El juez de Sentencia Nº 5, Gustavo Salvador, rechazó un pedido de la fiscalía y la defensa para rebajar las imputaciones y que el trámite se resuelva por escrito.
La Capital |
El juicio a los tres acusados de matar hace dos años al referente de Los Monos Claudio “Pájaro” Cantero será oral y público. Así lo dispuso el juez de Sentencia Nº 5, Gustavo Salvador, ante un pedido de la fiscalía y la defensa para rebajar la imputación de homicidio calificado que pesa sobre los detenidos y que el caso se defina en un trámite escrito, como prevé el viejo sistema penal para los homicidios comunes. La decisión no es definitiva porque fue apelada. Si prospera, la fiscalía podría pedir el cambio de calificación en sus alegatos de apertura sin que esto cambie la modalidad de juicio a la vista del público.
La causa por la muerte de Cantero fue remitida en octubre a un juzgado de Sentencia para el comienzo del juicio. Quedó a cargo del juez Gustavo Salvador, quien está al frente de procesos escritos contra los mismos acusados por otros homicidios. Son Luis “Pollo” Bassi, procesado como instigador; Milton Damario, como uno de sus sicarios, y Facundo “Macaco” Muñoz como otro de los ejecutores. Los tres están acusados de homicidio calificado por la alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, figura que prevé prisión perpetua.
Rebajas. Pero antes de que la causa avance en la discusión de las pruebas debe definirse la modalidad de juicio. Es que dos defensores y la fiscalía vienen planteando rebajar la imputación a homicidio agravado. Esto tiene relación directa con la modalidad de juicio. De mantenerse la acusación actual la causa debe ir a juicio oral porque así lo prevé para esos casos el Código Procesal de Transición que rige al viejo sistema. En cambio, si se rebaja a homicidio agravado por el uso de arma de fuego, como pretenden ambas partes, está previsto el juicio escrito.
Hasta ahora el planteo conjunto no había prosperado. En dos ocasiones el fiscal Enrique Hernán Paz, junto al defensor de Bassi, Fernando Sirio, y el defensor oficial que por entonces representaba a Muñoz, Oscar Loberse, le pidieron al juez de la Instrucción Juan Andrés Donnola que atenúe la imputación. El fiscal alegaba cuestiones técnicas: que en la indagatoria no se mencionaron los agravantes y esto afectó el derecho de defensa de los implicados.
El planteo incluso fue analizado en la Cámara Penal por Georgina Depetris. En septiembre la jueza no le hizo lugar al pedido al entender que no era este momento, tan cercano al comienzo del juicio y con la instrucción ya cerrada, la “etapa procesal oportuna” para discutir el cambio de calificación. Recordó que el fiscal ya formuló la requisitoria de elevación a juicio por la figura más grave y esto agotó los pasos anteriores al juicio. Y advirtió que la fiscalía podría cambiar su intimación en los alegatos de apertura de un juicio oral o al cerrar un acuerdo abreviado.
Más rechazos. Cuando el expediente llegó el mes pasado al juzgado de Sentencia, Sirio reiteró el planteo ante el juez Salvador. Pidió una vez más que el procedimiento sea escrito argumentando que el fiscal tiene la facultad de cambiar su acusación cuando así lo considere. De este pedido fue informado el fiscal Guillermo Corbella, quien reemplaza al fiscal Paz en esta etapa. Con la misma tesitura que su antecesor, adhirió al pedido de Sirio.
Pero el juez rechazó el pedido conjunto y decidió que el trámite sea oral y público. Tuvo en cuenta la resolución previa de Depetris: entonces la camarista dijo que nada impedía discutir la calificación en un juicio oral y que esta modalidad no supone ningún perjuicio para los acusados sino que, por el contrario, les otorga más garantías. Al pronunciarse sobre el asunto, Salvador consideró que la acusación que pesa sobre los tres implicados ya está plasmada en la requisitoria de elevación a juicio y la modalidad que corresponde es la oral.
