Así lo indicó el juez de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta. "Hay que asumir un cambio cultural más que normativo, una transformación política en la forma de trabajar, gestionar y litigar", planteó a horas del lanzamiento del nuevo sistema.
.La Capital |
"Lo más importante de esta reforma no está en el cambio de normas, sino en el impacto organizacional que involucra. Hay que asumir un cambio cultural más que normativo, una transformación política en la forma de trabajar, gestionar y litigar", planteó a horas del lanzamiento del nuevo sistema penal en la provincia el juez de la Corte Suprema santafesina Daniel Erbetta. Esa adopción de nuevas prácticas es un rasgo que considera clave para evitar "el gran riesgo es tener un sistema acusatorio formal y que en la práctica no cambie nada".
Hoy es el día histórico en que la provincia cambiará su modalidad de enjuiciamiento de delitos. En un contexto donde se conjugan expectativas y reparos, Erbetta cifró el éxito de lo que viene en que los actores estén realmente dispuestos a cambiar modos de acción, para evitar la experiencia de otros distritos donde las transformaciones fueron sólo de forma. Esto, dijo, sin perder de vista el enorme número de causas que se seguirán trabajando bajo la vieja modalidad en el llamado sistema de conclusión de causas.
—¿Cómo arranca operativamente el primer día del nuevo sistema?
— Lo esencial es que producido un hecho delictivo la policía inmediatamente lo comunicará a las fiscalías. Los ciudadanos podrán hacer denuncias ante los centros que se abrieron para ese fin y la propia policía. Lo que cambia es que no existe un juez a cargo de la investigación. Y si hay detenidos la fiscalía verá cuándo solicita una audiencia imputativa y de prisión preventiva en los plazos que establece la ley. Sin detenidos, el flujo de trabajo lo va a determinar el Ministerio Público de la Acusación. Frente a la posibilidad que tiene de trabajar más estratégicamente, de procurarse pruebas antes de judicializar un caso, va a ir definiendo la carga y los tiempos de trabajo. La oficina de gestión está totalmente preparada, tiene dispuesto un juez de urgencia, otro de turno ordinario y un plantel de jueces disponible ante una eventualidad. Se va a arrancar en condiciones y con mucha expectativa.
—El sindicato de Judiciales cuestionó la escasez de personal. ¿Cómo se está abordando el traspaso de recursos?
—Hacen falta empleados, pero la responsabilidad es del Ministerio de la Acusación y de la Defensa. Ellos deben llamar a concurso cargos de empleados con distintas jerarquías, que están previstos por ley. Tenemos que ir regulando el traspaso sin descuidar el sistema de conclusión de causas. Como cabeza del Poder Judicial, desde la Corte tenemos la responsabilidad de la justicia penal y es muy importante para nosotros como vayan cerrando las viejas causas. Las víctimas y los imputados de los hechos anteriores siguen teniendo los mismos derechos, y necesidad de respuesta. Por eso, la apuesta es que termine de la mejor manera posible lo anterior y que empiece bien lo nuevo.
—¿Qué respuesta va a dar el sistema conclusional a la cantidad de personas en prisión preventiva y a los homicidios no aclarados?
—Por el tema de los homicidios hubo reuniones de fiscales del viejo sistema con el procurador de la Corte (Jorge Barraguirre) para abordar esta preocupación. En Rosario queda dentro de este esquema de conclusión el repunte de los homicidios de los últimos tres años. Es algo que tuvimos en cuenta al reasignar recursos. Al diagramar el traspaso de jueces y personal al nuevo sistema la Corte fue decisiva para que la reforma pueda arrancar mañana (por hoy). No podíamos reasignar jueces de Sentencia porque les van a seguir entrando causas y tienen una carga de trabajo alta. En los juzgados de Instrucción y Correccionales pasamos la mitad de los jueces al sistema nuevo y quedó la otra mitad con dos juzgados cada uno, sin la presión del turno. Y traspasamos a casi dos empleados por cada juzgado. A medida que se avance en la conclusión el traspaso va a ser completo. Vamos a monitorear la conclusión porque no queremos que se convierta en un cierre compulsivo pero tampoco que se haga la plancha. Y detectamos que en el último tiempo ha aumentado la tasa de encarcelamiento en prisión preventiva. Esto demuestra, y acá vienen los grandes desafíos de la reforma, que los cambios normativos no garantizan nada si no cambian las prácticas y las rutinas.
—¿Cuáles son esos desafíos?
—Durante la transición a la reforma incorporamos normas que implicaban un cambio radical en la aplicación del encarcelamiento sólo en base a riesgo de fuga o entorpecimiento probatorio, sin embargo se siguió encarcelando por la pena en expectativa. Algo similar pasó con las salidas como la probation y la mediación, que en estos tres últimos años tuvieron un uso bastante limitado. Esto significa que hay que asumir un cambio cultural más que normativo. La reforma es sobre todo una transformación política en la forma de trabajar porque el gran riesgo es tener un sistema acusatorio formal y que en la práctica no cambie nada. Por ejemplo, hay que generar estándares y protocolos de actuación que permitan ejercer un fuerte control sobre la actuación policial. Si eso no cambia vamos a quedar presos de las mismas prácticas. Si no se supera la dependencia al papel y al expediente, habrá distorsiones en una reforma que apunta a desburocratizar, a que todo se realice en audiencias públicas, por actos y no por actas. Lo más impotante de esta reforma es el impacto organizacional en la forma de trabajar, de gestionar y de litigar. En el fondo este tipo de reforma no es técnica, es política. Es una forma de democratizar el Poder Judicial a partir de una nueva concepción en el ejercicio del poder.
No hay comentarios:
Publicar un comentario