El contador Mario Rossini lleva cuatro días detenido y se encuentra alojado en la Sala Penitenciaria del Hospital Cullen. No se descarta que más personas sean citadas para declarar.
El juez de Instrucción Segunda, Nicolás Falkenberg, recibió hoy mayores precisiones con respecto a la denuncia presentada el viernes por el Mercado de Valores del Litoral SA, sobre el accionar irregular de la empresa Bolsafé Valores SA.
Mientras el presidente de la firma que cotiza en bolsa, el contador Mario J. Rossini, permanece detenido en la Sala Penitenciaria del Hospital Cullen por recomendación médica, la Justicia continúa recopilando pruebas para ampliar la acusación que pesa contra el empresario bursátil.
Rossini atraviesa el cuarto días privado de su libertad, después de que el jueves pasado una comisión de la Tropa de Operaciones Especiales se lo llevara del edificio de calle San Jerónimo 2005, sede de la entidad financiera.
Al día siguiente fue indagado en los tribunales locales bajo la imputación de “administración fraudulenta”, un delito previsto en el artículo Nº 173 del Código Penal Argentino, luego de la denuncia del juez Civil y Comercial Nº 5, Diego Aldao.
Ante la presencia del fiscal Nº 2, Gerardo Alesso y de su abogado particular, Néstor Oroño, el imputado se refirió a lo ocurrido como un “error administrativo” y se mostró dispuesto a restituir el dinero reclamado en un lapso no menor a 15 días.
Bonos en fuga
Sin embargo, su actual situación penal: la suspensión provisoria que la firma que comanda atraviesa y algunos reclamos de particulares que no llegaron a buen puerto, hacen pensar que la devolución de los valores a sus dueños no será una tarea sencilla.
Para quienes no conocen del lenguaje específico del negocio financiero y el mundo de las acciones, las maniobras que se investigan están orientadas a la transferencia de bonos y títulos públicos de terceros a otras empresas de su propiedad, para luego insertarlos en el mercado bursátil. El reclamo de los ahorristas se debe a que dichos valores se le habían dado en custodia a Bolsafé y ésta los habría utilizado sin el consentimiento de los dueños. Con el agravante que ahora nadie sabe qué fue lo que pasó con esos bonos.
Por el momento, Rossini continuará alojado en el Cullen, al menos hasta que los médicos del efector público realicen el examen neurológico reclamado por el Cuerpo Médico Forense. Ocurre que el imputado viene de recuperarse de un accidente cerebro vascular y por lo tanto existen serios riesgos de que la detención perjudique su estado.
Ampliación de indagatoria
A su vez, se espera que sobre la base de un informe del Mercado de Valores del Litoral SA que presentaron el viernes, el juez Falkenberg le amplíe la declaración indagatoria en el transcurso de esta semana.
Esta mañana, el abogado Raúl Elli, miembro de la Comisión Directiva del MVL, acompañó por escrito un detalle de los hechos detectados para que se pueda hacer la imputación.
La auditoría realizada por la entidad que se encarga de controlar a las nueve empresas que operan en bolsa en Santa Fe, Paraná y la región contabilizó 255 casos que relevaron que hubo movimiento de bonos sin autorización. Del total, el viernes se habían formalizado 19 denuncias.
Dada la cantidad de hechos que se investigan, no se descarta que sean citadas más personas relacionadas con el manejo administrativo de Bolsafé Valores SA.
Por su parte, el abogado Néstor Oroño planteó la excarcelación y en subsidio la prisión domiciliaria para Rossini, pedido que también deberá resolverse antes de la feria judicial de verano.
Mientras el presidente de la firma que cotiza en bolsa, el contador Mario J. Rossini, permanece detenido en la Sala Penitenciaria del Hospital Cullen por recomendación médica, la Justicia continúa recopilando pruebas para ampliar la acusación que pesa contra el empresario bursátil.
Rossini atraviesa el cuarto días privado de su libertad, después de que el jueves pasado una comisión de la Tropa de Operaciones Especiales se lo llevara del edificio de calle San Jerónimo 2005, sede de la entidad financiera.
Al día siguiente fue indagado en los tribunales locales bajo la imputación de “administración fraudulenta”, un delito previsto en el artículo Nº 173 del Código Penal Argentino, luego de la denuncia del juez Civil y Comercial Nº 5, Diego Aldao.
Ante la presencia del fiscal Nº 2, Gerardo Alesso y de su abogado particular, Néstor Oroño, el imputado se refirió a lo ocurrido como un “error administrativo” y se mostró dispuesto a restituir el dinero reclamado en un lapso no menor a 15 días.
Bonos en fuga
Sin embargo, su actual situación penal: la suspensión provisoria que la firma que comanda atraviesa y algunos reclamos de particulares que no llegaron a buen puerto, hacen pensar que la devolución de los valores a sus dueños no será una tarea sencilla.
Para quienes no conocen del lenguaje específico del negocio financiero y el mundo de las acciones, las maniobras que se investigan están orientadas a la transferencia de bonos y títulos públicos de terceros a otras empresas de su propiedad, para luego insertarlos en el mercado bursátil. El reclamo de los ahorristas se debe a que dichos valores se le habían dado en custodia a Bolsafé y ésta los habría utilizado sin el consentimiento de los dueños. Con el agravante que ahora nadie sabe qué fue lo que pasó con esos bonos.
Por el momento, Rossini continuará alojado en el Cullen, al menos hasta que los médicos del efector público realicen el examen neurológico reclamado por el Cuerpo Médico Forense. Ocurre que el imputado viene de recuperarse de un accidente cerebro vascular y por lo tanto existen serios riesgos de que la detención perjudique su estado.
Ampliación de indagatoria
A su vez, se espera que sobre la base de un informe del Mercado de Valores del Litoral SA que presentaron el viernes, el juez Falkenberg le amplíe la declaración indagatoria en el transcurso de esta semana.
Esta mañana, el abogado Raúl Elli, miembro de la Comisión Directiva del MVL, acompañó por escrito un detalle de los hechos detectados para que se pueda hacer la imputación.
La auditoría realizada por la entidad que se encarga de controlar a las nueve empresas que operan en bolsa en Santa Fe, Paraná y la región contabilizó 255 casos que relevaron que hubo movimiento de bonos sin autorización. Del total, el viernes se habían formalizado 19 denuncias.
Dada la cantidad de hechos que se investigan, no se descarta que sean citadas más personas relacionadas con el manejo administrativo de Bolsafé Valores SA.
Por su parte, el abogado Néstor Oroño planteó la excarcelación y en subsidio la prisión domiciliaria para Rossini, pedido que también deberá resolverse antes de la feria judicial de verano.
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