STA FE: "Había hospitales en los que las mujeres eran raspadas sin anestesia"

La especialista brindó un panorama sobre cómo dentro de los sistemas públicos de atención de la salud las mujeres son víctimas de violencia. Apuntó al Estado como el responsable de la ausencia de políticas que borren la desigualdad.

Visita destacada. La ginecóloga Diana Galimberti es una referente nacional en violencia de género en el sistema de salud. Vino a Santa Fe para tomar examen a 12 residentes de la Facultad de Medicina de la UNL.

Cada vez que los medios masivos de comunicación abordan la temática de la violencia de género es para actualizar las cifras de feminicidios a nivel provincial o nacional, para contar historias ultrajantes, tristes y lamentablemente reiteradas. Y si no, ocasionalmente brindan detalles del peor desenlace del vínculo sentimental de alguna celebridad.

Pero el problema de la violencia contra las mujeres trasciende las relaciones personales y también se puede insertar en las prácticas médicas. ¿Cómo se ejerce la violencia de género hacia las mujeres en el sistema público de atención de la salud? La doctora tocoginecóloga Diana Galimberti que cosechó una amplia experiencia en la temática dentro del ámbito público, visitó la ciudad de Santa Fe como miembro del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. En una charla con El Litoral brindó detalles sobre cómo las mujeres son discriminadas y asisten al atropello de sus derechos en los hospitales o, directamente no acceden a los programas de atención.

La especialista comenzó a trabajar sobre la violencia de género en la década del ‘80 y desde entonces es una referente en la temática. Incluso asesoró en temas de salud y violencia al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y mientras fue consultora del Ministerio de Salud de la Nación. También se desempeñó como jefa del área de Obstetricia del hospital Dr. Teodoro Álvarez y actualmente coordina en la ciudad de Buenos Aires el programa de Violencia Sexual.

—¿Cómo se evidencia la violencia contra las mujeres dentro de los sistemas de salud?

— Cuando se trabaja en violencia de género en los sistemas de salud se apunta a darle una salida terapéutica a la mujer, al caso, pero es fundamental también pensar en la que se ejerce durante la atención. Los ejemplos son críticos, como por ejemplo el tratamiento que se les brindaba cuando llegaban a los servicios con complicaciones por abortos inducidos. Uno de los temas que trabajé es justamente cómo mejorar la calidad de atención en el proceso post-aborto, como un Derecho Humano. Cuando escribí el primer documento sobre atención respetuosa post-aborto yo era consultora de la Nación, ahí pude ver cómo había hospitales en los que las mujeres eran raspadas sin anestesia cuando concurrían por dificultades después de un aborto o no se iban a hacer atender por temor a la denuncia.

— ¿También trabajó en el concepto del parto respetado?

— Sí. Que se impongan modelos para parir también es violencia. En el Hospital Álvarez fui jefa de Obstetricia y era común la medicalización en el parto, una norma, porque era lo que la facultad de medicina y los libros trasmitían, un modelo impuesto. Después hubo una revisión y se vio que la mujer podía caminar, tomar líquido y pujar en cuclillas, fue un movimiento de libertad para parir apoyado en bibliografía médica basada en evidencia. A partir de allí se redactó y participé en la redacción de la ley de acompañamiento del parto en la ciudad y la ley nacional.

— En ese sentido, cuesta comprender cómo es que los mismos profesionales toman esas actitudes para con las pacientes. ¿Tiene que ver con prejuicios de género?

— Claro. Hay casos en los que atienden tarde y mal, incluso en servicios muy bien normatizados. Yo pude conocer casos de médicos que les decían a las mujeres que si no les confesaban que se habían hecho un aborto no les podían hacer el tratamiento y que se iban a morir. Y efectivamente eso ocurría a modo de castigo. Hacen de jueces de la que se hizo el aborto. Personalmente, me preocupa mucho saber qué es lo que pasó con la comunidad médica que no levantó la voz para preguntarse qué le estábamos haciendo a esas mujeres. También es muy clara la diferencia en la terapéutica que se le aplica a una mujer y a un varón: a ningún medico se le ocurriría hacer una practica mínima sobre el pene o en testículo sin anestesia, mientras que a la mujer, “total que aprenda”.

