La comuna comenzó las tareas de reconstrucción para normalizar los condiciones edilicias luego del violento ataque.
La Capital |
La pequeña comunidad de Bombal ayer comenzaba a recuperar su normalidad luego de la indignación social que generó el feroz ataque del que fue objeto la sede comunal cuando una decena de exaltados descargó su furia tras el desalojo de una familia que usurpaba una vivienda de un complejo Fonavi.
Si bien aún restan trabajos por realizarse, el gobierno local ya cumplimentó las tareas de limpieza y fueron repuestos la mayoría de los vidrios que rompió el minúsculo grupo de violentos que puso en riesgo la paz social de esta tranquila población del departamento Constitución.
Todavía falta reacondicionar la sala cultural que funciona al lado de la administración comunal y donde los atacantes causaron los mayores destrozos al romper con piedras y palos sus persianas y vidrios de ventanas y puertas además de incendiar sillas y mesas que sacaron del lugar.
Aunque el relevamiento de los daños todavía no fue terminado, las autoridades comunales estiman de acuerdo a las primeras evaluaciones que las perdidas rondan los 100 mil pesos y ya iniciaron gestiones ante la provincia para pedir ayuda económica.
Mientras los vecinos aún no pueden salir del asombro ni superar la bronca que causó el violento episodio, el presidente comunal, Carlos Gabbi, aseguró ayer a LaCapital que sintió una sensación de "desprotección" que le produjo lo ocurrido y, en tal sentido, no ahorró críticas al accionar policial.
No hubo acción inmediata.EN_SPACE"La seguridad no estuvo a la altura de las circunstancias", disparó el mandatario local tras puntualizar que "la policía debiera haber actuado de inmediato para controlar y prevenir estos terribles destrozos más aún cuando fueron provocados por un minúsculo grupo de revoltosos que en su mayoría eran mujeres y menores".
Al iniciarse los disturbios solo había en frente de la comuna dos agentes de la comisaría local porque el resto del personal se encontraba en el barrio donde se produjo el desalojo. Recién con la llegada de móviles y policiales de la zona se logró el control de la situación aunque los daños ya habáis sido ocasionados.
"La verdad que sentí una gran impotencia e inseguridad al ver como atacaban la comuna sin que la policía haga absolutamente nada para evitarlo pese a correr peligro mi vida y de las otras personas que también estaban dentro edificio cuando sucedió este repudiable hecho".
Gabbi recordó que al comenzar los desmanes y pedir a la policía que interviniera para frenar el caos la respuesta de los uniformados fue que "no podían actuar" y admitió que si no fuera por el desembarco de refuerzos policiales el saldo de la revuelta hubiese sido aún peor.
El jefe comunal bombalense puso en conocimiento de la situación al senador del departamento Constitución, Germán Giacomino, y aseguró que pedirá una audiencia con el ministro de Seguridad, Oscar Lamberto, a fin de plantearle su parecer respecto a las circunstancias del suceso.
En esa línea dijo que "por una cuestión de sentido común lo correcto sería que en casos como estos la policía no se sienta atada de pies y manos y actúe rápidamente para evitar lo que sucedió porque incluso creo que es una excusa plantear que se sienten atados de pies y manos a la hora de intervenir" .
Asimismo instó a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo a "tomar los recaudos suficientes cuando ordena un desalojo a fin de garantizar una mayor presencia policial para evitar consecuencias desagradables como las ocurridas".
El organismo cumplimentó la medida a instancias de dos abogadas que se apersonaron a la vivienda de Calle Pública al 800 con el acompañamiento del comisario local y tres agentes. La situación fue tensa ya que la mujer de la familia desalojada primero se resistió encadenándose en el baño hasta que finalmente desistió en su accionar y aceptó dejar y sacar las pertenencias de la casa para ser entregada al adjudicatario que resultó seleccionado. Luego de ello y tras amenazar con que quemaría la comuna salió hacia tal destino junto a un grupo "instigador" de vecinos para cometer el vandalismo que derivó en la detención de ella y otras seis mujeres además de dos hombres.
Elizabeth R., junto a su esposo Emanuel G, quien no participó de los hechos, y cuatro hijos, de los cuales tres tuvo con un matrimonio anterior, ocupaban desde hacía seis meses la casa de la que fueron desalojados. La mujer es hija del jefe de la Guardia Urbana Comunal (GUC), Francisco R., quien anticipó que presentará la renuncia al cargo al sentir "vergüenza" por lo sucedido, según confirmó ayer a este diario el presidente comunal.
Gabbi además reveló haberse enterado en el ámbito judicial de que los detenidos manifestaron "su arrepentimiento y sentirse avergonzados" de cometer los hechos que convulsionaron a la comunidad.
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