De todos modos, el camino hacia el juicio oral no está asegurado aún porque la resolución fue apelada y será revisada por la Cámara Penal. Si es confirmada, Salvador quedaría como juez de trámite para la etapa de presentación de las pruebas. Luego deberían designarse el o los jueces a integrar el tribunal del debate oral, en una causa con predominio de prueba indiciaria.
Boliche. Cantero fue ejecutado a balazos el domingo 26 de mayo de 2013, cerca de las 6 de la mañana, frente al boliche Infinity Night de Villa Gobernador Gálvez. Llegaba en compañía de dos amigos y se apartó del grupo para orinar frente a un galpón.
En ese momento se detuvo en la calle una Ford EcoSport gris oscura desde la cual bajó un tirador que descargó casi 15 proyectiles calibre 9 milímetros. Tres hirieron a Cantero y otro plomo alcanzó a su acompañante Lisandro Mena, quien siete meses más tarde fue asesinado a tiros frente al casino. En los dos días siguientes hubo cuatro homicidios en venganza.
A los tres acusados los comprometen algunos testimonios pero básicamente escuchas al entorno de Cantero, que desataron una verdadera “cacería” de los sospechosos, sin saber que en ese momento eran investigados con intervenciones telefónicas por comandar una asociación ilícita con civiles y miembros de fuerzas de seguridad. De esas conversaciones surge que señalaban a Bassi, Damario y Muñoz como sospechosos, a lo que se suman mensajes de texto de los propios detenidos.
Rebajas. Pero antes de que la causa avance en la discusión de las pruebas debe definirse la modalidad de juicio. Es que dos defensores y la fiscalía vienen planteando rebajar la imputación a homicidio agravado. Esto tiene relación directa con la modalidad de juicio. De mantenerse la acusación actual la causa debe ir a juicio oral porque así lo prevé para esos casos el Código Procesal de Transición que rige al viejo sistema. En cambio, si se rebaja a homicidio agravado por el uso de arma de fuego, como pretenden ambas partes, está previsto el juicio escrito.
Hasta ahora el planteo conjunto no había prosperado. En dos ocasiones el fiscal Enrique Hernán Paz, junto al defensor de Bassi, Fernando Sirio, y el defensor oficial que por entonces representaba a Muñoz, Oscar Loberse, le pidieron al juez de la Instrucción Juan Andrés Donnola que atenúe la imputación. El fiscal alegaba cuestiones técnicas: que en la indagatoria no se mencionaron los agravantes y esto afectó el derecho de defensa de los implicados.
El planteo incluso fue analizado en la Cámara Penal por Georgina Depetris. En septiembre la jueza no le hizo lugar al pedido al entender que no era este momento, tan cercano al comienzo del juicio y con la instrucción ya cerrada, la “etapa procesal oportuna” para discutir el cambio de calificación. Recordó que el fiscal ya formuló la requisitoria de elevación a juicio por la figura más grave y esto agotó los pasos anteriores al juicio. Y advirtió que la fiscalía podría cambiar su intimación en los alegatos de apertura de un juicio oral o al cerrar un acuerdo abreviado.
Más rechazos. Cuando el expediente llegó el mes pasado al juzgado de Sentencia, Sirio reiteró el planteo ante el juez Salvador. Pidió una vez más que el procedimiento sea escrito argumentando que el fiscal tiene la facultad de cambiar su acusación cuando así lo considere. De este pedido fue informado el fiscal Guillermo Corbella, quien reemplaza al fiscal Paz en esta etapa. Con la misma tesitura que su antecesor, adhirió al pedido de Sirio.
Pero el juez rechazó el pedido conjunto y decidió que el trámite sea oral y público. Tuvo en cuenta la resolución previa de Depetris: entonces la camarista dijo que nada impedía discutir la calificación en un juicio oral y que esta modalidad no supone ningún perjuicio para los acusados sino que, por el contrario, les otorga más garantías. Al pronunciarse sobre el asunto, Salvador consideró que la acusación que pesa sobre los tres implicados ya está plasmada en la requisitoria de elevación a juicio y la modalidad que corresponde es la oral.
