El juzgado de Ejecución Penal de Rosario cursó dos notas durante 2010 al jefe de la policía provincial, comisario general Osvaldo Toledo, señalando que cualquier movimiento de detenidos condenados en dependencias policiales debe, sin excepción, ser autorizado por esa magistratura judicial.
El juzgado de Ejecución Penal de Rosario cursó dos notas durante 2010 al jefe de la policía provincial, comisario general Osvaldo Toledo, señalando que cualquier movimiento de detenidos condenados en dependencias policiales debe, sin excepción, ser autorizado por esa magistratura judicial. Dos meses después de la primera le remitió, en términos enérgicos y perentorios, una segunda nota, en la que ordena que adopte medidas para que sus subordinados tomen cabal conocimiento de la exigencia de no mover presos sin permiso. Y le recordó que la desobediencia de ese mandato acarrearía sanciones legales y disciplinarias. El espíritu de esas dos notas emanaba de las repetidas irregularidades con movimientos de presos en la Alcaidía Mayor de la Jefatura de Unidad Regional II (Francia al 5200) donde —aunque no se denuncian por miedo— abundan las referencias contra la actual conducción de esa dependencia sobre pedidos de dinero para mejorar condiciones de detención, obtener traslados hacia lugares menos rigurosos, mejores raciones de comida o para permitir el ingreso de elementos prohibidos. Estas denuncias llegaron a reparticiones del Poder Ejecutivo y del juzgado de Ejecución. El 2 de septiembre la madre de un interno llamado Daniel R. denunció en el juzgado de Instrucción Nº 12 que el jefe de la alcaidía, comisario inspector Adrián Avaro, había solicitado dinero por facilitar el traslado de su hijo a la cárcel de Piñero, lo que llamativamente ya había sido ordenado por el juez Javier Beltramone. La denunciante ofreció el nombre del intermediario y el número de teléfono que, según dijo, le había dado para canalizar el pago a fin de hacer viable el traspaso. El viernes la mujer y otras dos personas debían ratificar la denuncia a Tribunales y no lo hicieron. Olfato judicial. Las órdenes que cursó la jueza de Ejecución Luciana Prunotto al jefe de policía provincial se habían basado, precisamente, en la percepción de que se hacían movimientos de presos que están a su exclusiva disposición sin que ella se enterara. Y la situación se da en especial en la alcaidía porque allí hay presos condenados bajo tutela policial. Por eso las dos misivas a Toledo: el primero es el oficio judicial 2.868 del 11 de agosto de 2010. El segundo el oficio 3.986 del 8 de octubre de ese año en el mismo juzgado. En este último la jueza hace una alusión explícita para Avaro con claro ánimo de amonestación. Prunotto hace saber que este oficial no entiende que para el traslado de presos debe pedirle permiso y señala que si le informa de tal cosa no lo considera una obligación sino "una simple deferencia". Por eso la jueza le dice a Toledo, en texto subrayado, que desconocer tal mandato conllevará sanciones. Señalamientos. Cuando una persona es condenada por un delito grave tiene que estar privada de la libertad. Pero estar preso soportando tormentos, abusos o extorsiones no es algo que la Constitución permita. El 28 de julio pasado personal de la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del ministro de Justicia Héctor Superti, hizo una visita al pabellón B de la alcaidía de Jefatura. Allí recogieron testimonios reiterados de internos que les señalaron que reciben maltrato físico y psíquico constante por efectivos policiales, que las requisas son violentas y que les rompen sus pertenencias. También expresaron que una parte del personal policial les suministra drogas y alcohol a cambio de ropa, calzado o sumas de dinero y que fomentan peleas entre los internos. El informe fue cursado al Ministerio de Seguridad de la provincia. Meses antes, la jueza Prunotto en persona había constatado en ese mismo pabellón un estado de cosas que le causó "suma preocupación" y "enorme asombro". En ese informe, que le cursó al secretario de Seguridad Horacio Ghirardi, le dice que la situación no fue conversada "con el titular de la Alcaidía Mayor porque en las cuatro horas que duró mi visita no se hizo presente en momento alguno ante mi personal". "Siempre piden". Denuncias como las que la madre de Daniel R. hizo en Tribunales no suelen hacerse por el temor de denunciar y luego volver al pabellón que controlan los denunciados. Pero sí hubo una ante el juzgado de Ejecución el 14 de junio cuando al interno Manuel M., que tenía salidas laborales, fue señalado el 8 de junio por personal de alcaidía de intentar ingresar al penal con droga. "Es todo mentira. En la alcaidía siempre te piden plata en todas las guardias. Yo sabía que me querían perjudicar desde hace tiempo. El pabellón B no es un lugar adecuado para un interno que está con salidas transitorias. Solicito urgente me trasladen a otro lugar porque temo por mi integridad física porque ellos manejan todo", dijo en el tribunal. M. dijo y está asentado: "El 8 de junio entré a la alcaidía normalmente sin ningún elemento prohibido, ni armas, ni drogas, ni nada. ¿Cómo voy a querer ingresar con sustancias si tengo permiso laboral todo el día y salidas transitorias los fines de semanas? Desde que estoy con salidas siempre me piden plata". Cuando la jueza citó a los custodios policiales que denunciaron el hallazgo de la droga y les pidió precisiones, éstos respondieron, según fuentes del tribunal, vaguedades sin ninguna prueba cautelada con garantías.
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