Especialistas consideran que el muy bajo desempeño de la Justicia penal y policía es factor del alza de la violencia. Implica un alto nivel de impunidad, déficit en la investigación y en el control. En los países centrales se esclarece el 90% de los casos.
.La Capital |
El 6 de enero de este año a las 10 de la mañana Luisa Fernández vio como un chico apuñalaba a su marido para sacarle la moto. Ocurrió cuando llegaban a visitar a un amigo en La Paz e Italia, a la vuelta de la comisaría 5ª, y el robo ni siquiera se concretó. Veinte días después Cristian Rodríguez, que tenía 38 años y trabajaba en una empresa metalúrgica, murió como resultado de esa agresión. Tras ese lapso que pasó día y noche en el hospital cuidando a su esposo Luisa se sumergió de modo forzado en una nueva vida. Quedó como única responsable del cuidado de sus tres hijos, debió salir a buscar empleo y encarar en soledad la hostilidad de un mundo imprevisto.
Hace un mes Luisa fue a Tribunales con una abogada para hacer un trámite destinado a cobrar el seguro de vida de su esposo. Pidieron entonces el expediente abierto por el homicidio. Cuando la abogada echó un vistazo quedó pasmada. En el legajo había poco más que el acta preventiva labrada por la policía el día del ataque y unas fojas de actuaciones de rutina. Eso era todo. La interrupción de esa vida que Luisa vio arrancada de su lado no había merecido más que unas anotaciones burocráticas. El estado de abandono de la causa es, para Luisa, un mensaje elocuente sobre lo que ella y su familia significan para las instituciones del Estado.
"Yo no pierdo las esperanzas de que me llamen alguna vez y me expliquen por qué no se hicieron las cosas como corresponde. No sé quién mató a mi marido. Creo que merezco al menos que me digan que se esforzaron y no pueden resolverlo. Pero a mi me olvidaron sin darme respuesta alguna. Y ahora sé que es porque no hicieron nada", dice Luisa, de 36 años, habitante de la zona oeste de Rosario.
Serio déficit. El crecimiento desaforado de la tasa de homicidios dolosos en Rosario, que se ha duplicado en los últimos tres años, tiene muchos aspectos derivados. Uno es que a medida que los asesinatos crecen la tasa de esclarecimiento se estanca o decrece. Hoy en Rosario se estima que la mitad de los asesinatos quedan impunes. Se admite que un caso está en vías de esclarecimiento cuando por un hecho hay un identificado o detenido con prueba razonable para una indagatoria o un procesamiento. El trabajo de campo tanto policial como judicial es tan ineficiente que uno de cada dos casos queda sin respuesta. No es apenas un problema para los deudos de las víctimas, sino un serio déficit de seguridad pública.
Eso porque no identificar a los autores de un delito genera una impunidad que invita a sus autores a la repetición. Un problema histórico que se advierte cuando por urgencias de orden público, que son siempre políticas, se decide avanzar sobre algún grupo determinado que despliega violencia en el territorio que se vuelve intolerable. Pasó con el entorno de la barra brava de Newell\'s Old Boys: mismos autores protagonizaron durante una década hechos cruentos sin tener reproche, con casi una quincena de muertes, que sólo tuvo freno a partir de la conmocionante toma de la sede del club en enero de 2010. Ocurre exactamente lo mismo desde mayo de este año, y por idénticas razones, con el avance judicial sobre las bandas criminales entre las que se encuentran grupos como los de la familia Cantero, Luis "Pollo" Bassi y Milton Damario. Y eso que en los tribunales de calle Balcarce los mismos nombres resuenan por años y de modo maniático detrás de los episodios sangrientos.
¿Cuáles son las causas de una tan bochornosa impunidad? ¿Quiénes sus responsables? ¿Cuál su magnitud y sus efectos? El fiscal regional de Rosario Jorge Baclini, que a partir de febrero será el mayor responsable de la persecución del delito en esta zona, afirma que el nivel de esclarecimiento de homicidios en Rosario alterna entre un 50 y un 55 por ciento de los casos. "Es un índice bajísimo y preocupante porque la impunidad promueve la comisión de nuevos delitos. En el marco de una economía delictiva, si yo mato a alguien de una banda contraria o propia para posicionarme o ganar prestigio, y cuento con que el riesgo de que el sistema penal me identifique es bajo, la ecuación costo beneficio me favorece. Es decir esto es causal directa de la suba de delitos", indica.
Los problemas. Baclini contabiliza varios motivos para este fracaso. "Hay problemas serios para recabar evidencia en la escena del hecho, la investigación de calle es pobre, pero fundamentalmente estamos ante casos en que los testigos no quieren declarar por temor. El sistema no les brinda seguridad adecuada por lo que eso es razonable: si hablar me coloca como potencial víctima no hablo. Y eso limita en mucho la posibilidad de identificar autores y obtener prueba de cargo".
El ministro de la Corte Suprema Daniel Erbetta, que es penalista, tiene una mirada semejante. "Podemos hablar de esclarecimiento si hay un sospechoso vinculado al hecho con pruebas serias como en Inglaterra donde la policía es muy profesional. En los países desarrollados la tasa de esclarecimiento de homicidios es cercana al 90 por ciento. Aquí, cualquiera sea el criterio que se tome, estamos bastante debajo del 50 por ciento. Y eso genera impunidad, que no es otra cosa que falta de respuesta institucional, algo que contribuye a retroalimentar la violencia".
