El ministro de Industria,
Energía y Turismo de España, José Manuel Soria, señaló hoy que la
decisión del Ejecutivo argentino de expropiar el 51 % de YPF, filial de
Repsol, no es seria, explicó que las excusas que se ponen para esta
operación son de \"débiles argumentos\" y subrayó que tendrá
consecuencias.
En declaraciones a RNE, Soria hizo hincapié en que este
comportamiento arbitrario, discriminatorio y no conforme a derecho, -ni
argentino, ni internacional-, no cambia las relaciones con el "pueblo
argentino", sino con su Ejecutivo actual, que hasta hace pocas fechas
se desmarcaba de la posibilidad de expropiación y después ha hecho algo
"no propio de un Gobierno serio".
Agregó que las primeras consecuencias, que se conocerán en próximos días, serán las medidas que adopte el Gobierno español y que serán de ámbito "diplomático, comercial, industrial y energético". Recordó que cuando Argentina sufrió la crisis del "corralito", España ayudó a este país en 2001, "en contra de las recomendaciones del FMI", y le prestó 1.000 millones de dólares al entender que hay momentos en los que "hay que ayudar a otros".
Sin embargo, destacó que "España no pide ahora correspondencia", pero sí que no se produzca un acto de "hostilidad de este tamaño" que daña a la mayor gestora energética española y que "no tiene explicación".
Además, criticó cómo el Gobierno de Cristina Fernández trata de justificar la nacionalización argumentando que Repsol realizaba un exceso de reparto de dividendos, cuando -subrayó- lo hacía debido a la ley argentina que le obligaba y que ayudaba al grupo Petersen a financiar su entrada en el capital de YPF.
Agregó que las primeras consecuencias, que se conocerán en próximos días, serán las medidas que adopte el Gobierno español y que serán de ámbito "diplomático, comercial, industrial y energético". Recordó que cuando Argentina sufrió la crisis del "corralito", España ayudó a este país en 2001, "en contra de las recomendaciones del FMI", y le prestó 1.000 millones de dólares al entender que hay momentos en los que "hay que ayudar a otros".
Sin embargo, destacó que "España no pide ahora correspondencia", pero sí que no se produzca un acto de "hostilidad de este tamaño" que daña a la mayor gestora energética española y que "no tiene explicación".
Además, criticó cómo el Gobierno de Cristina Fernández trata de justificar la nacionalización argumentando que Repsol realizaba un exceso de reparto de dividendos, cuando -subrayó- lo hacía debido a la ley argentina que le obligaba y que ayudaba al grupo Petersen a financiar su entrada en el capital de YPF.
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