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domingo, 8 de diciembre de 2013

STA FE; Piden una audiencia pública para debatir la ley de fumigación

Lo solicitaron vecinos afectados y organizaciones ambientalistas ante cambios introducidos en el proyecto. Discuten las distancias para la aspersión de agroquímicos.
La Capital | 
Piden una audiencia pública para debatir la ley de fumigación

 Un nuevo episodio se sumó al debate que entablaron los vecinos de pueblos fumigados nucleados en la multisectorial Paren de Fumigarnos en la Legislatura santafesina. Ahora, a través de un comunicado difundido el viernes propusieron como única salida que el tema se debata en una audiencia pública, a la vez que solicitaron a los legisladores "que estén a la altura de la historia y prioricen la salud de la población".
En ese marco, repasaron los vaivenes que afectaron a los proyectos presentados durante 2013 y rebatieron los dichos de la diputada Inés Bertero (FPCyS) a este diario, a quien acusaron de hacer tambalear el tratamiento del tema en el recinto tras haber violado un acuerdo previo y presentado un proyecto de modificación a la ley 11.273 de fitosanitarios más "flexible" y que favorece al sector agrario en detrimento de la salud de los vecinos.
"Es por esto, señores legisladores, que creemos que el único mecanismo viable es una audiencia pública en el marco de una democracia participativa. Esperamos que los diputados que apoyaron este proyecto y los que aún no lo hicieron, estén a la altura de la historia y prioricen la salud de la población, aumentando las medidas de resguardo de los centros poblados y de las más de 700 escuelas públicas afectadas por los agroquímicos", indicaron.
Dos proyectos. Este año en la Legislatura provincial se presentaron en simultáneo dos proyectos de modificación de la ley 11.273; uno impulsado por el diputado José María Tessa (del partido Nuevo Encuentro), y otro por Bertero. En el primero se establece como pautas a modificar las zonas de resguardo de aplicación terrestre de agroquímicos en una zona alejada de los centros poblados, escuelas, humedales y cursos de agua de 800 metros, de todo tipo de producto agrotóxico.
Para establecer la distancia restrictiva se tomó en cuenta lo estipulado en el fallo judicial de San Jorge, donde el juez consideró esa distancia como la mínima necesaria para la protección de la salud de los ciudadanos. Para el caso de las escuelas rurales se propuso aumentar a 1.000 metros la zona de resguardo.
Para las aplicaciones aéreas, el proyecto del diputado Tessa establece la prohibición absoluta ya que las mismas son imposibles de controlar y la incertidumbre del efecto de la deriva hace aplicar de forma inminente el principio precautorio.
El proyecto de Bertero establece en su artículo 33 la prohibición de la aplicación aérea de productos fitosanitarios de clase toxicológica l-a (banda roja-producto sumamente peligroso- muy tóxico); I-b (banda roja-producto muy peligroso- tóxico) y II (banda amarilla- producto moderadamente peligroso- nocivo) en un área de 3.000 metros del límite de las plantas urbanas y de 1.000 tanto para las escuelas rurales, áreas naturales protegidas, plantas industriales, costa de los ríos, lagunas y humedales, omitiendo el rango de aplicación de productos de banda verde y azul (levemente tóxicos).
"Esto se puede entender como que no hay restricciones para fumigar con estos productos hasta el mismo frente de los vecinos", indicaron los representantes de Paren de Fumigarnos, y aclararon que la ley vigente (11.273) establece una prohibición de 3.000 metros de resguardo para las aplicaciones aéreas para productos I-a y I-b y 500 para productos II y III.
Terrestre. En cuanto a las aplicaciones terrestres, el artículo 34 expresa la prohibición de los productos de banda roja y amarilla en un radio de 1.000 metros desde las plantas urbanas y de 500 para escuelas rurales, áreas naturales protegidas, plantas industriales, costa de los ríos, lagunas y humedales. También especifica que en caso de existir ordenanzas municipales que lo autoricen, podrán aplicarse productos banda azul y verde hasta 200 metros de las situaciones mencionadas anteriormente. La ley vigente establece para las aplicaciones terrestres una zona de exclusión de 500 metros, con algunas excepciones", indicaron.
Además de los proyectos de modificación de la ley 11.273, la diputada Aliza Damiani del Frente Para la Victoria (FPV), presentó un proyecto de ley de condiciones de aplicación para productos químicos biológicos de uso agropecuario. Luego de aclarar la cuestión de las distancias, los ambientalistas indicaron que la Comisión de Agricultura de Diputados llamó a una reunión a la multisectorial para llegar a una unificación de los proyectos existentes.
"El resultado fue un acuerdo que establecía una zona de resguardo para las fumigaciones terrestres de cualquier producto, de 700 metros, tanto para las zonas urbanas como establecimientos educativos rurales y 3.000 metros para las aplicaciones aéreas, estableciéndose además la revisión de dichas distancias en forma progresiva. Si bien ese acuerdo no es lo que pretendíamos, la necesidad de actuar ante la emergencia de los pueblos fumigados y afín de lograr un tratamiento tan postergado, aceptamos la propuesta", señalaron.
"Concluida esa reunión, y luego de algunas horas, Bertero comunicó que se modificó lo antes acordado en la reunión de comisión y se bajaron las zonas de resguardo delimitando 200 metros para las aplicaciones terrestre y 1.500 las aéreas, entrando en flagrante contradicción principalmente con su proyecto de ley. Es más grave aún porque redujeron los derechos establecidos en la ley vigente, lo que se traduce en una inconstitucionalidad manifiesta, motivando la negativa de aceptación por nuestra parte y siendo acompañados por los diputados de los bloques participantes", manifestaron.
"Pretendemos que quede claro que el consenso existió y que el mismo fue cambiado por Bertero, sin ningún tipo de fundamento", remarcaron, y añadieron que nuestra organización de defensa de la salud de los vecinos, siempre estuvo, está y estará abierta al diálogo a fin de lograr un consenso acorde a la realidad de los pueblos fumigados, quienes padecen sistemáticamente los efectos de este modelo agroindustrial contaminante del medio ambiente y lesivo para la salud humana, despejando toda miopía al respecto".

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