Diputados concluyó un trámite parlamentario que incluyó un veto con texto alternativo del Poder Ejecutivo. El justicialismo insistió en reclamar que se suspenda el último incremento en el peaje.
Con la votación unánime de la Cámara de Diputados se completó el trámite parlamentario de creación en el ámbito legislativo de una Comisión Bicameral de Seguimiento de la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario que la conformarán cuatro diputados y cuatro senadores ante los cuales todos los organismos del Poder Ejecutivo deberán facilitarle la información requerida.
La Comisión de Seguimiento es el fruto de la disputa entre ambos poderes sobre uno de los principales corredores viales que tiene la provincia y la única autopista bajo jurisdicción del Estado santafesino. La mayoría justicialista de ambas cámaras sancionó en septiembre del año pasado una ley creando una Comisión Bicameral de control de la concesión, iniciativa vetada por el Poder Ejecutivo que propuso transformarla en de Seguimiento por entender que la primera figura “colisiona con principios esenciales del régimen constitucional vigente”. Con el asesoramiento del fiscal de Estado, el decreto de veto señala que “la asignación generalizada e indeterminada de competencias de naturaleza administrativa a un órgano integrado exclusivamente por legisladores y fuera de la organización administrativa provincial cuya cabeza es el Poder Ejecutivo, en el caso relacionadas al desenvolvimiento, desarrollo y control de un servicio público, aparece violentando el esquema constitucional de distribución de competencias” .
En la misma sesión y con el voto de las bancadas justicialistas, la Cámara solicitó al Poder Ejecutivo que “suspenda el aumento de tarifas del peaje” en la autopista dispuesto el 29 de abril último “hasta tanto se realice la auditoría sobre administración de la actual concesionaria”. El objetivo es que se convoque a la Comisión de Seguimiento para conocer, entre otros aspectos, la cantidad de vehículos pasantes por cabina discriminando entre livianos y pesados, recaudación mensual de la empresa desde el inicio de la concesión a la fecha; montos invertidos en obras, plan de obras futuro y si las obras a realizar serán contratadas mediante licitación o contratación directa.
Argumentos
Tras la votación, fue Mario Lacava (Santa Fe en Movimiento) quien calificó como “problema serio” el suscitado con la concesión del corredor pese a que desde el 2007, los aumentos de peaje autorizados fueron del 455% contra una inflación medida por el Ipec del 151%. Ya en el ámbito del contrato de Arssa (a partir de 2010) los aumentos autorizados fueron del 185% en el costo del paso. “Estamos muy lejos de la autopista prometida por el ministro Ciancio cuando se firmó el nuevo contrato” señaló.
Después afirmó que “nada de lo prometido por la concesionaria se ha cumplido” y justificó la necesidad de la auditoría previa para definir qué tipo de aumento se autoriza. Recordó que la tarifa tiene dos componentes: uno para el concesionario y el otro para el fondo de obra y el último incremento fue únicamente para este segundo ítem mientras que la concesionaria exige también actualizar lo que le corresponde. El otro interrogante planteado por Lacava es quién hará las obras próximas ya que es obligación licitarlas según el contrato vigente.
Desde el oficialismo, el radical Darío Boscarol aclaró el apoyo al nuevo texto sobre el control, no así con la suspensión del último aumento.
El dato
Designaciones
Diputados designó para integrar la Bicameral sobre la autopista a Lacava, Alejandra Vucasovich (Peronismo Federal), Silvia de Césaris (Producción y Trabajo) y el radical Boscarol. Ahora resta que el Senado designe a sus cuatro representantes. También fueron designados por justicialistas Gerardo Rico (Movimiento Evita) y Leandro Busatto (kirchnerista) para el seguimiento de la pensión a presos políticos y al radical Santiago Mascheroni para la Comisión sobre la Defensoría General del nuevo sistema penal.
Visitadores médicos
La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma de un artículo de la Ley 9.597 que regula la actividad de los agentes de propaganda médica donde coloca como requisitos para ejercer la profesión, una residencia mínima de al menos dos años en la provincia o bien el mismo lapso dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de inscripción.
Silvia De Césaris (Producción y Trabajo) afirmó que la modificación “tiende a establecer un marco general para el ejercicio de la actividad que imponga igualdad de condiciones con las vecinas provincias que ya cuentan con ese requisito de residencia”.
La legisladora señaló que “mientras los agentes santafesinos no pueden ejercer la actividad en otras provincias, los agentes de otras provincias sí pueden hacerlo en la nuestra ya que no contamos con la protección legal correspondiente”.
La aprobación de Diputados fue saludada en forma inmediata por la CGT Santa Fe. Alberto Cejas, titular de la central obrera explicó que “nuestros visitadores médicos no pueden ejercer en Entre Ríos, por ejemplo, porque tienen esta protección legal que a nosotros nos estaba faltando, pero ellos sí podían hacerlo acá, lo que nos pone en franca inferioridad de condiciones”.
También la Cámara -sin el voto de los diputados socialistas- avaló un proyecto de ley del radical Víctor Dadomo por el cual amplía al grupo familiar directo de bomberos voluntarios el derecho de afiliación a Iapos cuando éstos no cuenten con otra cobertura social.
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