De todos modos, el camino hacia el juicio oral no está asegurado aún porque la resolución fue apelada y será revisada por la Cámara Penal. Si es confirmada, Salvador quedaría como juez de trámite para la etapa de presentación de las pruebas. Luego deberían designarse el o los jueces a integrar el tribunal del debate oral, en una causa con predominio de prueba indiciaria.
Boliche. Cantero fue ejecutado a balazos el domingo 26 de mayo de 2013, cerca de las 6 de la mañana, frente al boliche Infinity Night de Villa Gobernador Gálvez. Llegaba en compañía de dos amigos y se apartó del grupo para orinar frente a un galpón.
En ese momento se detuvo en la calle una Ford EcoSport gris oscura desde la cual bajó un tirador que descargó casi 15 proyectiles calibre 9 milímetros. Tres hirieron a Cantero y otro plomo alcanzó a su acompañante Lisandro Mena, quien siete meses más tarde fue asesinado a tiros frente al casino. En los dos días siguientes hubo cuatro homicidios en venganza.
A los tres acusados los comprometen algunos testimonios pero básicamente escuchas al entorno de Cantero, que desataron una verdadera “cacería” de los sospechosos, sin saber que en ese momento eran investigados con intervenciones telefónicas por comandar una asociación ilícita con civiles y miembros de fuerzas de seguridad. De esas conversaciones surge que señalaban a Bassi, Damario y Muñoz como sospechosos, a lo que se suman mensajes de texto de los propios detenidos.
Damario no logró recusar a dos fiscales
Uno de los acusados del crimen de Claudio Cantero, Milton Damario, no logró recusar a dos fiscales que intervienen en otra causa por homicidio en la que está implicado: el de Lucas Espina, ocurrido el domingo 27 de enero de 2013 en la Pavón y Santa Rosa de Lima. El juez de Sentencia Gustavo Salvador desestimó un planteo para apartar del caso a los acusadores y se opuso a someter a nuevas pruebas a un testigo clave que debió ingresar a un programa de protección tras ser amenazado la noche previa a declarar.
Días atrás las abogadas de Milton Damario y el de su hermano José, también acusado en el crimen, habían cuestionado que en el caso actuaran dos fiscales en forma conjunta y los recusaron. Se trata de los fiscales Guillermo Corbella y Luis Schiappa Pietra, quienes rechazaron apartarse por considerar “extemporáneo” el reclamo de la defensa.
Las defensas habían pedido que el testigo clave fuera sometido a una pericia oftalmológica pero el juez no hizo lugar al planteo, que los fiscales consideraron “un desgaste jurisdiccional innecesario”. En cambio, los acusadores consideraron que la protección que se le dio al testigo amenazado “de ninguna manera puede perjudicar sino por el contrario esclarecer a la defensa, que debe bregar para que las personas brinden relatos descontaminados y reciban protección del Estado”.
Días atrás las abogadas de Milton Damario y el de su hermano José, también acusado en el crimen, habían cuestionado que en el caso actuaran dos fiscales en forma conjunta y los recusaron. Se trata de los fiscales Guillermo Corbella y Luis Schiappa Pietra, quienes rechazaron apartarse por considerar “extemporáneo” el reclamo de la defensa.
Las defensas habían pedido que el testigo clave fuera sometido a una pericia oftalmológica pero el juez no hizo lugar al planteo, que los fiscales consideraron “un desgaste jurisdiccional innecesario”. En cambio, los acusadores consideraron que la protección que se le dio al testigo amenazado “de ninguna manera puede perjudicar sino por el contrario esclarecer a la defensa, que debe bregar para que las personas brinden relatos descontaminados y reciban protección del Estado”.
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