STA FE: “No queremos jugar con fuego; complicidad con nadie”

El Secretario de Seguridad de Santa Fe, Matías Drivet instó a ser respetuoso de los tiempos administrativos internos y de la Justicia a la hora de hacer nombres propios. La política de nuestro ministerio es la misma: mucho respeto sobre las decisiones judiciales, colaboración al máximo con las investigaciones en marcha y respeto institucional porque creemos en la división de poderes. El anónimo que menciona a Sola y la marcha de la investigación de Asuntos Internos.

Matías Drivet fue uno de los principales asesores de Raúl Lamberto en sus nueve años en la Cámara de Diputados y lo es en sus primeros cuatro meses en el Ministerio de Seguridad, donde el pasado martes pasó a ser el viceministro. Socialista, profesor universitario de Derecho Penal y con apenas 33 años, se muestra optimista con respecto a la estructura de la cartera para dotar al poder político de capacidad de respuesta ante una de los principales demandas de la sociedad: la seguridad.

—Fue una semana difícil para el gobierno, tras la renuncia de Hugo Tognoli como jefe de Policía y la presentación del nuevo equipo de Lamberto en el ministerio. ¿Este armado es un intento del poder político de adquirir mayor control sobre la policía?

—Del caso Tognoli tiene que hablar la Justicia. La política de nuestro ministerio es la misma: mucho respeto sobre las decisiones judiciales, colaboración al máximo con las investigaciones en marcha y respeto institucional porque creemos en la división de poderes. Obviamente, las repercusiones del hecho son de otra naturaleza, en primer lugar políticas y no tenemos dudas que actuamos correctamente al reaccionar dentro de esas circunstancias de acuerdo con las mejores alternativas y utilizando las herramientas que están en el sistema institucional santafesino. Las repercusiones de otro tipo tienen que ver con responsabilidades administrativas y con las ideas que trabajamos desde el inicio de gestión sobre qué Ministerio de Seguridad queremos tener para una fuerza de 18.500 hombres, una población de 3.200.000 santafesinos y una provincia extensa. Estamos yendo a una idea de ministerio donde creemos que uno de los criterios es tener control político. La clave de esta cuestión es que tiene que haber una fuerza que responda a los mandos políticos y se corresponda con los objetivos que se fijen políticamente.

—¿Hoy la policía responde a los mandos políticos?

—Obviamente que existen tensiones; es parte de la disputa cotidiana con una fuerza de seguridad, con una estructura que tiene décadas de funcionamiento, con una policía que tiene 140 años. No habría Ministerio de Seguridad si la cosa funcionara sola. Evidentemente, hay tensiones.

—Hubo declaraciones del ministro Lamberto que generaron muchas repercusiones respecto de que buscaban recuperar el control de la policía. Si se necesita recuperar es porque se perdió. ¿Fue un sincericidio?

—Acompañé al ministro en la reunión con los legisladores provinciales, escuché sus declaraciones tras la reunión y el ministro no dijo nunca textualmente esa frase. Ésa fue una frase de un legislador justicialista que salió a hacer declaraciones antes de que terminara la reunión, y esas declaraciones fueron una lectura de lo que estaba sucediendo. Lo que dijo el ministro fue con relación a la explicación de por qué se decidió nombrar a Sola como jefe. Fue en ese contexto, hablando sobre la situación del viernes 19, a las 7 de la mañana luego de la tapa de Página 12 y en virtud de lo cual, había que rápidamente designar a alguien que fuera capaz de conducir la fuerza. Teníamos una fuerza con un jefe sospechado, que había presentado su renuncia. Es una fuerza absolutamente vertical y jerárquica donde es necesario rápidamente dar un mensaje. No hay márgenes de maniobra; la policía trabaja las 24 horas los 365 días del año.

—El justicialismo cuestiona la designación de Sola. ¿Por qué se lo designa si era parte de la misma conducción que Tognoli?

—Que era investigado es un hecho público para todo aquel que quiera saberlo. En la Secretaría de Control no hemos ocultado jamás información. Pongamos esa cuestión en su justa dimensión: se trata de una investigación originada en un escrito anónimo, sin ningún tipo de probanza incorporada. Nosotros, porque no tenemos necesidad alguna de cubrir a nadie, no tenemos cola de paja, ni tenemos complicidad con nadie; acusaciones formalizadas con nombre y apellido, disponemos que se investigan. Cuando hay un delito, interviene la Justicia. Muy tonto sería el poder administrador si niega u oculta una investigación; es pan para hoy y hambre para mañana. Entiendo que la decisión de nombrar a Sola como jefe puede tener cuestionamientos porque puede haber opiniones al respecto. Cuando suceden los hechos por los cuales se lo acusa a Tognoli -son de 2009-, Sola no tenía nada que ver ni con la conducción ni con Drogas Peligrosas. Se lo nombra subjefe de provincia al inicio de la actual gestión, luego asume en Drogas durante cuatro meses y nos venía señalando que había cosas incompatibles en su función. Eso no tuvo repercusiones negativas en términos de rendimiento de la labor. Había una división de tareas muy clara entre jefe y subjefe. Lo de Tognoli fue una sorpresa general; nadie nos pidió la renuncia de Tognoli el día antes por estos hechos.

