PROV. STA FE: Será obligatorio tener sillas para obesos en salas y restaurantes

La Cámara de Diputados le dio media sanción a una iniciativa del bloque de Producción y Trabajo. Piden al Poder Ejecutivo que aplique la última resolución de Enress para el aumento de tarifas autorizado a Assa.

 En la provincia de Santa Fe, será obligatorio que haya sillas o sillones para personas con obesidad u obesidad mórbida en lugares públicos y privados con ingreso libre y el no cumplimiento motivará la aplicación de multas que podrán llegar a la clausura del establecimiento o de la oficina. La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley impulsado por la bancada Producción y Trabajo del Frente para la Victoria que ahora deberá ser revisada por el Senado.

Fue el único proyecto de ley votado ya que las demás iniciativas que tenían preferencia fueron diferidas ante la falta de acuerdo político entre los diferentes sectores políticos. Entre los proyectos que estaban en gatera ayer se destacaban los que pretenden establecer una pensión mensual no contributiva y vitalicia para detenidos por causas políticas, gremiales o estudiantiles durante la dictadura así como otro para madres cuyos hijos estén muertos o desaparecidos por el terrorismo de Estado; y el de modificación de la distribución del llamado ‘fondo soja’ para dejar únicamente el 50% en manos del Poder Ejecutivo y repartir el restante 50% entre municipios y comunas (hoy es 70 y 30, respectivamente). Los tres proyectos son impulsados por diferentes sectores del justicialismo pero, ante la falta de acuerdo, resolvieron postergarlo por dos o tres semanas.

En cambio, sin oposición avanzó el proyecto firmado por De Césaris, Reutemann, Picardi y Lago estableciendo la obligatoriedad de disponer en ámbitos públicos y privados, de libre acceso, sillas o similares para personas con obesidad u obesidad mórbida. La disposición alcanza a restaurantes, confiterías, bares, pubs, salas de espectáculos para cine, teatro o análogos y organismos o dependencias públicas o privadas con atención al público.

En los diferentes artículos se prevé un tiempo de adaptación que no podrá superar el año de la promulgación dejando la aplicación en manos del Ministerio de Salud y de las jurisdiccionales locales.

El proyecto votado dispone sanciones de tres a 15 jus en primera instancia hasta llegar a la clausura de los locales por plazos de 5 a 20 días. Por último establece que el importe recaudado por las multas será destinado al Ministerio de Salud y destinarlos a tratamientos y prevención de la obesidad.

Tarifas de agua

Por otra parte, el pleno de la Cámara apoyó al justicialista Héctor Acuña, en una minuta de comunicación donde le piden al Poder Ejecutivo que cuando aplique el próximo aumento de tarifas de Assa actúe según lo dispuesto por la resolución 816 emitida por el Enress el 26 de diciembre último, recordando que dicha resolución tuvo en cuenta los resultados de las audiencias públicas realizadas a tal efecto.

Acuña explicó que no se desconoce la necesidad de un aumento tarifario, pero sí reclamó que se reconozca lo actuado por el Ente Regulador que incluso puso condiciones para el último tramo del aumento como es la puesta en marcha de un plan de colocación de medidores en los domicilios de los usuarios. Recordó el legislador que ya en 2010, Enress había exigido la colocación de medidores. Después señaló que para usuarios sin medidores, en el quinto semestre la diferencia entre lo aconsejado por el Ente y lo dispuesto por el Poder Ejecutivo difiere en más del 40% en algunos tipos de clientes. “El aumento debe ser racional, condicionado a lo aconsejado por el Enress y que son el resultado de las audiencias públicas”, remató.

En tanto, el socialista Raúl Lamberto subrayó que el Ejecutivo tomó parte de las resoluciones del Ente como por ejemplo la segmentación de los usuarios y recordó que fue el socialismo quien impuso las audiencias públicas para discutir estos temas.