Si hoy el tema logra despacho en la comisión de Derechos Humanos, la propuesta de incorporar cada año a cinco trabajadores de esa minoría sexual a las reparticiones municipales podrá debatirse el jueves en el recinto.
Se trata apenas de un "primer paso", afirmó ayer una de las impulsoras de la iniciativa, la concejala radical María Eugenia Schmuck, ya que luego el Estado también deberá promover que se sume el empleo privado. "Hablamos de una comunidad con una expectativa de vida muy baja, de 35 años promedio, y con gran dificultad para insertarse en el mercado laboral", dijo otro de los ediles que más trabajó por unificar los proyectos, el justicialista Eduardo Toniolli.
Prueba de esa dificultad, recordó la responsable del Area de la Diversidad Sexual del municipio, Noelia Casatti, es que aunque en la base de datos de la Dirección de Empleo ya se radicaron "más de cien" historias laborales de personas trans que aguardan una oportunidad de trabajo, rara vez esa vocación termina dando frutos (ver aparte).
"Incluso cuando ya han recibido capacitación laboral y hasta han mantenido entrevistas, acceder a un empleo formal sigue resultando muy difícil" para transexuales, travestis y transgénero, planteó Casatti, una población que se estima oscila entre 250 y 300 personas en Rosario y unas 500 en toda Santa Fe.
Justamente por esa dificultad, el reclamo viene de larga data entre las organizaciones sociales que defienden los derechos de las minorías sexuales.
Según el actual coordinador del Programa de la Diversidad Sexual de la UNR y ex titular de la Asociación Civil Vox, Guillermo Lovagnini, se trata de una demanda que se peleó "durante años en soledad", pero que ahora, si finalmente se aprueba, "representará apenas un socorro para una población muy golpeada y que debería poder acceder a un trabajo digno como cualquier persona".
En rigor, la discusión que se espera pueda cerrarse esta semana recoge también una primera propuesta elaborada y presentada hace dos años por el Frente de Diversidad Sexual del Movimiento Evita y la agrupación Putos Peronistas, proyecto que oportunamente recibió el apoyo de las concejalas Norma López (Frente para la Victoria) y María Fernanda Gigliani (Bloque Iniciativa Popular).
Finalmente, las dos propuestas se fusionaron y el proyecto consensuado —que ya pasó por la comisión de Gobierno— se mudará hoy a Derechos Humanos. De haber acuerdo global, podría culminar su derrotero pasado mañana en el recinto.
Abrir camino. En síntesis, la iniciativa obliga a sumar a la planta municipal cinco personas trans por año. Una medida que se prevé impactará más por su espíritu "ejemplar" que por el efecto directo que tenga para bajar el desempleo o brindar alternativas al trabajo sexual que sigue siendo el principal medio de vida para el colectivo trans.
Aun así la letra del proyecto mejoró sustancialmente: en un principio proponía que el 1 por ciento del total de ingresos laborales al municipio fuera para esa población, pero en números absolutos ese porcentaje representaba apenas un empleo al año y por eso se consensuó reclamar cinco puestos.
El dictamen de Gobierno, sostuvieron Toniolli y Schmuck, también estipuló dar participación al consejo asesor de la diversidad sexual del municipio y, sobre todo, correr de escena dos requisitos: que para poder acceder a un empleo en la Municipalidad las personas trans tuvieran su nuevo DNI acorde al género y que carecieran de antecedentes penales.
La primera objeción, recordó la concejala radical, fue explícitamente resistida por la agrupación Putos Peronistas y el Frente del Movimiento Evita, ya que introducía innecesariamente un sesgo discriminatorio dentro de una norma que se pretende inclusiva.
Y el segundo requerimiento para acceder a un puesto laboral en el municipio, carecer de antecedentes penales, quedó puesto en discusión frente a la frecuencia con que travestis y transexuales son y han sido históricamente "víctimas de causas armadas a partir de meras contravenciones por la propia policía y que nunca avanzan ni terminan en condenas", sostuvo Toniolli.
Pero todo indica que, con una venia global hoy en Derechos Humanos, ese punto podría discutirse "directamente durante la sesión del jueves", coincidieron los dos concejales.
Puestos privados. Para después, admitieron ambos, quedará una discusión si no más ardua, al menos de implementación más compleja: cómo hacer para que el empleo privado encuentre estímulo en la contratación de esas minorías sexuales. Por ejemplo, a través de exenciones fiscales.
"El gobierno tiene que tomar el toro por las astas y generar un plan estratégico que aliente definitivamente la incorporación" laboral del colectivo trans, apuntó Lovagnini, de forma que "el derecho a trabajar no quede transformado en una dádiva o reducido a la posibilidad de formar una cooperativa que funcione como gueto".
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