Los diputados aceptaron los cambios propuestos por el Senado. El justicialismo y el PRO convalidaron los cambios al sistema vigente con el voto contrario del frente Progresista.
Con el voto positivo de toda la oposición y el rechazo del Frente Progresista, la Cámara de Diputados sancionó una reforma a la llamada Ley de Obras Menores que establece la transferencia automática, mensual y consecutiva de los dineros a los municipios y comunas de la provincia. En los hechos, después de once meses, la Cámara Baja aceptó los cambios propuestos por el Senado a un proyecto que había iniciado la propia cámara a instancias del kirchnerista Darío Mascioli.
El asunto generó un muy interesante debate en el propio recinto y las dudas sobre la actitud que tomará el Poder Ejecutivo sobre si promulgará la norma, la vetará totalmente o propondrá un texto alternativo. En los hechos, la reforma es la respuesta política a atrasos y exigencias de la Casa Gris a los proyectos que deben presentar cada uno de los municipios y comunas para acceder a los fondos previstos con asignación específica en el presupuesto provincial. El Frente Progresista pretendió incorporar a los municipios de Santa Fe y de Rosario en el reparto. Es que el fondo surgió a fines de 2004 e introducido en el presupuesto 2005 con una partida de 20 mil pesos. En ese entonces, Santa Fe y Rosario tenían el llamado “fondo del conurbano” establecido en 30 millones de pesos en el presupuesto nacional durante la convertibilidad y que se mantiene aún hoy en esa cifra. En el Presupuesto 2012, el fondo de obras menores es de 251.856.000 pesos. En las últimas semanas, la Cámara de Diputados esperó alguna propuesta del Ejecutivo que no llegó y que hizo que el kirchnerismo avanzara con la sanción de la norma.
Un fondo que fue creciendo
El fondo de obras menores tuvo en los primeros ejercicios durante la segunda administración de Jorge Obeid, una suma fija que a partir de 2008 se constituye con el 1% del cálculo de recursos que estableció el presupuesto provincial del año anterior. La ley determina cómo se reparte, dónde puede ser afectado, habiéndose incorporado en 2007 la compra de rodados o maquinaria y en varias ocasiones la Legislatura autorizó asignar parte de los dineros a gastos corrientes para salvar situaciones de crisis de los municipios o comunas.
Ahora, la reforma sancionada establece la transferencia automática a cada ejercicio en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas una vez presentados y aprobados los respectivos proyectos para lo cual se le fija un plazo no mayor de 30 días al Poder Ejecutivo.
Fue Mascioli quien abrió el debate rechazando expresiones anteriores del socialista Eduardo Di Pollina quien señaló que se modifica la coparticipación provincial. “Esto pone justicia a los reclamos que hacen los intendentes y presidentes comunales. Nada mejor que esto para no depender de la voluntad de un funcionario para la entrega de fondos”, aseguró. El radical Edgardo Martino consideró que la sanción desnaturaliza la ley original y como ex intendente (lo fue de San Cristóbal) señaló que los proyectos a financiar necesitaban del debate en cada localidad y ahora con la automaticidad pasarán al tesoro de cada municipio. “Se tergiversa el origen y se deja afuera a Santa Fe y a Rosario”, acotó.
El kirchnerista Leandro Busatto entendió que la norma agrega calidad institucional a la provincia y también hubo expresiones a favor de Germán Khalow (100% Santafesino), Mario Lacava (Santa Fe en Movimiento) y Pablo Di Bert (Encuentro). En el medio, otro radical, Julián Galdeano insistió con la discriminación a Santa Fe y Rosario así como dio ejemplos de municipios que durante tres años no presentaron proyecto alguno para financiar con este recurso como Fray Luis Beltrán y Las Rosas (en este caso hasta 2009).
Sobre el final, otro justicialista, Ricardo Olivera, uno de los autores del proyecto allá en el 2000, cuando era senador por San Justo admitió que “nos obligan a esta sanción porque no se ha garantizado el dinero que le corresponde a los municipios”. El radical Santiago Mascheroni dijo aceptar el mecanismo protector mencionado por Olivera pero advirtió sobre plazos de imposible cumplimiento y aspectos de inconstitucionalidad en algunos artículos. “No sé que hará el Poder Ejecutivo, pero si fuera el Ejecutivo, lo veto”, señaló sobre el final.
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