—¿No tenían sospechas sobre Tognoli?

—No, aquello fue un anónimo que llegó al despacho del fiscal Camporini como llegan a muchos despachos. El fiscal se lo da a una subordinada, ésta lo presenta ante la Justicia y el juez no ordena una instrucción, sino que lo manda a Asuntos Internos para que se haga una investigación preliminar en el marco de la ley 12.238. Estamos en esta etapa. La resolución interna es la número 3 de marzo de este año. Si bien llegan 12 mil millones de comentarios y anónimos al ministerio, la que llegó a la Secretaría de Control con carta cerrada, con nota abierta, fue en marzo. La resolución alcanza a unos diez oficiales. Tenemos unas 50 denuncias en trámite de investigación patrimonial de policías de distinta jerarquía e incluso retirados. Ocho o nueve fueron judicializadas desde 2009 en adelante. La ley 12.238 establece que la investigación tiene que durar 60 días y dice que cuando se entrega el requerimiento puede ser de entre 30 y 90 días y a su pedido una prórroga de 30 días. En esa lógica, tenemos enviados a la Justicia dos requerimientos de instrucción positiva de dos funcionarios en actividad y es la primera vez que ocurre en la provincia de Santa Fe.

—En el caso de Sola, ¿hay avances en la investigación?

—Está recién comenzada, se piden legajos de los funcionarios, hay que investigar hasta el cuarto grado de consanguinidad. El comisario Sola tiene hermanos de reconocida actividad profesional en la ciudad de Santa Fe. Es una investigación compleja que demora un año y medio o dos.

—¿Hay demoras en los jefes policiales en presentar declaraciones juradas?

—La obligación de presentar declaraciones juradas proviene de la ley 12.521. En marzo, el ex ministro Corti instruyó por circular a Tognoli que pidiera las declaraciones juradas olvidadas en el final del año anterior. La semana previa a la salida, le pedimos a Tognoli que preparara un cronograma de recepción de las declaraciones juradas para todos los funcionarios policiales, los 18.500 hombres. Preparó la circular pero no la pudo firmar y fue uno de las primeras actas que firmó Sola. Estaba preparada, consultó y se le dio la orden de que la hiciera cumplir. Se le recuerda la obligación y se le informa la fecha de acuerdo a la graduación. No es que no se estaban cumpliendo.

—¿Por qué creen que se da esto con Tognoli que tenía una foja de servicio casi perfecta, que incrementó las incautaciones de drogas mientras fue jefe de esa repartición?

—En la pregunta está parte de lo que todos estábamos convencidos: la mirada era de un funcionario policial honesto, trabajador, que se podían medir los resultados. Tognoli tenía esa foja de servicio; tenía también muchos años de escritorio en el D5 por lo tanto al estar fuera del contacto con la realidad, tenía menos posibilidades de tener sanciones. Por qué se da... Yo voy a esperar para hacer cualquier tipo de manifestaciones porque no me incumbe. Tengo mi mirada y mis valoraciones. Puedo opinar por mi anterior tarea de abogado penalista y hablar sobre la causa, pero sería muy imprudente y creo que no corresponde. Faltan pocos días para que se cumpla el plazo en el que el juez debe resolver la situación procesal del imputado. Seamos prudentes. Se están produciendo muchas pruebas. Nosotros hemos colaborado y hemos entregado en menos de 24 horas informes que solicitó la fiscal. Prefiero no hacer valoraciones políticas. Lo que hay son hechos de la realidad: cómo la noticia se hizo conocida, cómo la noticia y la repercusión mediática trató el caso en relación con las pruebas que había, cómo se filtró la información de la causa con un sector de la prensa son todos datos de la realidad. Que hable la realidad; prefiero no hacerlo yo.

—Cuando insisten en sostener que no sabían nada ¿no hay una autocrítica para hacer desde el gobierno?¿No hay algún vínculo que ha fallado con la Nación? ¿No hay información a la que deberían acceder y no la tienen?

—Sin lugar a dudas. Tenemos la tranquilidad de haberlo solicitado expresamente. El ministro Corti fue una vez; el ministro Lamberto fue un par de veces. Me consta personalmente que a un colaborador de la ministra (Nilda Garré) le preguntamos sobre si había algún jefe vinculado al narcotráfico y no hubo respuesta. Creer de verdad que uno pudiera saber estas cosas o siquiera sospecharlas y no hacer nada es pensar que uno es un perverso. Cómo vamos a dejar a tres millones de santafesinos a cargo de un tipo que sospechamos que está vinculado con el narcotráfico. Si alguien piensa eso, creo que tiene perversidad.

