Se habría quedado con una millonaria suma que le correspondía a los familiares de un hombre que falleció en un accidente y él patrocinó.
La Capital |
Un abogado del fuero local, que además figura en el listado de empleados de planta permanente de la Municipalidad como juez de Faltas de Rosario, fue denunciado por una presunta estafa en perjuicio de los cuatro hijos de un hombre que murió en un accidente en 2001. Según investiga la Justicia provincial, el letrado habría pergeñado un artilugio para quedarse con una porción importante de la indemnización en favor de las víctimas, que en definitiva eran sus clientes y quienes lo contrataron para litigar en el juicio civil por daños. En concreto, por el juicio los familiares del fallecido debían percibir más de 2 millones de pesos, pero el letrado les dio unos 300 mil y se habría quedado con el resto.
El caso, que recién ayer tomó estado público a pesar de que la denuncia data de noviembre de 2012, corresponde al desprendimiento judicial de un fatal accidente de tránsito ocurrido el 2 de febrero de 2001.
Ese día, Ricardo Cecilio Gallardo circulaba en su bicicleta hacia el sur por el carril lateral oeste de bulevar Rondeau. Al llegar a Puccio, y con luz de giro verde del semáforo, dobló y traspuso el primer carril central, donde fue embestido por un automóvil VW Polo, que transitaba en igual sentido que Gallardo, pero ignoró la luz roja del semáforo.
El ciclista sufrió heridas graves y murió el 16 de abril en el hospital Alberdi.
La trama. Tras el accidente, los familiares de Gallardo radicaron la denuncia en la comisaría Nº 10, donde un agente les entregó la tarjeta personal del abogado Sergio Luis B.
A los pocos días un escribano se presentó en el domicilio de la mujer de Gallardo, Vicenta Barrios (ya fallecida) y le hizo firmar un poder en favor del profesional en cuestión.
Es que, agotada la acción penal, el letrado comenzaría a accionar en representación de la familia de Ricardo Gallardo contra el conductor y la compañía de seguros Federación Patronal por los daños y juicios causados tras el siniestro.
Además, el letrado pactó un capital de cuota litis de 27 por ciento, mientras que según la ley de honorarios no lo puede hacer por más del 20 por ciento. En ese sentido, el Colegio de Abogados ya pidió información sobre el desempeño ético de su asociado (ver aparte).
Durante la tramitación del juicio se comprobó la culpa del conductor del VW Polo, y en un fallo de mayo de 2012 los jueces del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 2, Delfina Domínguez (de trámite), Juan José Bentolila y Viviana Cingolani, lo condenaron — y subsidiariamente a su compañía de seguros— a resarcir a las víctimas con 790.000 mil pesos más los intereses acumulados desde el momento del accidente, lo cual arrojó una cifra total de casi 2 millones 200 mil pesos.
Desde que salió el fallo, el abogado que trabajó en sociedad con otra profesional identificada como Mariela P., dilató dar a conocer la novedad a sus clientes.
Sin darles detalles de la sentencia, recién en octubre de 2012 les dijo que la compañía de seguros les había ofrecido 270 mil pesos en dos cuotas, una cifra alevosamente inferior a la que les correspondía, y totalmente dispar a la que ordenaba el fallo condenatorio.
Los familiares de Gallardo pidieron que se mejorara esa oferta. Así, el abogado nuevamente los citó el 5 de octubre en la sucursal del Banco Galicia del Paseo del Siglo (Córdoba 1851), donde se concretó el pago.
En una oficina de esa entidad, el profesional puso sobre una mesa cuatro paquetes conteniendo fajos de billetes que sumaban 82 mil pesos cada uno (328 mil pesos en total), y les hizo firmar un recibo donde se alteraba el pacto por la cuota litis.
Como era mucho dinero, los hermanos quisieron abrir una cuenta para resguardarlo en el banco, pero el abogado les sugirió que no lo hicieran. Ese dato ahora es visto por los investigadores como una clara intención del profesional de no blanquear la operación.
Día de la lealtad. El ardid salió a la luz el 17 de octubre pasado, cuando un familiar de las víctimas leyó en LaCapital la publicación periodística del fallo condenatorio contra el conductor, donde además se mencionaba el monto resarcitorio (ver aparte).
La decepción al advertir el injusto despojo impulsó a los hijos del ciclista a realizar la denuncia ante la Unidad de Información y Atención a la Víctima, a cargo de Guillermo Corbella, formalizada el 22 de noviembre de 2012.
Desde esa repartición la causa fue girada a la jueza de Instrucción Nº 1, Roxana Bernardelli, con una serie de medidas tendientes a cautelar pruebas fundamentales para el esclarecimiento del hecho.
Corbella sugirió a la magistrada que ordene el urgente allanamiento del estudio jurídico del abogado, que se le tome declaración indagatoria, que Federación Patronal esgrima la documentación del siniestro, el seguimiento legal y cómo realizó el pago.
Además, pidió el secuestro de las filmaciones de las cámaras de videovigilancia del banco Galicia donde supuestamente se realizó el pago a los familiares de Gallardo los movimientos que hizo el letrado en cuentas de esa entidad, y que se amplíe la denuncia de las víctimas.
Este diario intentó ayer en vano conocer la marcha de la investigación del espinoso expediente (Nº 1132/12), pero desde el juzgado de Bernardelli no se brindaron detalles.
En nombre de la ética profesional
El Colegio de Abogados de Rosario formuló ayer un pedido a la jueza de Instrucción Nº 1, Roxana Bernardelli, a raíz de la denuncia contra el profesional cuestionado. El presidente de la entidad, Ignacio Del Vecchio, solicitó los antecedentes del caso a los fines de dar intervención, si fuera pertinente, al Tribunal de Etica del Colegio de Abogados. En efecto, es a este órgano al que le “corresponde juzgar la conducta profesional de los matriculados denunciados y que tiene facultades sancionatorias que van desde un apercibimiento en casos leves hasta la suspensión del ejercicio profesional e incluso la exclusión de la matrícula en los casos más graves”, indicó la institución en un comunicado. Del Vecchio dejó a salvo que la presentación es sin perjuicio del respeto irrestricto del principio de inocencia y del derecho de defensa.
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