Lo aseguró el Secretario de
Derechos Humanos de Santa Fe, Horacio Coutaz. Dijo que hay \"mucha
deficiencia\" en los tribunales a la hora de hacer frente al problema.
"El hecho de que no haya respuesta
judicial ante estos casos aparece como un mensaje muy claro que facilita
el accionar de las organizaciones que promueven la prostitución, la
trata de personas u otros delitos similares". La reflexión, contundente,
corrió por cuenta del secretario de Derechos Humanos de Santa Fe,
Horacio Coutaz. El funcionario aseguró que "hay mucha deficiencia en la
Justicia a la hora de dar respuestas", en referencia a la reciente
denuncia realizada por tres chicas de Vera —dos de ellas menores— contra
una empleada de los tribunales de esa ciudad que, al parecer,
organizaba fiestas sexuales en su domicilio para las cuales reclutaba
hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad social o emocional.
Las expresiones del funcionario se
fundamentaron en el análisis de episodios similares denunciados desde
principios de 2011 en los que también hubo empleados judiciales
involucrados y cuyas causas no avanzaron. La mujer acusada ahora también
cuenta con el antecedente de haber sido señalada ante las autoridades
por un caso de abuso sexual hacia una empleada doméstica en la vecina
localidad de Romang, cuya tramitación en la Justicia está demorada.
Tal cual lo publicó LaCapital en su
edición de el viernes, tres chicas, de 19, 14 y 12 años, denunciaron en
la Comisaría de la Mujer de Vera haber sido partícipes de reuniones en
la casa de una empleada judicial de esa ciudad, quien las invitaba a
divertirse y les presentaba, una vez en su domicilio, a hombres a
quienes presentaba como sus "primos". Los adultos les ofrecieron dinero
para tener sexo con ellos; incluso uno les puso una tarifa de 300 pesos a
dos de las niñas para vivir con él un "vale todo".
"Sobre este caso tomamos conocimiento a
través del Ministerio de Seguridad por las denuncias realizadas ante la
Comisaría de la Mujer de Vera. Lo primero que hicimos fue coordinar el
accionar con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y el
Centro de Acceso a la Justicia para proteger a las niñas y brindarles
asesoramiento jurídico, porque seguramente las volverán a citar para
declarar", explicó Coutaz.
Según el funcionario, la causa
relacionada con ese hecho aún está en la comisaría. "El juez tomó
conocimiento pero solicitó que se la remitieran recién el lunes,
situación que nos preocupa profundamente", sostuvo.
Plan de acción. Desde
el primer contacto con las menores, las reparticiones provinciales
diagramaron un plan de acción para contenerlas y protegerlas. "En las
causas iniciadas el año pasado en Vera —en las que también se procesó a
un empleado del fuero judicial local y a otros seis hombres por delitos
sexuales contra menores—, ya hubo intentos para lograr que las chicas se
desviaran de sus declaraciones originales. Vemos que en la provincia,
la situación vinculada con las organizaciones que cometen delitos
sexuales es muy grave por el bajo o nulo accionar de la Justicia",
lamentó el funcionario, y agregó que además "se acumularon antecedentes
del año pasado que aún no se resolvieron por lentitud o falta de
respuestas concretas de parte del Poder Judicial".
"Además de trabajar en los casos
individuales nos preocupa qué hacer con la problemática de fondo, pero
siempre encontramos el obstáculo de la Justicia. Por ejemplo, en los
sucesos denunciados el año pasado en Reconquista por delitos sexuales
contra menores se presentó como querellante el Centro de Acceso a la
Justicia, pero hace seis meses que la causa no se mueve y ni siquiera se
puede ver el expediente", denunció.
El titular de Derechos Humanos dijo que
la prioridad ahora es proteger a las niñas, asesorarlas
convenientemente para que las causas avancen rápidamente y reunir todos
los antecedentes para después evaluar qué pasos dar respecto al accionar
de la Justicia. "Pensamos incluso plantear estas inquietudes ante la
Corte Suprema", enfatizó.
Archivadas. "No se a
qué se puede atribuir la falta de respuestas, pero vemos que hay atraso
en esta y otras causas y que incluso muchas de ellas terminan
archivadas. También hay procesos en los que hacen declarar cuatro o
cinco veces a los menores contraviniendo así todas las cuestiones
relacionadas con las buenas prácticas y protocolos de actuación, que son
de aplicación imprescindible cuando se trata de resolver casos de
menores víctimas de delitos. Esto lleva, indefectiblemente, a que dejen
de declarar o cambien sus dichos", remarcó.
Esta situación preocupa "sobremanera" a
las autoridades, que ven en esta lentitud una actitud casi cómplice,
aunque sea involuntariamente. "Las causas avanzan con mucha lentitud o
directamente no hay condenas a los culpables. El hecho de que no haya
preocupación judicial ante estos casos aparece como un mensaje muy claro
que facilita el accionar de las organizaciones que promueven la
prostitución, la trata de personas u otros delitos similares", remató
Coutaz.
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