Acerca de los casos no aclarados, Erbetta dice: "Hay razones por la pérdida de profesionalidad de la policía; otras propias de un modo de trabajar de cualquier burocracia donde se hace lo más fácil porque es lo más cómodo, falta de control de la actuación policial en muchos casos y eventos paradojales donde la propia policía da protección a economías delictivas".
Frente a la ineficacia que delata la estadística Erbetta procura cuidar el ámbito al que pertenece. "Venimos del fracaso de un diseño de Justicia penal que todos aspiramos cambiar el próximo año. Es un defecto estructural que no es mayor por el empeño de muchos jueces y funcionarios pero se trata de un enorme esfuerzo individual porque el sistema está programado para funcionar sin controles, sin una estrategia adecuada de persecución del delito y sin una ingeniería institucional que permita conectar situaciones con protagonistas. El problema es estructural por una limitación cultural en la forma de trabajar, muy burocratizada detrás de un escritorio lleno de papeles, con fuerte dependencia de la policía y para peor con una enorme restricción material: Rosario tiene hoy sólo diez fiscales que trabajan junto a jueces y todos se limitan a procesar datos que les trae la policía".
En lo que viene. A partir del 10 de febrero de 2014 el panorama es para Erbetta más auspicioso. "Vamos a tener una estructura más organizada, más numerosa y muy capacitada desde la Fiscalía Regional de Rosario. Habrá cerca de 70 fiscales y varias unidades especiales. Habrá diez fiscales que se ocupen exclusivamente de homicidios dolosos con protocolos de actuación y fuerte control sobre la policía de investigación. Este bajo índice de esclarecimiento será revertido", vaticina.
Partidario firme de la reforma penal, el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, es menos entusiasta. "Un nuevo sistema de enjuiciamiento no mejora de por sí la tasa de esclarecimiento. Es cierto que el nuevo modelo transparentará las falencias investigativas y habrá más controles. Pero para aclarar homicidios como los de Rosario, donde un buen número se vincula a grupos violentos, lo indispensable es contar con un cuerpo de investigadores muy profesionalizado, en las fiscalías y en la policía".
Con la organización de información que permite el nuevo sistema de juicio oral Barraguirre se concede mayor optimismo. "Se podrá hacer política criminal detectando patrones delictivos y perfiles de autores que hoy se hace muy difícil. Pero todo va a depender de la competencia y el compromiso cívico de los nuevos actores".
Los datos y el territorio. La idea de que un sistema judicial más abierto recortará la impunidad es un error para Enrique Font, titular de la cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho de la UNR. "Un estudio profundo sobre métodos investigativos de Scotland Yard en los \'90 detectó que el grueso de los delitos se esclarecía en Londres a partir de información de calidad que brindaba la gente a la policía. Eso cambió la relevancia asignada al policía de calle: los ingleses volvieron al policía de proximidad o comunitario por el alto nivel de solución que éste ofrecía en base a la información que recibía del vecino", dice.
"Esto vale para decir que las chances de bajar la impunidad se relacionan con la credibilidad hacia la policía. Hoy nuestra policía tiene un inmenso problema de legitimidad en los barrios donde se producen los homicidios porque allí la gente la concibe como parte del delito. Si un vecino tiene un crimen en un búnker y ve que por allí pasan policías a cobrar regularmente lo último que hace es recurrir a la policía a decirle lo que sabe. Por eso me preocupa la idea mítica de que el nuevo sistema penal resolverá los problemas, que está alejada de cualquier investigación de campo sobre lo que pasa en el territorio", razona Font.
Pese al déficit de trabajo empírico, dice Font, hoy sabemos que, con sus distintas motivaciones, los homicidios se producen mayormente entre gente que se conoce. "Esto implica que en la zona donde se producen la información abunda entre gente que sabe, escuchó o vio algo. En los barrios está anunciado quién se la va a dar a quién. Y el homicidio es el típico delito cuyo esclarecimiento depende en mucho de los datos levantados en el terreno. Para recogerlos es necesaria una profunda reforma policial porque el agente en la calle es el que primero que va a la zona donde esa información fluye. Pero el vecino que es víctima o testigo no le hablará a quien no le cree".
El problema no es sólo de la policía. Este periodista advierte hace mucho que los funcionario del sistema judicial conocen por su fama a personajes vinculados al mundo del delito, que tienen causas en juzgados múltiples que nunca se enlazan ni prosperan hacia sanciones. "El problema del Poder Judicial es que no rinde cuentas a nadie", dice Font. Un ejemplo conmovedor ocurrió hace un mes con Emanuel Cichero. Este joven de 25 años, ligado al delito barrial en barrio Ludueña, denunció públicamente en septiembre con detalles minuciosos cómo su amigo Brian Saucedo había sido ejecutado por un policía. El 6 de noviembre a Cichero lo mataron de un tiro.
"Personas de la cátedra de Criminología fueron al juzgado tras la manifestación de Cichero y allí no tenían ni el expediente", dice el criminólogo. "Nadie lo convocó para declarar y dos meses después lo mataron. Difícil llamar a esto un problema del sistema. Este es nuestro Poder Judicial".
En la próxima página se establecen los resultados trágicos de un fenómeno local nuevo: los violentos asesinatos en inmediaciones de búnkers. Son 21 muertes contadas y ninguna está aclarada.
A la mitad de los homicidios Rosario le adeuda una explicación institucional de lo ocurrido. Luisa Fernández, la mujer cuya desdichada vivencia abre esta nota, conoce esa agraviante forma de olvido. Pero también ensaya un intento de creer en una provincia más generosa con sus víctimas. Lo hace cuando dice: "No pierdo las esperanzas de que me expliquen por qué no se hicieron las cosas".
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