Meses atrás amenazaron por teléfono a personas para que les entregaran sus casas o dinero. Los llamados se hicieron desde la cárcel.
La Capital |
Tres presos de la cárcel de Piñero acusados de amenazar a vecinos con usurpar sus viviendas, por teléfono e invocando ser miembros de la banda de Los Monos, seguirán detenidos e imputados de extorsión. Así lo decidió la camarista Georgina Depetris tras rechazar la apelación de la defensa que había pedido la nulidad de las imputaciones.
A mediados de julio se conocieron casos de vecinos que recibieron llamados de quienes se presentaban como “sicarios de Los Monos”. A veces con datos precisos sobre los movimientos de las familias amenazadas, les decían que Los Monos querían sus casas para poner cocinas de cocaína y que de no abandonarlas debían entregar 30 mil pesos.
En principio los pesquisas presumieron que las llamadas podían haberse hecho desde una cárcel. En algunos casos era comprensible, ya que las víctimas tenían algún familiar en prisión. En otros, era llamativo cómo las amenazas comenzaban exigiendo la entrega de una casa y terminaban clamando por crédito para celulares.
En agosto, por orden del fiscal Nicolás Foppiani, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó tres celdas del pabellón 3 de Piñero. Allí secuestraron teléfonos celulares, chips y anotaciones. Los sospechosos fueron identificados como Carlos Miguel F., de 28 años y detenido por homicidio; Luis Alfredo B., de 22 y acusado de robo calificado. Además Héctor Edgardo G., de 24 años e imputado de robo a mano armada, fue arrestado fuera del presidio ya que había sido liberado días antes.
Siete. Los tres fueron imputados como coautores de siete hechos de extorsión y tentativa. Uno de ellos contra el padre de Luciano Vecchio, un joven que purga una condena a 11 años por un homicidio y que estaba en el mismo pabellón que los sospechosos. Según se denunció, Vecchio recibió una llamada en la que le exigieron 100 mil pesos a cambio de la vida de su hijo. Con mucho temor, la víctima estuvo a punto de cumplir con el pedido pero denunció el hecho y su abogada logró que Luciano fuera trasladado a otro penal.
Otra víctima denunció haber recibido, el 14 de julio, entre tres y cuatro llamadas de supuestos sicarios que le pedían su casa o 30 mil pesos. Al día siguiente un vecino de La Paz al 3200 recibió una comunicación de igual tenor. Lo mismo relató una mujer que vive en Ocampo al 3600.
Nulidad. El defensor de los sospechosos, Marcelo Piercechi, apeló la resolución. Alegó que no era suficiente la probabilidad que requiere la ley para atribuirles la autoría de los hechos y cuestionó que las imputaciones hayan sido genéricas, sin especificar roles ni el comportamiento de cada uno, por lo que pidió la nulidad de la audiencia imputativa.
Además el abogado tildó de ilegal la escucha sobre el primero de los hechos, por haber sido autorizada un día después de que ocurriese. Asimismo, dijo que en cinco de los casos atribuidos a los reclusos las víctimas no accedieron a sus pedidos y cortaron. Y en el último caso apuntó que la evidencia es insuficiente ya que se basa en que F. estaba cerca de donde se pactó realizar la entrega de dinero. Por todo ello Piercechi pidió revocar las imputaciones y reclamó la libertad de sus clientes en lo referido a esta causa.
Temor. El fiscal Foppiani respondió que la imputación fue como coautores, por lo que no se requieren mayores precisiones. Además sostuvo que las víctimas que no cayeron en la extorsión sufrieron igualmente amenazas de quemar o tirotear sus viviendas, matar a sus familiares, invocando ser de Los Monos, lo que “causó una verdadera intimidación a quienes recibieron las llamadas, quienes manifestaron su temor y solicitaron protección policial”.
Asimismo, el fiscal aclaró que la línea que se intervino en el primer caso fue la de la víctima, a pedido de ésta, y así se determinó desde qué número lo habían llamado. Foppiani detalló los datos originados en el cruce de llamadas, desde qué línea se realizaron las amenazas y explicó cómo se establecieron las identidades de los sospechosos y su trama de relaciones dentro y fuera del penal.
La jueza analizó los planteos y sostuvo que no había razón para declarar la nulidad de las imputativas ya que no fue obstaculizado el derecho a defensa. Luego se centró en resolver sobre la prisión preventiva y consideró “suficientes” para esta etapa del proceso las pruebas presentadas por Foppiani.
