Se creará una fórmula polinómica que una comisión especial revisará quincenalmente.
La presidenta Cristina Fernández anunció la aplicación de un esquema de retenciones móviles a la exportación de biodiésel, luego de una extensa negociación con las cámaras empresarias del sector.
Las retenciones móviles serán adecuadas quincenalmente por una comisión mediante una fórmula polinómica, en lo que la jefa de Estado consideró un “instrumento” para mejorar la competitividad del sector y remarcó que se trata de una “adaptación y no como dicen algunos de contramarchas”.
El anuncio fue realizado en Casa de Gobierno, en un acto en el que la presidenta destacó la necesidad de neutralizar los efectos de las diferencias de precios entre el biodiésel, el aceite y el poroto de soja.
Al respecto, señaló una serie de “volatilidades” y “especulaciones” en los precios de los tres productos en los últimos meses, lo que dio lugar tanto a medidas oficiales como a reclamos y sugerencias de los sectores empresarios.
“Es muy importante entender la flexibilización (de las medidas oficiales) dada la volatilidad y el grado de especulación que hay en los mercados”, precisó la presidenta, en la introducción a una síntesis de las negociaciones que desembocaron en la aplicación de las retenciones móviles.
Hasta principios de agosto, las retenciones a la exportación de biodiésel eran del 12 por ciento, contra el 32 por ciento para el aceite de soja y el 35 por ciento para el poroto.
La presidenta recordó que hasta hace poco más de un mes “había una gran capacidad ociosa (en la industria de procesamiento de soja) porque no había porotos”, debido en gran parte a que “se estaba vendiendo el biodiésel más caro internamente que externamente”.
“No podía ser, de ningún modo. Les estaba faltando porotos ya que preferían ir al biodiésel porque tenía una retención menor”, recordó, por lo que hubo que “equiparar el valor del biodiésel con el precio del aceite de soja, que constituye el 85 por ciento del costo total del biodiésel”, puntualizó.
En consecuencia, se aumentó el derecho de exportación de ese combustible del 12 al 24 por ciento y se resolvió la importación temporaria de grano de soja para resolver el problema de abastecimiento.
Sin embargo, de acuerdo con lo dicho por la presidenta, “solamente en un mes, por cuestiones que no están vinculadas con el gobierno nacional, el precio del biodiésel cayó terriblemente”, por lo que “hubo (nuevas) reuniones para ver cómo podíamos solucionar el problema”.
Al igual que en ocasiones anteriores sobre un pedido de aumento en la retención del grano, “se comenzó a discutir una salida que fue lo de las famosas retenciones móviles”.
“Nada más que al oír el nombre de retenciones móviles pedí: me lo ponen por escrito”, indicó la jefa de Estado, quien destacó que en ese punto hubo acuerdo de pequeños y grandes productores.
Las exportaciones de biodiésel dieron lugar a un conflicto comercial con España, que poco después de la expropiación de las acciones de Repsol en YPF decidió no importar más el producto de la Argentina.
Si bien la presidenta en un principio aseguró que no iba a hacer reclamos porque “España estaba en su derecho de pagarlo más caro”, la Cancillería presentó un reclamo al respecto ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Las retenciones móviles serán adecuadas quincenalmente por una comisión mediante una fórmula polinómica, en lo que la jefa de Estado consideró un “instrumento” para mejorar la competitividad del sector y remarcó que se trata de una “adaptación y no como dicen algunos de contramarchas”.
El anuncio fue realizado en Casa de Gobierno, en un acto en el que la presidenta destacó la necesidad de neutralizar los efectos de las diferencias de precios entre el biodiésel, el aceite y el poroto de soja.
Al respecto, señaló una serie de “volatilidades” y “especulaciones” en los precios de los tres productos en los últimos meses, lo que dio lugar tanto a medidas oficiales como a reclamos y sugerencias de los sectores empresarios.
“Es muy importante entender la flexibilización (de las medidas oficiales) dada la volatilidad y el grado de especulación que hay en los mercados”, precisó la presidenta, en la introducción a una síntesis de las negociaciones que desembocaron en la aplicación de las retenciones móviles.
Hasta principios de agosto, las retenciones a la exportación de biodiésel eran del 12 por ciento, contra el 32 por ciento para el aceite de soja y el 35 por ciento para el poroto.
La presidenta recordó que hasta hace poco más de un mes “había una gran capacidad ociosa (en la industria de procesamiento de soja) porque no había porotos”, debido en gran parte a que “se estaba vendiendo el biodiésel más caro internamente que externamente”.
“No podía ser, de ningún modo. Les estaba faltando porotos ya que preferían ir al biodiésel porque tenía una retención menor”, recordó, por lo que hubo que “equiparar el valor del biodiésel con el precio del aceite de soja, que constituye el 85 por ciento del costo total del biodiésel”, puntualizó.
En consecuencia, se aumentó el derecho de exportación de ese combustible del 12 al 24 por ciento y se resolvió la importación temporaria de grano de soja para resolver el problema de abastecimiento.
Sin embargo, de acuerdo con lo dicho por la presidenta, “solamente en un mes, por cuestiones que no están vinculadas con el gobierno nacional, el precio del biodiésel cayó terriblemente”, por lo que “hubo (nuevas) reuniones para ver cómo podíamos solucionar el problema”.
Al igual que en ocasiones anteriores sobre un pedido de aumento en la retención del grano, “se comenzó a discutir una salida que fue lo de las famosas retenciones móviles”.
“Nada más que al oír el nombre de retenciones móviles pedí: me lo ponen por escrito”, indicó la jefa de Estado, quien destacó que en ese punto hubo acuerdo de pequeños y grandes productores.
Las exportaciones de biodiésel dieron lugar a un conflicto comercial con España, que poco después de la expropiación de las acciones de Repsol en YPF decidió no importar más el producto de la Argentina.
Si bien la presidenta en un principio aseguró que no iba a hacer reclamos porque “España estaba en su derecho de pagarlo más caro”, la Cancillería presentó un reclamo al respecto ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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