Investigación. La condujo el fiscal del MPA, Rubén Martínez. Gentileza/Sin Mordaza
El administrador genera de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Omar Saab, pidió este miércoles que se cesantee a dos funcionarios de la zonal Reconquista, por estar involucrados en un grave caso de desvío de fondos públicos. La solicitud de Saab, a la que tuvo acceso Diario UNO, fue remitida al gobernador Antonio Bonfatti.
El pedido fue formulado tras la requisitoria de acusación realizada por el fiscal Rubén Martínez, en el marco de la investigación por diversos delitos en perjuicio de la DPV Zona 1 Reconquista. El texto fue presentado ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Gonzalo Basualdo, en el que también pidió la apertura del procedimiento intermedio, es decir, la etapa previa al juicio oral y público.
Los imputados son cinco. Dos son funcionarios públicos provinciales, sobre los cuales ahora además pesa el pedido de cesantía: el jefe de la Oficina de Combustible y Lubricantes de la DPV Zona 1 Reconquista, Delfino Andrés Scarel, de 63 años, y el jefe de la Zona 1 Reconquista de la DPV, Osvaldo Sánchez, de 56 años. También está imputado el delegado gremial A.J.D.M., de 58 años. Por su parte, el fiscal imputó a dos empleados de la estación de servicio Esso El Cruce, cuyas iniciales son N.I.R., de 36 años, y H.G.N., de 49.
Los delitos por los que se imputó a Scarel fueron coautoría de fraude a la administración pública; falsificación de documento; falsificación ideológica de documento, y uso de documento falso o adulterado, todo en concurso real. Sánchez, en tanto, fue imputado como coautor de los delitos de fraude a la administración pública; uso de documento falso o adulterado, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todo en concurso real. El delegado gremial fue imputado por encubrimiento de los delitos de Scarel y Sánchez. También por haber coaccionado al padre del empleado que hizo la denuncia, ambos delitos en concurso real. Por su parte, a los empleados de la estación de servicio se les atribuyeron los delitos de falsificación de documento y encubrimiento.
El fiscal Martínez detalló que las penas solicitadas son de siete y ocho años de prisión efectivo para Scarel y Sánchez, respectivamente. Además, pidió inhabilitación para ejercer empleo público para ambos. Para los otros tres imputados, las penas son de tres años y, por lo tanto, de ejecución condicional.
La investigación del caso fue iniciada por Martínez por una denuncia del 6 de abril por Javier Ruiz Díaz –también empleado de DVP– en la Unidad Fiscal Reconquista. “Se usaron fondos públicos para pagar combustibles que nunca llegaba a los campamentos de Vialidad. Se le daba otro destino, pero el pago se hacía con partidas asignadas a Vialidad”, detalló el fiscal.
“Tenemos diferentes pruebas que acreditan de manera certera la autoría, modalidad de actuación y daño ocasionado”, indicó Martínez.
El fiscal del MPA también señaló que “ante el conocimiento de que su maniobra había sido descubierta, uno de los acusados compró 1.300 litros de gasoil (la misma cantidad que la indicada en tres vales adulterados en marzo de este año) con dinero propio y lo envió a los campamentos sin que estos lo hubieran siquiera requerido. Pero además –siguió Martínez–, la misma persona, por el cargo que tenía en Vialidad, era quien realizaba los concursos de precios para la compra de combustible y desde el 2006 ganó siempre la misma empresa. En tanto, el otro funcionario público acusado, era quien autorizaba los pagos de las facturas por consumo de combustibles y firmaba los cheques. Eran maniobras coordinadas destinadas a lograr un mismo objetivo, fraude al Estado”, concluyó el fiscal.
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