El Juez Cristian Fiz resolvió la semana pasada que la investigación por la inundación de 2003 no está cerrada para ninguno de los tres imputados. La defensa técnica del ex Intendente de Santa Fe, lleva el caso a la Cámara de Apelaciones.
Diario UNO |
Era una reacción que se esperaba y esta semana, cumpliendo los plazos legales previstos, ocurrió. Los abogados defensores del ex intendente de Santa Fe, Marcelo Álvarez, rechazaron la resolución del juez Cristian Fiz –quien el 7 de abril les negó el planteo de prescripción de la causa Inundación 2003– y presentaron un recurso de apelación que significa que el expediente pasará ahora, a la Cámara de Apelaciones para que un nuevo tribunal resuelva si la acción contra los tres imputados por estragos culposo agravado por la muerte de 18 personas, está o no prescripta.
De esta manera, la investigación sobre las responsabilidades políticas de la tragedia hídrica que significó que un tercio de la ciudad quede bajo agua a fines de abril del 2003, se corre para dar lugar a un debate mucho menos productivo y que analiza las formas de la cuestión, dejando de lado el fondo del conflicto. En otras palabras, se trata de estrategias legales que le permiten “ganar tiempo” a los imputados. Pero como procesalmente están habilitadas, para los fiscales y los actores legales no hay otra alternativa que atravesarlas y procurar que no tumben definitivamente la investigación.
Concretamente, el eje de la discusión que hoy direcciona la causa Inundación –aunque para muchos de los 130 mil evacuados que dejó el 30 de abril del 2003 y que hace 11 años esperan justicia, puede significar una contradicción– es el derecho de los acusados a ser juzgados en un plazo de tiempo razonable.
La excepción de prescripción, promovida por los abogados de Álvarez, Pablo Guastavino y Alejandro Paz, el 20 de agosto del año pasado, se fundaba en la idea de que el proceso superó el “plazo razonable”, ya que los 10 años que tiene el caso excede la pena máxima del delito atribuido al ex dirigente político del PJ.
La respuesta, tanto de los abogados María Georgina Stratta; Manuel Eduardo Cecchini e Ignacio Cecchini que representan a Milagros Demiryi y Jorge Castro como actores civiles, y los fiscales Mariela Jiménez y Jorge Andrés se apuntaló en una suspensión de la prescripción estipulada en el artículo 67 del Código Penal, para los casos en los que los imputados fueran funcionarios públicos.
Y ésa fue una de las bases de la respuesta del juez Cristian Fiz a los abogados de Álvarez: “Tal cual lo sostiene la actora civil, así como los representantes del Ministerio Fiscal, ha quedado fehacientemente probado en autos que tanto el imputado Edgardo Berli como su coimputado Marcelo Álvarez se han desempeñado, desde la comisión del hecho juzgado y lo hacen actualmente en la función pública, lo cual se puede apreciar en la documentación glosada a la presente según constancias a fojas 3016 a 3098”.
En este sentido, el fallo además, detalla las funciones que ocuparon en el Estado cada uno de los acusados: Edgardo Berli fue designado el 9 de diciembre de 2003 en el Ente Regulador de Servicio Sanitarios. Actualmente, se desempeña como Gerente de Relaciones Institucionales.
La misma situación se comprobó en el caso de Marcelo Álvarez, quien al cesar en el cargo como intendente municipal de Santa Fe, fue designado en el Ente Regulador de Servicios Sanitarios el 16 de diciembre de 2003. Luego fue destinado al Dipai, designándoselo posteriormente en la Subsecretaría de Coordinación Técnica Administrativa del Ministerio de Educación, para finalmente ser afectado en fecha 21 de mayo de 2013 a la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.
El restante imputado es el ex titular provincial de Obras Hidráulicas, Ricardo Fratti.
El restante imputado es el ex titular provincial de Obras Hidráulicas, Ricardo Fratti.
Se espera que esta semana, el juez Fiz eleve la causa a la Cámara. Luego se deberá sortear quiénes serán los magistrados que integren el tribunal. Quedan fuera de la terna todos los que hubiera intervenido en la causa con anterioridad, en la resolución de algún incidente. Lo cual deja afuera de la lista a muchos. Luego, las partes podrán responder a los defensores de Álvarez y recién entonces, habrá un nuevo fallo. Además del tiempo que esta próxima resolución pueda llevar, hay que tener en cuenta que también se trata de instancias en las que hay margen de apelación. Por lo tanto, resta aún un largo tiempo hasta que las responsabilidades por el ingreso del agua del Salado, a través de obras inconclusas, llegue a su fin.
Mientras tanto, la Marcha de las Antorchas se prepara para un nuevo aniversario. Será el acto número 11, que –como cada 29 de abril–, convoca a todos los afectados por la tragedia a la Plaza 25 de Mayo para reclamar que se esclarezca cómo se armó el desvío de fondos, por dónde entró el agua y quiénes y cómo protegen a los responsables políticos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario