia a la ley nacional número 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres en los ámbitos en que desarrollen relaciones interpersonales.
Esta norma apunta a "promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos".
En cuanto a la ley de violencia, Gutiérrez recordó que "Diputados le dio varias veces media sanción a la adhesión a la ley nacional, pero el Senado no la trató nunca. Salió aprobada de Diputados pero nunca se pudo conseguir la sanción definitiva".
En cuanto a la llamada ley de trata --que estipula el cierre de los cabarets y whiskerías que están funcionando así como la prohibición en todo el territorio provincial--, Bonfatti anunció su envío a la Legislatura en diciembre pasado, siete días después del fallo absolutorio a todos los acusados por la desaparición de Marita Verón, que generó indignación y puso el tema en agenda. Pero al día siguiente, el 19, el gobernador lo retiró de Mesa de Entradas.
"Las organizaciones de mujeres pero también las legisladoras veníamos trabajando desde hace mucho tiempo en estos temas", subrayó Gutiérrez sobre las dificultades para el tratamiento de estos temas en Senadores.
"Me parece auspicioso que se haya enviado esta ley para terminar con las situaciones de violencia. Porque detrás de cada mujer en situación de prostitución hay una vida de abusos. No decimos que es la solución definitiva, pero de una vez por todas, el estado puede comenzar a combatir a los proxenetas, cerrar los prostíbulos y aplicar las leyes que ya existían como la ley Palacios", dijo Gutiérrez.
La legisladora provincial señaló que "los prostíbulos están prohibidos, pero estas denominaciones como cabarets, bares nocturnos y whiskerías encubren la presencia de mujeres en situación de prostitución, explotadas por proxenetas que se quedan con la mitad o más de su dinero". Gutiérrez instó a la población a denunciar. "Necesitamos que sean los vecinos, las personas que perciben estas situaciones, que se acerquen a brindar información para llevar adelante este combate", agregó.
El tercero de los proyectos ingresados ayer por el gobernador también está relacionado con la trata de personas, complementaria con el cierre de prostíbulos, ya que prevé la protección y asistencia a las víctimas; el auxilio y apoyo al grupo familiar de la víctima; la cooperación entre el Estado federal, los Estados provinciales, municipios y comunas para el cumplimiento de los objetivos planteados.

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