El criminólogo Enrique Font destacó el diálogo político en Rosario, pero planteó reparos a la creación del área de delitos complejos municipal anunciada ayer por la intendenta Fein.
La Capital |
Luego de una intensa reunión entr concejales de los distintos bloques y la intendenta Mónica Fein, se anunció la creación de un área local para relevar economías del delito y poder facilitar la denuncia y el posterior seguimiento de temas vinculados al narcotráfico y a los delitos complejos, además de pedir reuniones con el gobernador Antonio Bonfatti; el jefe de Gabinete nacional, Juan Manuel Abal Medina; la presidenta de la Suprema Corte provincial, María Angélica Gastaldi, y su par de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Elida Vidal.
"Veo buena disposición en los dirigentes políticos de los diferentes espacios políticos que se reunieron en el Concejo", evaluó esta tarde al respecto el criminólogo y docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Enrique Font.
El especialista —ex secretario de Seguridad Comunitaria provincial— destacó la preocupación de los representantes rosarinos por el delito complejo, pero advirtió que no ve "gente especializada" que se esté encargando de esto, "con lo cual me preocupa generar otra capa burocrática".
"El problema con la criminalidad compleja no es tanto la producción de denuncias sino la producción de información", dijo Font para quien "avanzar sobre criminalidad compleja implica a partir de los eslabones más visibles de la comercialización de drogas, de venta de autopartes de circulación ilegal de armas o municiones".
"Es llevar adelante investigaciones que tiene complejidad para llegar a los eslabones claves de cada una de estas economías delictivas. La alternativa es que esta área la tiene que desarrollar el gobierno provincial por un lado, hace rato que lo vengo planteado que esa área no puede seguir cargando en planillas de excel estadísticas no chequeadas de la policía. Eso no es análisis criminal", agregó.
Reclamó por ello a la provincia articular acciones tanto con el procurador provincial Jorge Barraguirre como con su par nacional, Alejandra Gils Carbó: "Ese es un rol que tiene que tomar la provincia con información de los territorios y la municipalidad lo que hoy podría aportar es básicamente son intervenciones de prevención social del delito. Eso es lo que está al alcance de un municipio".
"El tema no es la denuncia sino la produccion de inteligencia criminal", señaló el criminólogo. Pero para ello pidió "tener un permiso judicial", porque sostiene que "no se puede hacer inteligencia criminal sin escuchas, sin control de cuentas bancarias sin seguir la ruta del dinero".
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