Hace 15 días un grupo de vecinos desalojó a seis familias paraguayas y tomó sus casas en venganza por el supuesto abuso de una nena. El Consulado de Paraguay mostró preocupación por el caso.
La Capital |
Los graves conflictos entre vecinos que vienen dándose en Nuevo Alberdi y que parecen tener como blanco a integrantes de la colectividad paraguaya encontraron eco en el Concejo Municipal, adonde llegó un pedido del consulado del vecino país para que las autoridades intervengan en la problemática. El detonante fue la ocupación de casas de la que hace dos semanas fueron víctimas seis familias de albañiles de esa nacionalidad, en un contexto de aprietes, amenazas y violencia que aún se prolongan. Como respuesta unánime, y a instancias del titular de la comisión de Seguridad del cuerpo, Diego Giuliano, en su última sesión del año los ediles solicitaron a la Intendencia que "gestione un servicio de mediación y resolución alternativa de conflictos" en el barrio, así como la presencia constante y preventiva de la policía. Un pedido similar de mediación extrajudicial cursaron ante el Ministerio Público de la Acusación.
La usurpación de casas en Nuevo Alberdi y la llamada Zona Cero viene siendo tema recurrente en las crónicas periodísticas, aun cuando rara vez se traduzca en denuncias policiales o judiciales. En parte, dicen los relatos de los vecinos, eso se debe a que las viviendas ocupadas se encuentran ubicadas en terrenos fiscales, sin títulos de propiedad, y en parte por la situación de vulnerabilidad que ostentan sus dueños frente a grupos más organizados o incluso con poder de fuego.
El caso que disparó la presencia de representantes del Consulado de Paraguay en el Concejo fue el que hace 15 días terminó con un hombre apuñalado en Nuevo Alberdi, después de que su hijo amparara a unos vecinos oriundos de ese país a quienes otro grupo del mismo barrio había expulsado de sus casas.
Los usurpadores justificaron su accionar como "venganza" ante un supuesto abuso que un adolescente de la colectividad guaraní habría cometido contra una nena del barrio, delito que efectivamente la familia de la chiquita de 8 años había denunciado en sede policial y judicial.
En medio de ese conflicto quedó envuelta la sede local de la Unión de Trabajadores de la Construcción de la República Argentina (Uocra), ya que el hombre acuchillado es hermano del secretario general de ese gremio, Sixto Irrazábal.
También por eso, y por conocer a las víctimas del desalojo, todos albañiles, el dirigente hizo pública la situación y aseguró que no era la primera vez que se daba en Rosario.
Es más, para Irrazábal la denuncia del abuso sólo funcionó como "maniobra" para justificar la toma de las casas de "trabajadores paraguayos, todos muchachos muy buenos, que no quieren problemas y se asustan". Siempre según el sindicalista, esa condición, más el hecho de que son "buenos albañiles que construyen sus casitas de material", los vuelve blanco fácil de "gente organizada que usurpa viviendas" y que, para justificar sus intrusiones, suele presentar "falsas denuncias".
Un panorama similar plantearon los representantes consulares en una reunión que pocos días después mantuvieron con Giuliano, preocupados porque situaciones parecidas se han registrado incluso en otras ciudades del país. Con frecuencia, asociadas a acusaciones por delitos de altísimo impacto social, como puede ser un abuso a un menor.
Sin excusas. Más allá de lo que la Justicia finalmente determine en relación al supuesto abuso en Nuevo Alberdi, para Giuliano no es aceptable que el municipio mire para otro lado ante un "conflicto tan grave entre vecinos, con interferencias políticas y acusaciones cruzadas". Por eso llevó el problema al recinto.
"Entendimos que el Ejecutivo debía ponerse al frente de la solución de estos conflictos interpersonales y de convivencia tan serios", afirmó, tanto a través de un servicio de "mediación alternativa", como de una mayor presencia territorial de los equipos sociales.
Y para "preservar la integridad física y de los bienes" de las familias atacadas, el pedido de Giuliano (respaldado por unanimidad el jueves último en el Concejo) apuntó también a la provincia.
"Tiene que haber una presencia policial preventiva y permanente", sentenció, al recordar que las familias paraguayas con las que conversó le relataron que aún no habían podido regresar al barrio ni siquiera para retirar sus pertenencias.
"Más allá de lo que desentrañe la Justicia, es muy grave cómo se rompieron al límite de vida o muerte los lazos sociales", sostuvo el concejal. Una situación ante la que el Estado no puede declararse prescindente.
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