El Secretario de Salud de la Provincia de Santa Fe, Miguel González, se refirió al caso del hospital Iturraspe. Dijo que se siguen realizando interrupciones legales del embarazo y que se analizará el pedido de los médicos. Santa Fe, es una de las pocas provincias que cuenta con protocolos de atención para los casos previstos en el artículo 86 del Código Penal.
Diario UNO |
Cabe señalar que la cartera de salud había abierto la inscripción para los profesionales en el registro público hace dos años pero, en ese nosocomio, no se registraron solicitudes hasta mediados de mayo de este año cuando dos ONG denunciaron que se estaban practicando interrupciones de embarazo que no estaban enmarcadas en el artículo 86 de Código Penal argentino.
De hecho, según los datos publicados por este matutino el 28 mayo de 2014, sólo 136 de los más de 400 profesionales que habían solicitado ingresar al Registro habían completado correctamente el formulario y habían podido fundamentar su decisión. El listado de profesionales es público y puede consultarse en https://salud.santafe.gov.ar/objecion/.
La situación del Iturraspe generó el alerta de las organizaciones de la sociedad civil que participan del Consejo de Administración del hospital quienes, a través de su representante Mariano Figueroa, solicitaron el desplazamiento del director del Servicio de Ginecología, Samuel Seiref.
Al respecto, el secretario de Salud de la provincia, Miguel González, expresó, en diálogo con Diario UNO: “En primer lugar, nosotros sostenemos que existan protocolos de acceso a técnicas para la interrupción legal del embarazo. Somos una de las pocas provincias que tiene un protocolo de trabajo ante esas situaciones, y que tiene la posibilidad de que los profesionales que consideran que esa práctica contraría sus principios éticos o religiosos puedan presentarse como objetores de conciencia. Nosotros mantenemos ambas cuestiones como una política de Estado”.
En ese sentido, agregó que la solicitud de los médicos de Ginecología de ser incluidos en el listado de objetores de conciencia aún no llegó a su área . “La inscripción estaba vencida pero no decimos que no se pueda volver a abrir porque una persona puede cambiar de opinión. De todas maneras es toda la red de servicios la que garantiza el acceso a ese tipo de prácticas. Para nosotros es muy importante destacar que no es un sólo servicio el que garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo”, subrayó el funcionario.
Consultado sobre si los profesionales que aún no figuran en el Registro están cubiertos legalmente para no realizar esa práctica, González aclaró: “Yo no puedo decir que la sola presentación del formulario los protege de no hacer la práctica, lo que los protege es el criterio médico respecto de cómo se mira la cuestión de salud”.
“Tendremos que discutir –marcó el funcionario– cómo el servicio del Iturraspe se organiza si finalmente se consolida la objeción de conciencias de estos profesionales. En ese caso el Estado deberá garantizar, por las vías de acceso que corresponda, el acceso a todas las prácticas en ese servicio y en toda la red”.
Acciones y diálogo
González hizo hincapié en que el Ministerio de Salud está trabajando para resolver la situación del Iturraspe y en que “los que garantizan el acceso a las prácticas no son nunca los profesionales sino los sistemas. Puede haber un profesional o un grupo que no está de acuerdo pero el que garantiza el acceso es todo un sistema. Para nosotros esto es central sino nos quedamos en que sólo el Iturraspe está teniendo esta dificultad”.
—¿Cómo se está abordando el tema desde la cartera de Salud?
—Venimos trabajando con la comunidad del hospital, con sus autoridades y con la dirección a cargo del área. Estamos tratando de buscar soluciones y las vamos a encontrar prontamente porque creemos que estamos abriendo una instancia de diálogo. Estamos convencidos que con la confrontación, sin escuchar y sin ver matices, lo único que hacemos es confundir a la gente. La posición del ministerio es clara y lo que puede ser materia de discusión son algunos casos y situaciones. Una controversia pública es muy dañina. Discutir por los medios con los actores no resuelve el problema. Estamos trabajando en encontrar una forma de seguir garantizando las prácticas. Esta controversia se genera a partir de un caso pero nosotros creemos que hay encontrar soluciones sistémicas.
—¿Cómo está garantizado, en este momento, el acceso a la interrupción legal del embarazo?
—Por toda la red. En el Iturraspe se han hecho abortos no punibles. La discusión es si vamos a encontrar dentro del hospital, y estamos seguros de que va a ser así, profesionales que puedan estar dentro de los matices que sostienen el derecho de la mujer. Porque eso es lo que ha llevado a que baje la mortalidad materna sensiblemente en nuestra provincia. Es una política que está consolidada desde los propios resultados. No se puede obligar a los profesionales a que cambien de parecer pero lo que sí tiene que hacer el sistema es garantiza que las personas, dentro del equipo, realicen las prácticas.
—¿El hospital Iturraspe está derivando a las mujeres que llegan solicitando un aborto no punible?
—No, no es así. Puede ser que algunos casos, que necesiten un procedimiento quirúrgico, tengan la necesidad de buscar a otro profesional. Pero, por ahora, todo lo que se ha resuelto se hizo dentro del hospital. Incluido el caso controvertido.
La investigación
Finalmente, sobre la denuncia que realizó la ONG Ojo Ciudadano, en la que se sostiene que se ha realizado un aborto ilegal, el secretario de Salud de la provincia manifestó: “Sabemos que existe pero no he tenido acceso a ella. Nosotros respaldamos la acción de las autoridades y de los profesionales. Estamos convencidos de que las prácticas que se hacen están encuadradas en las normas legales veremos cómo se hace frente a esta situación pero no estamos de acuerdo con que se diga que hacemos interrupciones ilegales de embarazo. Responderemos por las vías legales. Esto al Ministerio todavía formalmente no ha llegado”.
Y siguió: “En esto hay una cuestión mediática porque las propias autoridades del hospital no están notificadas de que estén denunciadas. Sabemos que existe la denuncia porque ha trascendido en los medios pero, formalmente, no sabemos de qué caso hablan; por lo menos yo no tengo las precisiones. Pero de ninguna manera hay una acción de parte del Ministerio para inducir a los profesionales a cometer errores ni a salirse del encuadre legal que supone este tipo de prácticas”.
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