SANTA FE: Se cumple un mes de la usurpación de 264 viviendas en la ciudad
La CCC apeló la
resolución que dictó la jueza Sandra Valenti, por lo que no se
desalojarán a las familias usurpadoras del predio en lo inmediato. Ayer
el gobierno provincial volvió a intimar a los ocupantes a desalojar las
viviendas en 48 horas. Lo había hecho a pocos días de la usurpación,
aquella vez la intimación era por 24 horas. A 30 días de la ocupación
ilegal nadie abandonó las viviendas, y cada día trasladan mayor cantidad
de muebles, electrodomésticos, mascotas y familiares.







La resolución que dictó la jueza Sandra Valenti para desalojar Santa
Rita II, el complejo de viviendas usurpado hace un mes, no está firme
dado que fue apelada por la Corriente Clasista y Combativa.
El fiscal N° 6, Rubén Díaz, confirmó que esta mañana se notificó del
recurso de nulidad y apelación que fue concedido a una de las partes en
conflicto, por lo que previa notificación de las partes el expediente se
elevará a la Cámara de Apelación Penal.
Consultado sobre el
inminente desalojo de los usurpadores, el fiscal Díaz explicó que “si
hay una apelación en trámite no se puede dar cumplimiento a la orden,
hasta tanto no se encuentre firme”; y “atento al recurso interpuesto la
misma no se encuentra firme”, confirmó.
Sin embargo, “lo que
sí se puede hacer son trabajos oficiosos previos, a los efectos de que
cuando se resuelva el desalojo, éste se implemente por una mejor vía”,
destacó.
Ayer notificación y nueva intimación
De todos modos, ayer la provincia comenzó a relevar a las familias y a
entregarles unas nuevas notificaciones de desalojo, esta vez con un
plazo de 48 horas. La otra la había realizado el 9 de abril, pocos días
después de la usurpación.
Es que apenas ocurrieron los
hechos, el Estado por sí mismo tenía una vía administrativa que podría
haber puesto en práctica ante la ocupación irregular, incluso
recurriendo a un desalojo forzoso. No obstante, una vez judicializado el
conflicto, las autoridades deberían atenerse a la resolución judicial y
adecuarse a las reglas de procedimiento. De lo contrario estaría
incurriendo en una arbitrariedad, ya que eligió otra vía, que fue la del
acuerdo y la denuncia penal. Con lo cual, todo hace suponer que el
desalojo no será inmediato.
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