Para Depetris las pruebas demuestran “la autoría de cada hecho y la convergencia intencional de la imputación” por amenazas. En ese marco, “considerando el estado inicial de la investigación al respecto y la provisoriedad de la resolución que la informa, corresponde rechazar las solicitudes de nulidad incoadas y confirmar la resolución impugnada”, concluyó Depetris.
A mediados de julio se conocieron casos de vecinos que recibieron llamados de quienes se presentaban como “sicarios de Los Monos”. A veces con datos precisos sobre los movimientos de las familias amenazadas, les decían que Los Monos querían sus casas para poner cocinas de cocaína y que de no abandonarlas debían entregar 30 mil pesos.
En principio los pesquisas presumieron que las llamadas podían haberse hecho desde una cárcel. En algunos casos era comprensible, ya que las víctimas tenían algún familiar en prisión. En otros, era llamativo cómo las amenazas comenzaban exigiendo la entrega de una casa y terminaban clamando por crédito para celulares.
En agosto, por orden del fiscal Nicolás Foppiani, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó tres celdas del pabellón 3 de Piñero. Allí secuestraron teléfonos celulares, chips y anotaciones. Los sospechosos fueron identificados como Carlos Miguel F., de 28 años y detenido por homicidio; Luis Alfredo B., de 22 y acusado de robo calificado. Además Héctor Edgardo G., de 24 años e imputado de robo a mano armada, fue arrestado fuera del presidio ya que había sido liberado días antes.
Siete. Los tres fueron imputados como coautores de siete hechos de extorsión y tentativa. Uno de ellos contra el padre de Luciano Vecchio, un joven que purga una condena a 11 años por un homicidio y que estaba en el mismo pabellón que los sospechosos. Según se denunció, Vecchio recibió una llamada en la que le exigieron 100 mil pesos a cambio de la vida de su hijo. Con mucho temor, la víctima estuvo a punto de cumplir con el pedido pero denunció el hecho y su abogada logró que Luciano fuera trasladado a otro penal.
Otra víctima denunció haber recibido, el 14 de julio, entre tres y cuatro llamadas de supuestos sicarios que le pedían su casa o 30 mil pesos. Al día siguiente un vecino de La Paz al 3200 recibió una comunicación de igual tenor. Lo mismo relató una mujer que vive en Ocampo al 3600.
Nulidad. El defensor de los sospechosos, Marcelo Piercechi, apeló la resolución. Alegó que no era suficiente la probabilidad que requiere la ley para atribuirles la autoría de los hechos y cuestionó que las imputaciones hayan sido genéricas, sin especificar roles ni el comportamiento de cada uno, por lo que pidió la nulidad de la audiencia imputativa.
Además el abogado tildó de ilegal la escucha sobre el primero de los hechos, por haber sido autorizada un día después de que ocurriese. Asimismo, dijo que en cinco de los casos atribuidos a los reclusos las víctimas no accedieron a sus pedidos y cortaron. Y en el último caso apuntó que la evidencia es insuficiente ya que se basa en que F. estaba cerca de donde se pactó realizar la entrega de dinero. Por todo ello Piercechi pidió revocar las imputaciones y reclamó la libertad de sus clientes en lo referido a esta causa.
Temor. El fiscal Foppiani respondió que la imputación fue como coautores, por lo que no se requieren mayores precisiones. Además sostuvo que las víctimas que no cayeron en la extorsión sufrieron igualmente amenazas de quemar o tirotear sus viviendas, matar a sus familiares, invocando ser de Los Monos, lo que “causó una verdadera intimidación a quienes recibieron las llamadas, quienes manifestaron su temor y solicitaron protección policial”.
Asimismo, el fiscal aclaró que la línea que se intervino en el primer caso fue la de la víctima, a pedido de ésta, y así se determinó desde qué número lo habían llamado. Foppiani detalló los datos originados en el cruce de llamadas, desde qué línea se realizaron las amenazas y explicó cómo se establecieron las identidades de los sospechosos y su trama de relaciones dentro y fuera del penal.
La jueza analizó los planteos y sostuvo que no había razón para declarar la nulidad de las imputativas ya que no fue obstaculizado el derecho a defensa. Luego se centró en resolver sobre la prisión preventiva y consideró “suficientes” para esta etapa del proceso las pruebas presentadas por Foppiani.
Para Depetris las pruebas demuestran “la autoría de cada hecho y la convergencia intencional de la imputación” por amenazas. En ese marco, “considerando el estado inicial de la investigación al respecto y la provisoriedad de la resolución que la informa, corresponde rechazar las solicitudes de nulidad incoadas y confirmar la resolución impugnada”, concluyó Depetris.
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