El gobierno de Antonio Bonfatti
quiere regular el funcionamiento de la Empresa Provincial de la Energía
(EPE) a través de un organismo de contralor propio. Con ese objetivo,
solicitó financiamiento a un organismo nacional para contratar la
consultora que tendrá a su cargo el armado de un marco que contemplará
los derechos de los usuarios, el régimen de resarcimiento frente a los
cortes de luz y la lógica de las audiencias públicas para evaluar los
aumentos de tarifas. La Casa Gris pretende que el marco regulatorio esté
sancionado antes de que finalice la actual gestión.
La Capital |
El primer paso para avanzar con el
marco regulatorio para la EPE lo dio el miércoles pasado el ministro de
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente provincial, Antonio Ciancio,
al reunirse con autoridades del Consejo Federal de Inversiones (CFI), a
las que les solicitó un préstamo.
"Nos dijeron que el préstamo es
posible, con lo cual en los próximos días presentaremos todos los
papeles para poder concretarlo", confió el funcionario.
Ciancio aclaró que "la prioridad" para
la elaboración del marco regulatorio la tendrán las tres universidades
públicas con asiento en la provincia: la Nacional de Rosario (UNR), la
Nacional del Litoral (UNL) y las delegaciones de la Tecnológica Nacional
(UTN).
"También está la opción de llamar a
licitación y abrir el juego a las consultoras privadas, pero siempre se
prioriza a las universidades públicas", recordó el ministro, tras lo
cual destacó que un objetivo central de la consultoría es "saber con
precisión desde dónde partimos, cómo está funcionando la EPE y hacia
dónde podemos aspirar a llegar en el corto, mediano y largo plazo".
Los principales ejes que el ministerio
quiere incluir en la regulación de la EPE son: los derechos explicitados
de los usuarios, el mecanismo de resarcimiento frente a los cortes no
programados de energía, el régimen de audiencias públicas y las
obligaciones, tanto de la compañía como de los propios clientes.
Si bien muchas de estas cuestiones hoy
se aplican, como la bonificación a los clientes que padecieron cortes en
el suministro eléctrico, el marco regulatorio les daría otro estatus,
mayor previsibilidad y un esquema a seguir.
Ciancio destacó que la provincia "está a
favor de la participación de los usuarios a través de distintas
instancias, como las audiencias públicas", para que escuchar
institucionalmente su opinión y que ésta sea tenida en cuenta al momento
de planificar acciones y tomar decisiones.
En ese sentido, mencionó a modo de
ejemplo lo que ocurre con Aguas Santafesinas SA (Assa) y el Ente
Regulador de Servicios Sanitarios (Enress).
"El ente funciona y hay audiencias
públicas periódicas frente al pedido de aumento tarifario. Si bien las
audiencias públicas no tienen un carácter vinculante, no son meras
formalidades y lo debatido en ese contexto es tenido en cuenta, tanto
por el Enress como por el ministerio", aseveró Ciancio.
Planteo. La regulación
de la EPE es un reclamo histórico del socialismo al Partido
Justicialista (PJ), que se hizo sentir durante sucesivos gobiernos
provinciales.
"Asumimos la parte que nos corresponde.
Hace casi cinco años que gobernamos la provincia y lo primero que
hicimos fue poner a la EPE en el camino de las inversiones. Ahora el
gobierno tiene la decisión política de avanzar hacia la regulación del
funcionamiento de la compañía", sostuvo el funcionario.
Tras advertir que la última palabra la
tendrá "la Legislatura, que definirá el texto final", Ciancio planteó
que la intención de la Casa Gris es que la norma esté sancionada "antes
de que termine la actual gestión" socialista.
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