La jueza de Instrucción Alejandra Rodenas escuchará hoy a los tres policías de la División Judicial de la Unidad Regional II que al margen de su conocimiento ingresaron el sábado pasado al country donde vivía Luis Medina y su pareja Justina Pérez Castelli, asesinados el pasado 29 de diciembre en acceso sur y Ayolas. Los efectivos llegan citados a prestar declaración informativa en base a que se los sospecha de una conducta ilícita: actuar a espaldas de la magistrada en una pesquisa sensible y en lugares donde había allanamientos previstos.
.La Capital |
La jueza los espera con elementos que a priori son incómodos para los policías José Luis Ramonda, Miguel Giordano y Néstor Chazarreta: las actuaciones que el fiscal Nº 2 de la UFI de Pilar, Gonzalo Acosta, impulsó cuando los tres empleados fueron demorados al ingresar al barrio cerrado Haras del Pilar. En ellas constan las declaraciones del consigna de la garita del country y las del subcomisario Jorge Leiva de la DDI que trasladó a los efectivos rosarinos a la comisaría de Pilar.
Junto con los policías estaba el padre de Justina, Gustavo Pérez Castellli, quien le dijo al fiscal Acosta que los efectivos rosarinos lo habían pasado a buscar con el argumento de que él tenía que marcarles una casa en ese country.
De palabra. El guardia del country afirmó que franqueó la entrada a los policías porque éstos afirmaron que debían hacer una inspección de una manzana específica: la de la casa que compartían Medina y su novia, a propósito de la investigación del doble homicidio y para un posterior allanamiento. Cuando el custodio les pidió una constancia, según las actuaciones del fiscal, Ramonda le respondió que no tenían orden escrita sino una autorización de palabra de la jueza a la vez que exhibió la credencial. A partir de allí desde la guardia llamaron a la DDI de Pilar.
Las actuaciones del fiscal señalan que el subcomisario Leiva se comunicó con el jefe de la División Judicial en Rosario, Cristian Romero, para notificarlo de lo ocurrido. Y que Romero ratificó que sus subordinados estaban allí en una misión regular y además en conocimiento de la superioridad de la fuerza.
Todo esto se ventilará mañana en el despacho de Rodenas con los policías y en presencia del fiscal Esteban Franichevich. Romero ya señaló por nota oficial al jefe de Unidad Regional II que sus hombres estaban allí en cumplimiento de funciones de colaboración requeridas por la Sección Homicidios, que tiene asignado el doble crimen.
Allanamientos. Al día siguiente de este incidente, el domingo a la mañana, policías rosarinos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y de la Agrupación Unidades Especiales allanaron —junto a bonaerenses de la DDI de Pilar— dos casas en el country: la de Luis Medina y la de Daniel Nacusse, apodado "Patán", quien tenía relación con el narco rosarino.
En la vivienda de Medina fueron secuestrados tres teléfonos celulares y documentación. En la casa de Nacusse, donde se encontraba su hijo, ocho dispositivos informáticos entre computadoras, Ipads y tablets.
El dinero. Además había en esa casa 200 mil pesos que no fueron secuestrados por la policía. Fuentes ligadas a la causa señalaron que la existencia de ese dinero allí fue consignada en el acta policial y también se adjuntaron fotografías ilustrativas. "Que no se haya incautado el dinero se debe a que estaba en la propiedad de una persona cuya conducta no tenía ninguna objeción penal. Y además al hecho de que la orden de allanamiento no instruía al secuestro de todos los elementos hallados en la casa: sólo interesaban de manera manifiesta aparatos de telefonía e informática, y documentación", dijo un vocero tribunalicio.
Ultrabook en video. En este contexto, ayer a la mañana funcionarios policiales de la Dirección de Asuntos Internos acercaron al juzgado las imágenes registradas en video de la intervención que hizo el secretario de Tecnologías de la provincia, Javier Echaniz, sobre la Mac Ultrabook que era propiedad de Luis Medina y que fue secuestrada en el Hotel Pullman, del Casino City Center, donde se alojaba cuando fue asesinado.
Las imágenes abarcan desde el inicio de la acción hasta el momento en que el funcionario la interrumpe al llegar la orden judicial de no seguir con la labor.
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