— Entonces, la violencia en los sistemas de salud públicos es un problema vertical, desde las autoridades de los nosocomios hasta el personal.

— El problema más serio se plantea en el momento del control. Desde los directores de los hospitales, hasta los jefes de los servicios. Es necesario que tengan en claro con quiénes trabajan y con quiénes quieren trabajar. En la ciudad de Buenos Aires, jamás aparece alguien a monitorear qué pasa con las prácticas incluso con aspectos que están normados.

— Así llegamos al nivel más alto de responsabilidad, control y ejecución que es el Estado. ¿Cuáles son los desafíos en ese sentido?

— Los índices actuales de mortalidad materna sirven para ver cómo viene la cosa en ese sentido. Si se comparan con los de Chile es evidente que acá no pasó nada. En nuestro país, actualmente ocurren 46 muertes por cada 100.000 nacimientos, que eran las cifras que se daban en Chile hace muchos años. Si se ven los números del norte de Argentina, ascienden a 120 muertes cada 100.000 nacimientos. Hoy, en Chile, tienen 18 fallecimientos de mujeres por cada 100.000 nacidos, esa baja quiere decir que hubo políticas para atacar el tema, lo que no pasa acá.

— ¿Qué pasa en el interior del país?

— Hay provincias argentinas que construyen hospitales fantásticos pero no logran bajar la mortalidad materna, cuando el 98% de los partos ocurren en instituciones públicas. Entonces lo que hay que hacer es salir a buscar a las mujeres para que no lleguen a morir en los hospitales y no estoy hablando de facilitar el aborto. Me pregunto qué pasa con los programas de salud que tienen millones asignados y los anticonceptivos se vencen dentro de los hospitales. Es importante lograr un programa de salud pública que perdure y en el que la política no se meta.

Un examen que viene de Estados Unidos

La doctora en tocoginecología Diana Galimberti llegó a Santa Fe como representante del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología para evaluar a 12 médicos residentes locales en la especialidad.

Los estudiantes avanzados participan de una prueba y posterior capacitación que realiza el organismo médico a fin de acreditar sus conocimientos a nivel internacional.

El examen consta de 360 preguntas que son enviadas desde el colegio con sede en Estados Unidos, que luego de la prueba son enviadas para la evaluación. El resultado es remitido de manera personalizada a cada estudiante con la bibliografía recomendada para reforzar los temas de las preguntas que se respondieron de manera incorrecta o incompleta.

“Vale destacar que no hay sanción en caso de que el examen no resulte del todo satisfactorio porque se realiza a modo de capacitación y en todos los niveles, porque si hay una pregunta que todos respondieron mal se le envía material al jefe de la residencia para reforzar”, indicó Galimberti.

Es la primera vez que en Santa Fe se lleva a cabo la prueba y fue posible realizarla en el hospital Iturraspe de la ciudad, debido a la cantidad de residentes inscriptos para participar. De lo contrario, se toma en Capital Federal.

“La experiencia es muy enriquecedora ya que permite la comparación a nivel mundial y un crecimiento desde lo profesional”, señaló el doctor Samuel Seiref, decano de la Facultad de Ciencias Médicas y encargado del área de Ginecología del Hospital Iturraspe. El especialista, que también es miembro del organismo examinador, además destacó “el nivel de compromiso de los residentes que se presentan a rendir”.

La experiencia es muy enriquecedora, ya que permite la comparación a nivel mundial y un crecimiento desde lo profesional”.

Dr. Samuel Seiref

Decano de la Facultad de Ciencias Médicas