“Entendemos que la usurpación
constituye un delito y es asimilable a un robo; creemos que no se debe
permitir ni se deben legitimar situaciones como las que se viven en los
barrios Santa Rita II y Las Delicias”, explicaron los secretarios de
General y de Gobierno, Carlos Pereira y Adriana Molina, respectivamente.
Esta mañana, en el segundo piso del Palacio Municipal, los secretarios
de Gobierno, Adriana Molina, y General, Carlos Pereira, realizaron una
conferencia de prensa para dar detalles de la presentación judicial que
realizó la Fiscalía Municipal en relación a las viviendas usurpadas en
los barrios Santa Rita II y Las Delicias.
En ese sentido, la Municipalidad se presentó como querellante ante
la Justicia con la intención de que se investigue la toma por la fuerza
de las casas de los planes habitacionales y además que se busque una
solución para “respetar los derechos tanto de los ocupantes como de los
vecinos que viven en la zona”.
Daño
“Hoy se realizó una presentación judicial por pedido del intendente
José Corral a través del Fiscal Municipal, relacionado a la usurpación
de las viviendas de los barrios Las Delicias y Santa Rita II. Entendemos
que la usurpación constituye un delito y es asimilable a un robo,
creemos que no se debe permitir ni se deben legitimar situaciones como
ésta que concretamente son robo de viviendas que son de todos y todas,
porque es el patrimonio del Estado y de los ciudadanos de Santa Fe”,
detalló Molina.
Siguiendo esa línea, la funcionaria agregó: “Este robo de viviendas
conlleva un daño a la salud, a la seguridad pública, al ambiente y al
patrimonio de la ciudad de Santa Fe, por lo cual entendemos que tenemos
la legitimación suficiente como para poder presentarnos en esta causa
judicial”. La presentación es “una denuncia penal en la defensa de los
derechos colectivos y los intereses difusos avalados por el artículo 121
del Código Procesal Penal”, remarcó.
Aporte de datos
Por su parte, el secretario General, Carlos Pereira, manifestó que
“si bien hay algunas necesidades habitaciones concretas en varios grupos
familiares, pudimos constatar que ni siquiera se trata de la mayoría de
los que hoy están usurpando. Aquí están actuando grupos organizados.
Uno de ellos muy conocido es la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que
tuvo históricamente una actitud extorsionadora y chantajista hacia el
Estado: fue la protagonista de los cortes en la Ruta 168 y ahora con
esta expropiación de viviendas”.
Agregó también que “hemos constatado la actuación de otros grupos
políticos, de punteros políticos en concreto que pertenecen a otras
fuerzas políticas, lo que no quiere decir que sean enviados por los
propios partidos políticos. Tenemos constatada esta información y vamos a
aportar a la Justicia números de patentes de vehículos que entraron y
salieron del lugar en estos días y nombres concretos de las personas que
participan de estas actividades”.
Desmantelamiento
El funcionario municipal denunció además que “están operando otros
intereses”. “Constatamos intentos de ventas de distintas propiedades: se
ofrecieron a otras personas por 1.500 pesos, y paralelamente se ha
iniciado el desmantelamiento de estas viviendas; es decir que se están
vendiendo los materiales, lo que indica que no hay una necesidad de
satisfacer la demanda habitacional sino hay actividades delictivas”,
agregó el secretario General.
Para Molina, además del desmantelamiento, “lo concreto es que en 24
horas se robaron viviendas del Estado: 184 primero y 84 después, en dos
barrios, con lo cual sin dudas existe algún tipo de organización.
Nosotros podemos tener algún dato, pero creo que le corresponde a la
Justicia la investigación. Por eso nos presentamos a la causa para
aportar todos los datos que tenemos”.
Además, la funcionaria le pidió a los vecinos que se acerquen
pruebas a la Municipalidad, al área de Derecho Ciudadanos para
incorporar a la causa a través de Fiscalía”, agregó.
Adoptar los mecanismos necesarios
Al ser consultado sobre si esas personas se deben desalojar del
lugar, los funcionarios coincidieron en que sí, pero aclararon que no
avalan “que sea por la fuerza”. “Acá es importante que la Justicia se
expida claramente acerca de la legalidad o ilegalidad, que es lo que
nosotros estamos reclamando acerca de esta situación. Por supuesto que
nadie va a promover situaciones de violencia y no se va a llegar a
situaciones que puedan atentar contra la seguridad física y personal de
nadie”, dijo Carlos Pereira.
Y más adelante agregó que “lo importante es que las cosas queden
claras en materia jurídica y que la Justicia diga que estamos ante un
robo de vivienda. A partir de ahí hay que llevar adelante un trabajo
para sacar estas familias, reubicarlas, llevarlas hacia donde
corresponda, pero tiene que quedar claro el marco de derecho en el cual
nos movemos, y por eso nosotros también vamos a la Justicia”.
Adriana Molina se sumó a las expresiones de su par y agregó: “Hay
mucha gente en Santa Fe, más de 4 mil familias, que tienen necesidad de
vivienda, y nosotros creemos que debemos acompañar a la gente de la
ciudad que hace las cosas bien”.
Preocupación de los vecinalistas
Al respecto, Pereira aclaró que “el reclamo de la Municipalidad es
en defensa de los derechos colectivos de los vecinos de la ciudad, pero
también en defensa de los derechos de los vecinos de los barrios que
viven en torno a estas zonas ocupadas. Hay muchos vecinos que hace días
que no abandonan sus casas por temor a que sean también víctimas de
algún nivel de usurpación. Para mañana fuimos convocados por 40
entidades vecinales que nos pidieron una reunión para manifestarnos la
preocupación por toda esta situación, porque esto despertó una gran
inquietud entre los vecinalistas. Creemos que aquí es donde la Justicia
tiene que poner un límite; después en la práctica hay que trabajar con
todos los dispositivos del estado, de Desarrollo Social, de Vivienda,
también de Seguridad”.
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