El Senador por el Departamento
La Capital, Hugo Marcucci, presentó dos iniciativas que buscan mejorar
la prestación del servicio energético, orientadas a otorgarle un control
de los mismos al usuario, fijar un marco regulatorio y un ente único
que garanticen derechos, mejoras y transparencia.
Marco Regulatorio
Los fundamentos de los proyectos hablan de la necesidad de
instaurar un Marco Regulatorio y contar con un Ente Único de Control del
conjunto de los servicios públicos tras 20 años de políticas
inconsistentes respecto a la prestación y regulación de los servicios
esenciales. En particular, una EPE severamente desfinanciada, usuarios
indefensos y grandes sectores poblacionales sin acceso. Por ello,
Marcucci remarcó que a través del Marco propuesto para el sector
eléctrico y las telecomunicaciones "planteamos restablecer ciertos
parámetros en la prestación del servicio, protegiendo los derechos de
los usuarios y permitiéndole exigir una mayor calidad. Recordemos que
con el intento de privatización de 2006, el marco anterior cayó junto
con dicho propósito."
De esta forma, la normativa contempla objetivos vinculados a la
protección de los derechos de los usuarios garantizando el derecho a la
información adecuada y veraz, a la libertad de elección, condiciones de
equidad y buena fe, disponiendo su participación en audiencias públicas,
donde podrán expresar sus peticiones y propuestas; proyectar y crear
una red de alta capacidad de tráfico de servicios interactivos de
telecomunicaciones y complementarios; efectuar la prestación del
servicio en forma eficiente, velando por la salud, seguridad e interés
económico de los usuarios, garantizando la regularidad, continuidad,
uniformidad, y generalidad del mismo; y constituir un régimen tarifario y
de prestación de servicios único.
Asimismo, el Marco regulatorio admite la promoción de actividades
en la producción, distribución y transporte de electricidad y de
telecomunicaciones, y alentar inversiones para asegurar a los usuarios
el abastecimiento de los mismos a corto, mediano y largo plazo;
garantizar la operatividad, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no
discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de
transporte y distribución; alentar la realización de inversiones de
riesgo; planificar y promover el desarrollo, asegurando metas de
expansión y mejoramiento de la calidad del servicio; garantizar
adecuadamente la protección del medio ambiente; controlar la
razonabilidad que debe existir entre la tarifa y la calidad de la
prestación del servicio; y promover la investigación, desarrollo y
producción de fuentes de energía no convencionales.
Sobre el usuario
Cabe destacar que el proyecto prevé no sólo tarifas sociales y la
obligatoriedad por parte de la empresa de transparentar toda la
información, sino también derechos y obligaciones de los usuarios, entre
los que se destaca el de recibir un suministro continuo y regular,
independientemente de su ubicación geográfica; que se les facturen sus
consumos sobre la base de valores realmente medidos, a intervalos de
tiempo regulares y a precios no superiores a los que surgen de aplicar a
dichos consumos; recibir las facturas por servicios, conteniendo la
discriminación de los cargos y rubros que la integran con suficiente
antelación a su vencimiento; ser informado en forma clara y precisa
acerca de las condiciones de la prestación y de toda otra cuestión que
surja mientras se realiza la misma; que se brinde a los reclamos un
trámite diligente y responsable, y poder efectuarlos ante el Ente Único
de Control cuando entienda que los mismos no hayan sido satisfechos en
tiempo y forma.
Recordando el proceso que siguió la EPE en los últimos años y los
planes de privatización, el Legislador provincial subrayó "el alto grado
de indefensión" que tienen los usuarios ante los reiterados cortes de
luz e inconvenientes cada vez que el servicio se ve sobreexigido. Por lo
cual, el proyecto pretende "brindar un soporte legislativo para obtener
una prestación acorde a los requerimientos de una Provincia en
crecimiento, con un desarrollo equitativo y sustentable, con una
adecuada relación entre la tarifa abonada y la calidad de producto
recibido."
Ente Único
La segunda iniciativa de Ley de Marcucci apunta a ampliar la
competencia del Enress al servicio energético, entre otros. El Ente
Único de Control de Servicios Públicos Provinciales sería un organismo
autárquico y descentralizado, con el objeto de resguardar los intereses
de los ciudadanos respecto de los servicios públicos prestados en la
provincia, por parte de la administración pública o concesionarios,
incluso los de carácter nacional cuando tienen un impacto en el
territorio. "Hoy no existe un ente autónomo por fuera de la EPE que le
garantice a los usuarios ser escuchados", manifestó el Senador
departamental.
Asimismo, según lo expresa la norma, "busca obtener garantías en la
concurrencia de las mejores ofertas y la libre competencia en aquellos
servicios en que la modalidad de la prestación lo admita, velar por el
cuidado y la protección del medio ambiente, promover los mecanismos de
tutela de los ciudadanos, estimular la participación ciudadana en la
definición de políticas relativas a servicios públicos, como forma de
planificación urbana, y promover la extensión de los servicios a las
áreas urbanas en desarrollo."
Sociedad del Estado
Marcucci hizo referencia a que con la idea de convertir a la EPE en
una Sociedad del Estado se busca darle mayor autonomía y eficiencia al
funcionamiento de la empresa, estableciendo y garantizando los derechos
del usuario, y hasta ampliando sus objetivos a las telecomunicaciones,
como ya se está haciendo por ejemplo en Córdoba, especialmente para que
pueda brindar servicios de internet.
"Entre otras cosas, la ventaja es que para contratar y realizar la
gestión comercial se rige por el derecho privado, pero en lo laboral y
los mecanismos de control, por el derecho público", concluyó el Senador
por La Capital.
No hay comentarios:
Publicar un comentario