El intendente Fabián Palo Oliver, en representación de la Municipalidad de Santo Tomé, rubricó este martes un convenio de mutua colaboración con el Ministerio Público de la Acusación. El acuerdo tiene por objeto la cooperación entre las partes en el diseño, ejecución y coordinación de acciones en temas de interés común relativos a la aplicación de la nueva justicia penal de la provincia de Santa Fe.
Prensa Municipalidad de Santo Tomé |
Por la mencionada dependencia judicial, el acuerdo fue suscripto por el fiscal general de la provincia, Dr. Julio de Olazábal. Asimismo, en el encuentro estuvieron presentes el fiscal regional de la Circunscripción Judicial Nº 1, Ricardo Fessia, y el secretario de Gobierno y Acción Social del Municipio, Prof. Martín Giménez.
Según se establece en el documento, la iniciativa tiene por objeto generar lazos entre la Municipalidad con otros organismos públicos para coadyuvar en la resolución pacífica de los conflictos, las actividades de averiguación de los hechos con apariencia de delito y la orientación y asistencia a las víctimas y testigos.
En virtud de ello, se acuerda la elaboración y ejecución conjunta de programas en áreas tales como la gestión de trabajos comunitarios, la asistencia a víctimas y testigos, la averiguación de los hechos delictivos, el intercambio de datos estadísticos útiles para el diseño de políticas públicas y la ejecución de acciones de capacitación.
“Trabajo conjunto y coordinado”
Sobre el convenio firmado, el secretario de Gobierno y Acción Social, Martín Giménez, expresó que “desde el Municipio esperamos estar a la altura de las circunstancias para colaborar con esta nueva institución del Poder Judicial de la provincia, mediante un trabajo conjunto y coordinado”.
“Uno de los aspectos que nos interesa abordar, en una primera etapa, es el de la capacitación del personal que reviste en la Dirección de Policía Municipal y en el Centro Municipal de Monitoreo de Cámaras Urbanas”, adelantó al funcionario.
Al respecto, sostuvo que “los agentes municipales deben interiorizarse, en cuanto sea pertinente, sobre los instructivos y protocolos de actuación que elabore el Ministerio Público de la Acusación y en las características del nuevo proceso penal de la provincia”.
“Queremos diseñar una política criminal inteligente”
En el marco de la actividad, de Olazábal explicó que “el nuevo sistema penal que se implementa en la provincia trata de modificar la forma de enfrentar el delito. Antes se lo consideraba como un hecho aislado y ahora buscamos abordarlo desde otra perspectiva, como un conflicto sobre el que es necesario comprender las causas y sus protagonistas, a fin de encontrar una solución”.
“Para el logro de esta meta no podemos trabajar solos. Necesitamos del compromiso y el apoyo de toda la comunidad y, en particular, de instituciones como las municipalidades, que nos pueden brindar mucha colaboración”, agregó.
A propósito del rol de los municipios en el nuevo sistema jurídico, el fiscal general explicó que “está prevista la creación de consejos asesores regionales para que ellos, partiendo de las bases populares, le informen al fiscal regional cuáles son las preocupaciones en esta materia, las que serán trasladadas al fiscal general a los efectos de conformar entre todos una política criminal. En esos consejos regionales las municipalidades van a tener presencia rotando alternativamente”.
“Además, desde el punto de vista del diseño de la política criminal, necesitamos estar en contacto con las municipalidades porque son las que mejor conocen qué es lo que ocurre en sus respectivas jurisdicciones. Queremos diseñar una política criminal inteligente, no limitándonos únicamente a los hechos en forma aislada sino tratando de comprender qué es lo que está pasando en cada comunidad. Todos estos serán los temas a tratar a partir de la firma del presente convenio”, completó de Olazábal.
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