por Hipólito Ruiz / hruiz@uno.com.ar
La comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura santafesina decidirá el miércoles que viene si da lugar al inicio del proceso de destitución del defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, y del fiscal regional de Reconquista, Eladio García. Sobre ambos funcionarios judiciales pesan denuncias por presunto mal desempeño de sus funciones, algo que debe analizar la comisión para determinar si corresponde aplicar el Reglamento para la Remoción de Funcionarios previsto en las leyes Nº 13.013 (Ministerio Público de la Acusación-MPA) y 13.014 (Servicio Público de Defensa Penal), que fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 19 de mayo de este año.
Las denuncias de particulares no cuentan para iniciar un procedimiento de remoción del defensor general o de los fiscales regionales. Debe ser un legislador el que tome la denuncia del particular y la presente para que la misma tenga entidad.
La acusación contra el fiscal regional de Reconquista está hecha por el senador Raúl Gramajo (PJ-9 de Julio) ya que fue él quien recibió una denuncia de dos abogados del norte provincial. Además, contra García se suma otra acusación del senador Gramajo quien el 30 de junio hizo públicas –en medio de la asamblea legislativa que ungió a Raúl Lamberto como defensor del pueblo– las supuestas agresiones y amenazas que había sufrido ese día de parte del fiscal regional de Reconquista.
En ese caso lo que resta definir de aquí al miércoles que viene es si las dos denuncias se tramitan por carriles separados o si se unifican. "El derecho penal es en concurso real y en concurso ideal. Acá, como hay una conectividad entre las causas, seguramente se va a hacer una conexión entre un expediente y el otro", especulaban en los pasillos de la Legislatura.
En cuanto a Ganón, este es el tercer intento de destitución. Esta vez la denuncia fue hecha por el senador Lisandro Enrico (UCR-General López). El legislador radical enumeró nueve supuestas causales para pedir la remoción del defensor general de la provincia. Entre ellas se menciona la "actuación indebida e ilegítima en diversas causas penales; parcialidad política incompatible con el cargo; privación del derecho de defensa a los agentes policiales; manifestaciones públicas indecorosas, agraviantes e impropias de su cargo; impartir instrucciones violatorias del Código Penal y del Código Procesal Penal".
También le atribuye "intervención procesal indebida siendo defensor general; actuación procesal indebida en una causa de Justicia de Menores; designación irregular del abogado Enrique Font; uso del tiempo de la jornada de trabajo para fines ajenos a su función".
Momento de definición
Este miércoles la comisión bicameral de Acuerdos tiene que votar si son procedentes los pedidos de destitución. Si alguno –o los dos pedidos– avanza se debe poner en marcha el proceso de remoción. Luego deberá designar los miembros acusadores. En el proceso contra Ganón el legislador propuesto es el propio senador Enrico, mientras que en el caso de García el postulado es el diputado justicialista Leandro Busatto. Una vez formalizado el proceso quedará en manos de ambos legisladores aceptar o no desempeñar ese papel.
A partir de ahí los miembros acusadores deberían empezar a reunir pruebas, llamar a testigos y todo lo que crean necesario para llevar adelante la acusación. En ambos casos –siempre que la comisión crea procedente iniciar los procesos– Enrico y Busatto tendrán 10 días para informarlos a Ganón y García sobre las denuncias que sobre ellos pesan. Y el defensor general y el fiscal regional de Reconquista tendrán 15 días para presentarse a la comisión a hacer su descargo.
Luego la comisión analizará todos los elementos, emitirá el dictamen aconsejando o no la remoción y luego en sesión conjunta –y no en asamblea legislativa–, se definirá por mayoría simple en cada cámara si se destituye a alguno de los funcionarios.
Críticas al proceso
El defensor general de la provincia le dijo a Diario UNO que por estas horas evalúa hacer una presentación para impugnar el Reglamento para la Remoción de Funcionarios previsto en las leyes Nº 13.013 (Ministerio Público de la Acusación-MPA) y 13.014 (Servicio Público de Defensa Penal). Según Ganón, "no está garantizado el debido proceso".
"Es una de las tantas represalias que venimos sufriendo personal e institucionalmente desde la Defensa Pública por haber puesto negro sobre blanco sobre cuál es la situación de funcionamiento de los aparatos represivos del Estado en la provincia, de la administración de justicia y de la policía", sostuvo el defensor general cuyo cargo vence en abril del año que viene.
Para Ganón, este nuevo intento de remoción de su cargo es "una reiteración de los dos anteriores" con similares argumentos "que ya fueron rechazados". "Son represalias por las denuncias en la Comisión Interamericana y ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por la sentencia en contra de la provincia por parte del Comité de Desapariciones Forzadas. Hay sectores que encarna el senador Enrico que se montan sobre esto y por eso avanzan en este sentido. Si se analizan los argumentos del senador Enrico son los mismos de siempre. Parece que cumplir con las funciones que uno tiene, para Enrico, es desempeñarse mal", sostuvo.
También definió la situación como "un intento de disciplinar hacia el futuro" a eventuales personas que puedan ocupar un cargo similar. "Parece que hay que seguir encerrando lo que pasa dentro de las paredes de los tribunales para no sacar la basura afuera. En estos 30 años de la democracia uno de los aparatos menos reformado, menos cambiado, menos transparente fue la corporación judicial que quiere mantener sus privilegios y que no soporta la existencia de la crítica pública", concluyó.
Ahora será el turno de tomar decisiones por parte de la comisión de Acuerdos. La misma está compuesta por cuatro senadores Raúl Gramajo (PJ) –quien preside la comisión–, Rodrigo Borla (UCR), Alcides Calvo (PJ), Rubén Pirola (PJ) y los diputados Alicia Gutiérrez (SI-FPCyS), Inés Bertero (PS-FPCyS), Patricia Tepp (UCR-FPCyS), Gabriel Real (PDP-FPCyS), Julián Galdeano (UCR-FPCyS), Alejandra Vucasovich (Federal-Cambiemos Santa Fe), Julio Eggimann (Juntos por Santa Fe-FJPV) y Leandro Busatto (FPV-FJPV).
Si esos senadores y diputados creen que los elementos reunidos por los denunciantes son suficientes, se abrirá el proceso de destitución donde actuarán los miembros acusadores y se defenderán los acusados. Luego de todas las actuaciones deberán emitir un dictamen aconsejando o no la destitución. Pero la última palabra la tendrán ambas cámaras donde será necesaria la mitad más uno de los votos en cada una para destituir al funcionario que llegue a esa instancia.
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