Jorge Castro, actor civil de la única causa penal que investiga a los responsables del desborde del río Salado del 29 de abril del 2003, explicó los avances y las trabas que marcaron el expediente judicial.
El expediente, que tuvo serias trabas procesales que dilataron su etapa de instrucción.
Por este nuevo aniversario de la tragedia hídrica evitable más grave que sufrió la ciudad, Diario UNO dialogó con el integrante de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, Jorge Castro, quien junto a su esposa Milagros Demiryi y cuatro de sus hijos son actores en la única causa penal que tiene como imputados a tres ex funcionarios públicos: Marcelo Álvarez, ex intendente de la ciudad; Edgardo Berli, ex ministro de Obras Públicas; y Ricardo Fratti, ex director de Hidraúlica de la provincia.
El expediente, que tuvo serias trabas procesales que dilataron su etapa de instrucción, en la que intervinieron dos jueces penales de primera instancia: Diego de la Torre y Jorge Patrizi, hoy está radicado en el juzgado de primer instancia de distrito en lo penal de sentencia de la sexta nominación, a cargo del juez Dardo Roscini. A fines del año pasado, se abrió la etapa de presentación de pruebas y en su análisis está trabajando actualmente el magistrado. “En esta etapa, ninguna de las pruebas que presentamos fue rechazada. Ésa es una diferencia sustancial con la primera etapa de la causa. Y abre la posibilidad de corregir lo que se realizó mal en primera instancia y llamar a declarar a quienes nosotros responsabilizamos, principalmente a Reutemann, Obeid. Eso implicaría corregir la situación, pero sería tardío. Todo el proceso indagatorio se hizo sin esas pruebas”, explicó Castro.
Corregir los errores
Las pruebas a la que se refiere el actor civil es una batería de archivos que incluyen videos, declaraciones en radios y diarios de la época. “Es por eso, que para esta etapa –continuó–, hicimos hincapié en documentos que muestran la responsabilidad de quienes tenían los cargos políticos más altos. Respecto de las tres personas que ya están acusadas, fue casi innecesario presentar más pruebas, porque sobre ellos, ya los jueces de primera instancia consideran que hay una presunción suficiente para responsabilizarlos”.
En este sentido, Castro hace referencia a la reunión que se realizó el 29 de abril del 2003, cuando Ricardo Fratti desplegó frente al gobernador Reutemann, el intendente Álvarez y los gabinetes de ambos un plano de la ciudad de Santa Fe con la zona que se iba a inundar.
“En esa reunión estuvieron todos. A algunos ya los sobreseyeron, pero lo hicieron en base a las pruebas del período instructivo, no en base a estas nuevas pruebas. Asimismo, tiene que ser llamado a declarar todo el equipo de colaboradores de Fratti, porque él no hizo el mapa solo”, agregó Castro, y consideró que el período instructivo de la causa fue hecha bajo muchísima presión política.
“Cuando instruía la causa De La Torre como fiscal estaba Ricardo Favaretto. Él nunca presentó una prueba, es como que no estuviera trabajando. Eso te demuestra la incidencia del poder, del mismo Estado y del gobierno sobre la Justicia”. A mediados de 2006, Favaretto fue ascendido a juez correccional por el ex gobernador Jorge Obeid.
Para Castro, otro hito que marca la “decisión política” de evitar encontrar a los responsables es que nunca se formaron las comisiones de investigación en la Legislatura provincial: “Éste es entonces el marco político que está cercando al poder judicial”.
—¿Cuánto tiempo estiman que podría durar esta instancia de análisis de pruebas?
—Nosotros calculamos que el juez se va a tomar –para estudiar bien toda la causa– más o menos 90 días. Hace un mes atrás, aceptó como presentador de pruebas a mis hijos, que era la última acción que faltaba. Nosotros queremos litigar por ellos también.
—¿Por qué solicitaron esta medida?
— Porque de lo contrario, si nos llega a pasar algo a Milagros y a mí, la causa se cae, se termina. En cambio, al litigar por ellos también, ante cualquier eventualidad ellos podrían continuar con la acción penal.
A modo de protección
—¿Cómo ven el avance de la causa en comparación con otros años?
—Hace más de 11 años que estamos luchando para que los responsables sean juzgados y condenados. Ahora, contamos con un recurso que puede ser muy importante. Y es que ya se cumplieron los ocho años que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que deben pasar para que el caso sea presentado a nivel internacional. Este elemento es establecido a modo de protección. Se considera que luego de ocho años de que se inicia una causa, si no hay una condena, hay negación de justicia. Entonces, ésta podría ser una alternativa a futuro para nosotros si vemos que el caso no avanza.
“Por supuesto que nosotros preferiríamos una condena local. Es lo que corresponde. No hay una justicia más significativa que la dictada por un juez o tribunal del propio lugar donde se sucedieron los hechos. Pero a veces no siempre se logra.
Investigados
Los tres imputados que tiene hoy la causa son: Edgardo Berli, quien estuvo en la zona del hipódromo de Las Flores el domingo 27 de abril de 2003 –el día de las elecciones que ganó el presidente Néstor Kirchner–cuando el río Salado amenazaba a la ciudad de Santa Fe; Ricardo Fratti, el ex director de Hidráulica, que fue el único despedido del gobierno unos días después de la catástrofe y el ex intendente Marcelo Álvarez, quien el fatídico martes 29 de abril dijo por radio que “los vecinos de los barrios Centenario, Villa del Centenario, Chalet y El Arenal se quedaran tranquilos”, porque no se iban a inundar.
Horas más tarde, el agua tapó las casas.
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