De enero a la fecha, se iniciaron 187 expedientes para obtener la jubilación. El número se disparó ante la inminente sanción de la ley. Entre las bajas se cuentan empleados, fiscales, defensores y jueces, pero ningún ministro de la Corte.
En tan sólo once días de setiembre, el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe recibió más del doble de presentaciones de renuncia de agentes del Poder Judicial para acceder a la jubilación, que las que se habían recepcionado a lo largo de todo el mes de agosto.
Como viene informando El Litoral, desde el momento mismo en el que empezó a discutirse públicamente la posibilidad de reformar el sistema previsional de Santa Fe, comenzaron a incrementarse los trámites jubilatorios en general pero, particularmente, en el Poder Judicial. Así, se llegó a contar que entre febrero y julio se había duplicado la presentación de renuncias ante la Secretaría de Justicia; en ese lapso, habían formalizado su dimisión 107 empleados, defensores, fiscales y jueces, contra menos de la mitad presentados en igual período de 2023.
La situación, como también adelantara este diario, se profundizó en los días previos a la sanción de la nueva ley. De ese modo, según confirmaron fuentes oficiales a este medio, en sólo once días (del 1° al 11 de setiembre), se recibieron 66 presentaciones de renuncias. La mayoría corresponde a empleados del Poder Judicial, pero también, a fiscales, jueces y defensores. El número marca un ascenso abrupto si se repara en que en todo el mes de agosto se habían presentado 28 trámites.
Totales
Según se informó, de enero a setiembre del corriente año, se presentaron en total 187 pedidos de renuncia de agentes del Poder Judicial para proceder al trámite jubilatorio. Por lo tanto, entre las formalizadas en agosto (28) y los once días de setiembre (66) se concentra el 50% del total de presentaciones.
El ascenso vertiginoso en el número se vincula directamente con la sanción de la norma, que era inminente. Es que especialmente para el Poder Judicial, la reforma previsional estipula nuevos mecanismos para calcular los topes y una modificación en el porcentaje de los aportes (ello también impacta en el resto de los Poderes).
La reforma apuró los trámites de quienes estaban próximos a jubilarse, pero también, los de aquellos que habían especulado y tramitado el beneficio desde hacía tiempo. Un artículo transitorio de la nueva ley prevé, incluso, que aquellos agentes que hubieran paralizado "voluntariamente" durante más de seis meses el expediente, si no accedían al beneficio antes de votada la reforma, deberían iniciarlo de cero.
En esa situación se encontraban tres de los cuatro ministros de la Corte, que exceden el límite de edad constitucional. Por ello, se había interpretado que el mencionado apartado "acorralaba" a los magistrados, forzando sus renuncias y facilitando la renovación que ansía el Poder Ejecutivo. Pero ninguno de ellos apuró ni cerró el trámite. Tal situación hubiese implicado que solicitasen el cese y dejaran sus cargos. Cuando decidan retirarse, obtendrán la jubilación bajo los parámetros de la nueva ley.
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