El diputado nacional Marcos Cleri le enviará una carta al Colegio de Abogados de Rosario en el que le solicitará, entre otros puntos, la opinión de la entidad con respecto a la "tasa de contraste e inspección de medidores", una alícuota que el municipio estaría percibiendo de lo recaudado por el pago de las boletas de Litoral Gas.
La Capital |
El legislador pretende conocer de mano de los especialistas, los sistemas financieros concebidos por la entidad estatal para la percepción y aplicación de ese tipo de gravámenes y el resultado de su ejecución en los últimos cinco ejercicios fiscales.
La inquietud no es menor ya que, según la documentación con la que cuenta el diputado, la Municipalidad de Rosario cobra un gravamen del 10,6 por ciento sobre la facturación del gas en todas las boletas, constituyéndose Litoral Gas en un agente de retención del municipio.
Según destacó, ese porcentaje está compuesto por una "contribución por ampliación y renovación de redes" a cargo del consumidor de gas por redes dentro del municipio, y que es del 10 por ciento sobre el importe facturado (creada por la ordenanza 5295/91 y modificada por la ordenanza 7805/04).
De ese 10 por ciento, el 70 por ciento se gira a un fondo de "ampliación y/o renovación de redes de gas en el municipio", a cuyas efectos se suscribirían con Litoral Gas S.A. los convenios pertinentes.
Luego, con la ordenanza 7805/04, el porcentaje bajó del 70 por ciento al 10 por ciento, con lo cual, a entender del legislador, "le quedó grande el destino que le dio el nombre al fondo".
El restante 0,6 por ciento corresponde a la "tasa de contraste e inspección de medidores", creada por el Código Tributario Municipal (CTM), cuyo fin es la "retribución de servicios técnicos de contraste, contralor e inspección de medidores de energía eléctrica y de gas" (art. 114 CTM).
El legislador le solicitará también a la entidad colegiada los antecedentes normativos y jurisprudenciales, la definición y alcance de la "contribución por ampliación y renovación de redes".
En la misiva a la que tuvo acceso este diario se destaca que la solicitud de opinión de la entidad es "a fin de lograr la adecuada comprensión de una serie compleja de actos públicos ejecutados por la autoridad municipal, cuyo entendimiento no escapa a la órbita de los profesionales del derecho".
La opinión de los letrados será de vital importancia.
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