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miércoles, 9 de julio de 2014

No los dejaron entrar al boliche y tendrán que pagarles 80 mil pesos

La Justicia falló a favor de dos jóvenes que denunciaron daño moral y punitivo contra un boliche ubicado en el centro de la capital mendocina. Los hermanos Cristian y Andrés Vega intentaron ingresar al boliche y fueron frenados por los patovicas. Al día siguiente realizaron una denuncia al Inadi por discriminación.


La Justicia de Mendoza falló a favor de dos jóvenes que denunciaron daño moral y punitivo contra un boliche ubicado en el centro de la capital mendocina. Los hermanos Cristian y Andrés Vega (ambos mayores de edad) intentaron ingresar el 10 de agosto de 2012 a Apeteco y fueron frenados a la entrada por los patovicas que vigilan el lugar. Al día siguiente realizaron una denuncia al Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) por discriminación y posteriormente iniciaron una causa civil asesorados por su abogado.

Los damnificados viven en el barrio Los Olivos de Guaymallén y recibirán $ 40.000 cada uno. La mitad de ese monto corresponde al daño moral provocado por el espacio bailable y la otra mitad es una multa civil a favor del consumidor que se aplica por primera vez en la provincia, ya que fue incorporada con la reforma de la Ley de Defensa al Consumidor en 2008, con el fin de desincentivar conductas groseras como las que vivieron estos muchachos luego de ser menospreciados por “morochos y petisos”, tal como señaló la defensa representada por Guido Roccuzzo.

“No hay antecedentes en la jurisprudencia de Mendoza en donde, en una demanda por una acción individual, un juez haga lugar al daño punitivo. Esta es la primera vez que se aplica en un fallo judicial, y es importantísimo porque Mendoza con esto hace lugar a la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor”, explica Roccuzzo, quien fuera director de Defensa del Consumidor tiempo atrás.

“El daño punitivo fue un instituto que se creo con la reforma del año 2008 y deviene del derecho anglosajón. Es una multa civil a favor del consumidor que puede llegar hasta los 5 millones de pesos”, agregó el abogado, y más tarde especificó que la titular de la razón social del boliche, Carmen Campoy, aún puede apelar la sentencia dictada el 23 de junio pasado.

Para el Inadi, el órgano de la administración pública que intervino en el caso, los hermanos Vega sí fueron discriminados en la entrada al boliche y dejaron asentada su postura a través de un dictamen que se adjuntó a la causa.

Tal como describió la defensa, esta no es la primera denuncia relacionada con discriminación que recibe Apeteco, ya que cuenta con antecedentes similares tanto en el Inadi como en Dirección de Juventud. En esta última repartición del Estado acumula cerca de diez denuncias más. Asimismo, muchos jóvenes también han utilizado el recurso de las redes sociales para hacer acusaciones públicas contra el boliche. Hasta hay grupo de Facebook llamado “Apeteco discrimina”, en el que los adolescentes cuentan sus experiencias.

Acerca del derecho de admisión
Roccuzzo, actual asesor de la Subsecretaría de Justicia, explica que hay un punto muy fino de diferencia entre lo que es el derecho de admisión y la discriminación. “El derecho de admisión se tiene que basar, como dice la ley, en pautas objetivas de admisibilidad que tienen que informar se a todos por igual. Pero no podés decir que aplicás este derecho cuando el que está en la puerta elige a quién dejar pasar según su criterio. En este caso se probó que los chicos estaban muy bien vestidos y perfumados, al igual que el resto de los chicos”, indicó el abogado.

Reconstrucción del incidente
Según el relato de los hermanos, el 10 de agosto de 2012 fueron a Apeteco invitados a una fiesta de cumpleaños de un amigo que había hecho reservas para cenar y después participar en el baile. Asistieron junto con un grupo de 10 personas que fueron pasando una detrás de la otra hasta llegar su turno. En ese momento los hermanos quedaron señalados por los patovicas, que les impidieron el ingreso diciéndoles que para poder entrar tenían que ser clientes del lugar, algo que ellos entendieron como una forma irónica de decirles que se fueran y que no volvieran.

Molestos por la situación, pidieron el libro de quejas, que se les negó, y llamaron a la policía, que tampoco quiso tomarles la denuncia por considerar que no eran competentes para resolver el caso. Al día siguiente fueron al Inadi e iniciaron una demanda. Contaron con siete testimonios a favor y otro caso de discriminación a una joven por gorda.

DIARIO UNO.

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