—Para asegurarse que no pase eso, ¿qué tipo de inteligencia tienen sobre la fuerza o qué poder político tienen sobre ella?

—Lo que tenemos es absoluta consistencia y coherencia de que cualquier manifestación sobre estas cosas son puestas en conocimiento de la autoridad que tiene que investigar. Todas. Ninguna ha quedado fuera de las autoridades porque uno no puede hacerse cargo de todo. La Policía de la provincia es colaboradora del Poder Judicial; los delitos los investiga la Justicia. La policía es el brazo ejecutor.

—En ese marco, ¿no se puede interpretar que desoyeron lo que venía diciendo desde hace tiempo Norma Castaño y otros referentes?

—Norma Castaño hizo presentaciones judiciales, entonces, que hable la Justicia sobre eso. Yo soy respetuoso; ella empezó a hacer denuncias en el 2003. Del 2003 en adelante, hizo denuncias. Si desde 2003 viene haciendo denuncias y no hay investigaciones que se concreten, eso también es un mensaje; es un dato de la realidad, no es una opinión. Norma Castaño empezó a hacer las denuncias en aquel tiempo. Habría que investigar por qué desde 2003 a 2007 no le dieron nunca la personería jurídica para su institución. Se la dieron en 2007. Ella está asistida por el Ministerio de Desarrollo Social, se le alquiló otra casa porque estaba amenazada. Le ofrecimos protección desde el Ministerio de Seguridad a partir de las denuncias, actualmente. Nosotros con fuego no jugamos. No queremos jugar con fuego. Nosotros, complicidad con nadie. Del primero al último policía, el mismo tratamiento. Con todas las herramientas de las leyes de la provincia, con el derecho de defensa, con todo. Pero sin complicidad, con nadie.

Nueva estructura y autocrítica

Drivet defendió la reciente reestructuración del Ministerio de Seguridad que realizó su titular, Raúl Lamberto, y lo consideró un avance.

“Si alcanza o no, lo veremos. Que es mejor que lo que teníamos, seguro. Es un paso adelante. Nosotros estamos en el siglo XXI. Las organizaciones delictivas y los delitos se modificaron más rápidamente que lo que se pueden modificar las estructuras de la policía, que son las mismas de hace cincuenta años”, advirtió. Y sobre esa base, exigió una autocrítica a todo el poder político.

“Hagamos una autocrítica todo el poder político de la provincia. Ése es el tema que nosotros queríamos conversar con los legisladores nacionales. Hagamos una autocrítica todos: no tuvimos poder político, ni tampoco la iniciativa; nadie la tuvo. Pongamos sobre la mesa todas las responsabilidades. Hacer tironeo político de esto es un error. Por eso fue la convocatoria (a los legisladores nacionales del PJ). En eso, no nos pueden decir que no convocamos. Era a un diálogo abierto, franco. Estábamos con todos los papeles. Es un tema hipersensible. Podemos mostrar todo. No tenemos cola de paja. No tenemos ningún problema en mostrar. Podemos tener diferencia de criterios, por ejemplo, si convenía o no dejar a Sola. Son criterios. De los elementos que existen, no hay ninguno que sea impedimento para que Sola sea jefe. Es capacitado, con cursos en Francia, EE.UU. Tienen una foja de servicio en cuanto a carrera de los más grandes de la provincia. Es hiperformado. En su caso, tendrá que justificar su patrimonio. Es parte de la lógica de cualquier funcionario público. No hay que dramatizar estas cosas. Si trasladamos la misma lógica que se pide de una investigación preliminar administrativa a otro tipo de funcionarios, hay muchos de altísima jerarquía que deberían haber abandonado su cargo o no tendrían que haber asumido. Hay que ser prudentes y separar no la intencionalidad política sino el intento de aprovechamiento político”, sugirió. En ese marco, consideró que fue “muy desafortunada” la actitud del PJ de abandonar la reunión convocada por Antonio Bonfatti.

Investigados

Drivet aseguró que en la actualidad, aproximadamente “el 8%” de los policías de las fuerzas tiene algún tipo de investigación administrativa iniciada. Pero aclaró que se inician sumarios por cuestiones de rutina, como un accidente de tránsito. Respecto de investigaciones por delitos penales, estimó que los investigados son unos “doscientos” efectivos. “Nosotros hacemos investigaciones preliminares y eventualmente judicializamos casos de apremios que muchas veces no son ciertos -ejemplificó-. El número, en relación con otras policías, es absolutamente menor y mejor que en otras fuerzas. No es un dato dramático”, sentenció.