El juez de la Corte de Santa Fe, Daniel Erbetta, partícipe de Justicia Legítima, sostuvo que la propuesta de la presidenta “es una oportunidad”. "Si cualquier asalariado tiene que pagar Ganancias no hay ninguna razón para que los jueces no la paguen", sostuvo Erbetta.
—El gobierno nacional ha lanzado una iniciativa, que pronto podría traducirse en proyectos de ley, bajo el título de democratizar la Justicia. ¿Cuál es su opinión personal?
—Cuando se conozcan detalles se podrá hacer una evaluación sobre cómo se piensa plasmar estas propuestas. En principio mi impresión es positiva, si bien la expresión “democratización” es vaga y debemos darle un contenido concreto. Todo aquello que contribuya a fortalecer la independencia del Poder Judicial y favorecer su transparencia, la participación ciudadana y que haya controles de gestión, es positivo y debe someterse a discusión hacia dentro del Poder Judicial. Desde esta perspectiva es muy saludable que se pueda generar un espacio con algún grado de organicidad que permita someter a consideración estas propuestas que, tal como se presentaron y en principio, difícilmente puedan tener una opinión desfavorable
—Aparecieron reparos desde sectores políticos y del mismo Poder Judicial por temor a que esconda la intención del gobierno de afectar la independencia de la Justicia. ¿Usted comparte esa preocupación?
—Si esto fuera así, no contaría con la adhesión de mucha gente que conozco y que participó de la primera instancia de debate (de Justicia Legítima) en la Biblioteca Nacional. Sería lamentable cualquier pretensión de utilización de un espacio que apunta a fortalecer la independencia para conseguir lo contrario. Pero no creo que esto sea así. Tampoco me imagino la forma de poder concretar una velada maniobra así, ni existe esa intención en la mayoría de la gente que participó, a muchos de los cuales los conozco a ellos, su trayectoria y su forma de pensar el Poder Judicial. Creo que no hay que asustarse, hay que dar este debate. El Poder Judicial se debe una profunda reflexión crítica sobre sus modos de actuación y de funcionamiento sin miedo de confrontar ideas. Me da la impresión de que esta es una oportunidad de repensar seriamente la matriz de uno de los poderes del Estado, no podemos desaprovecharla. Ahora, también es un debate que es responsabilidad de la política, que debe ocuparse de repensar el modo de organización del Poder Judicial.
—¿Le sorprende que la Corte nacional, cuyo proceso de selección y perfil de jueces elegidos fue uno de los grandes hitos desde 2003 para acá, haya pasado a ser uno de los blancos del gobierno?
—Uno de los cambios más importantes que se produjeron en los últimos años fue la implementación del sistema de integración de la Corte nacional, que también se ha implementado ahora en Santa Fe, y me parece que ha sido trascendente la actividad de la Corte nacional. Una Corte que llevó adelante muchos postulados que incluso hoy se discuten dentro de este espacio que se denomina Justicia Legítima, pero que además tuvo una actividad jurisdiccional en temas muy relevantes y trascendentes, que llevaron a promover y modificar leyes y que se hayan reconocido derechos inexistentes en la jurisprudencia argentina. No conozco cuáles pueden ser las motivaciones respecto de estas cuestiones que hoy se visualizan en la prensa como un enfrentamiento entre el gobierno y la Corte. Fíjese que la Corte tuvo una opinión bastante favorable respecto de los anuncios presidenciales con motivo de la apertura del año legislativo. Me parece que en el fondo hay más coincidencias que disensos.
—¿Acuerda con la elección por voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura?
—Confío más a veces en el sentido común que en la superlativa capacitación técnica, por lo tanto la posibilidad de participación ciudadana en la elección de miembros del Consejo de la Magistratura no me alarma. Al contrario, es una buena forma de escuchar y tener otra mirada de un poder que tiene mucho que ver con la posibilidad de mejorar la calidad de vida de la gente. Por lo tanto mi posición es positiva en este sentido, independientemente de cómo se escriba la letra fina para que se lleve a cabo.
—¿Cómo va a llegar a Santa Fe la cuestión del pago del impuesto a las Ganancias para los jueces?
—Es una cuestión que debe ser motivo de decisión del Poder Judicial. Desde mi perspectiva personal, independientemente de lo que uno pueda opinar del impuesto a las Ganancias en los asalariados, creo que si cualquier asalariado tiene que pagar Ganancias no hay ninguna razón para que los jueces no lo paguen. Esta cuestión debe compatibilizarse con la garantía constitucional de independencia e intangibilidad. Hay que tener en cuenta que una decisión lineal que signifique una merma sustancial en el ingreso de los magistrados puede ser motivo de un problema real y hasta de cuestionamientos. Hay que pensar alternativas progresivas y, como en otros poderes del Estado, evaluar y discutir cuáles son los rubros objeto del gravamen. Los legisladores no pagan el impuesto por la totalidad de los ingresos que perciben mensualmente.
—Entonces, ¿hay que esperar lo que diga la Corte nacional?
—Ocurre que se está en pleno proceso de discusión y debate. Estas son decisiones que obviamente no pueden quedar al margen de lo que resuelva la Corte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario