La presencia nuevamente de funcionarios políticos del Ministerio de seguridad sera motivo para que un estudio jurídico platee ante la justicia federal la contaminación procesal de los procedimientos llevados a cabo estos dias en Rafala y San Cristóbal.
Apunta directamente al ministro Maximiliano Pillaro que como ocurrió en la anterior gestión con Diego Poretti se inmiscuyo indebidamente en el accionar de la policía provincial que actuaba bajo órdenes directas del Juez Federal de esa ciudad y por lo tanto relevadas de las del Ministerio que tampoco debería darlas sino a través del Jefe de Policía a tenor del Decreto firmado por el propio gobernador Lifchsftz. .
Según el diario local La Opinión: “Desde un estudio jurídico con sede en la capital provincial se hizo conocer a este Diario, que "un grupo de profesionales del Derecho estaría por solicitar la nulidad de una importante cantidad de causas federales".
Según ese medio: “la manifiesta intromisión de funcionarios políticos y civiles en allanamientos policiales por drogas recientemente llevados a cabo en nuestra ciudad y otras poblaciones de la región” sería para los letrados motivo suficiente para un planteo de nulidad con el riesgo de caerse la causa.
Una muestra mas de la ineptitud y el innecesario protagonismo de Pillaro y su equipo que sobreactúan en casos sensibles incluso violando normas básicas.
Edición 24
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