La Cámara Federal de Rosario informó ayer que se tomará "algunos días de prórroga" para resolver la situación procesal del ex jefe de policía de la provincia Hugo Tognoli, el empresario de Villa Cañás Carlos Andrés Ascaíni y el comisario Néstor Beto Fernández, quienes están procesados como coautores funcionales de narcotráfico.
La Capital |
Además, la Cámara requirió al juez federal Carlos Vera Barros que le aporte los expedientes de dos investigaciones cuyos contenidos sobrevuelan el caso Tognoli. Una es la causa "Miguenz, Mauro y otros s/Ley 23737" (la ley antinarcóticos), en manos del mismo magistrado y de cuyas escuchas telefónicas surgió la acusación contra Tognoli. Y otra, caratulada "García, Roberto O. y otros s/trata de personas", a cargo del juez Marcelo Bailaque y en la que el comisario mayor Oscar La vaca Ledesma mantuvo un intercambio de mensajes con la dueña de un prostíbulo de Venado Tuerto que requería información sobre la venta de drogas e implicaba a Tognoli y Ascaíni.
Rechazo. La prórroga decidida por la Sala B de la Cámara (Elida Isabel Vidal, Edgardo Adrián Bello y José Guillermo Toledo) fue rechazada por los abogados Carlos Edwards y la dupla Paul Krupnik-José Nanni, defensores de Hugo Tognoli y Carlos Ascaíni respectivamente.
Las defensas consideraron que la incorporación de los expedientes mencioandos y su valoración para resolver las apelaciones interpuestas "constituye lo que doctrinariamente se denomina «prueba sorpresiva», en razón de que las defensas no han podido acceder ni consultar los referidos expedientes ni tampoco controlar la prueba que pudiera obrar en los mismos, por lo que no pudiendo alegar ni en la expresión de motivos de la apelación ni en el informe de la audiencia oral sobre el contenido de los mencionados expedientes, con la consecuente lesión al derecho de defensa".
Antes del cambio de imputación a Tognoli, hecho que ocurrió con el desplazamiento de la fiscal subrogante Liliana Bettiolo y el arribo de su par Juan Patricio Murray, y que llevó al ex jefe policial de protector de narcos a integrante de una "empresa criminal conjunta" dedicada a la venta de drogas, el juez Carlos Vera Barros acumuló a la cuestión dos de lo nueve cuerpos de la causa Miguenz. En esos expedientes están las transcripciones de las escuchas telefónicas requeridas por orden judicial en la causa mencionada.
El viernes 10 de mayo, los camarista escucharon los argumentos de las defensas de Tognoli, Ascaíni, Fernández, el cabo Carlos Quintana (a quien el juez Vera Barros le dictó falta de mérito), y del comisario Ledesma. La fiscal general subrogante Adriana Saccone fue la encargada de sostener la acusación.
A partir de ese día la Cámara tenía un plazo de 5 días hábiles para resolver las situación procesal de los imputados, las excarcelaciones solicitadas y la recusación presentada contra el juez Vera Barros. Ahora ese plazo se extenderá a pesar del rechazo y del pedido de una rápida resolución sobre lo ya actuado.
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