Después de las críticas que hizo la diputada María Eugenia Bielsa sobre la legalidad de los nuevos avalúos fiscales en el Inmobiliario Rural, el Ejecutivo creará un equipo técnico de seguimiento.
Una de las grandes críticas que hicieron los diputados provinciales del justicialismo a la reforma tributaria –que se votó el jueves pasado– se centró en la presunta irregularidad en la que incurrió el Poder Ejecutivo al plantear para el revalúo del Inmobiliario Rural un trabajo técnico que no contó con el dictamen de la Junta de Valuaciones. Por tal motivo, la diputada María Eugenia Bielsa calificó de ilegal lo aprobado en la Legislatura santafesina.
El análisis de los avalúos fiscales fue elaborado por un Observatorio de Valores que creó por decreto el gobierno provincial y para Bielsa dicho organismo no tiene potestad para hacerlo, ya que la Ley Nº 2.996 y sus modificatorias establece que cualquier revalúo lo debe hacer la Junta de Valuaciones. También denunció que el Ejecutivo vació de contenido al mencionado espacio porque cambió a los integrantes que pensaban distinto.
Sin embargo fue el presidente de la Cámara baja, Luis Rubeo (PJ), enfrentado con la ex vicegobernadora, el que explicó la cuestión de la legalidad: “Yo le diría a la diputada que lea bien el articulado de la ley que fue votada porque hay un artículo especial donde dice que se deroga cualquier tipo de legislación que se contraponga a la presente ley. Entonces lo que está diciendo es mentira. Bielsa miente”.
En virtud de las críticas y suspicacias que se tejieron sobre los dichos de la diputada justicialista, el gobierno de Antonio Bonfatti decidió crear la “Comisión de Seguimiento de las Valuaciones Fiscales de los Inmuebles Rurales” con el objeto de coordinar el trabajo de revaluación general de las propiedades rurales en la provincia de Santa Fe. Esta semana el mandatario firmará el decreto correspondiente.
No obstante, Diario UNO está en condiciones de adelantar que la comisión se integrará con representantes del gobierno provincial, de los municipios y comunas, de los productores agropecuarios y, aparentemente, también con legisladores de diversos sectores políticos. “Este Poder Ejecutivo entiende que resulta de fundamental importancia la participación de todos los sectores involucrados en el seguimiento de las valuaciones fiscales de los inmuebles rurales, lo que permitirá de una vez por todas trabajar en una verdadera política de Estado en esta materia”, dice el borrador oficial.
Para la Casa Gris la sanción de la reforma tributaria aportó la legalidad suficiente y correspondiente para el revalúo del Inmobiliario Rural, pero, de todas formas, pretende generar un ámbito de trabajo con el objetivo de que los cambios patrimoniales que experimentan los campos año tras año se revisen de manera periódica, y así achicar la brecha –de hasta 40 veces– entre los precios fiscales de los inmuebles y los precios de mercado
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