Una niña cuya madre fue asesinada en mayo pasado por su tiastro, fue separada de su familia de origen por decisión del Municipio de Funes. Los profesionales que atienden los casos sociales consideraron que la nena de casi dos años corría riesgo cuando quedaba al cuidado de unos parientes los fines de semana.
/La Capital |
El procedimiento provocó opiniones encontradas con la provincia y luego de que la acción tomara estado público, aparecieron pedidos de informes presentados en la Cámara de Diputados y en el Concejo funense. También el propio municipio inició investigaciones administrativas internas a pedido de la intendenta "para aclarar la situación".
Ayer, el diputado José María Tessa solicitó al Poder Ejecutivo que informe si a través de algún organismo del Estado provincial se ha tomado conocimiento "de la grave situación padecida" y cuáles fueron las acciones y medidas emprendidas. Asimismo, si tuvo participación la Municipalidad de Funes y si se cumplió con las leyes y tratados internacionales para proteger a la menor.
Por su parte, el concejal Mauro Miguez elaboró un pedido donde ordena a la Secretaría de Acción Social del municipio que remita un informe detallado de todo lo obrado en el caso de la tenencia de la menor, "de modo tal de determinar las responsabilidades que le corresponden a los funcionarios intervinientes en el marco de las obligaciones dispuestas por la ley nacional de ética pública y la ordenanza municipal de ética en la función pública". Previamente, la denuncia de un vecino sobre el mismo caso fue derivada a la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja para ser analizada.
El crimen. La niña es hija de María Florencia Chanampa Saldías, asesinada el 6 de mayo en el barrio Villa Elvira de Funes por su tío político, René Araya Saldías, quien fue procesado por homicidio doblemente calificado por vínculo y alevosía.
Su cuerpo apareció descuartizado en el sumidero de la casa del asesino, que lindaba con la precaria pieza donde vivía la joven con su beba. Ese tío había estado preso por abusar sexualmente de la víctima cuando era niña.
Al día siguiente del asesinato, la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia libró una "medida de protección excepcional de urgencia" para alejar a la bebé de la escena del crimen y ponerla al cuidado de María Alejandra Chanampa, su tía abuela, que vive en otro barrio, ya que la abuela materna reside al lado de la vivienda donde apareció muerta su hija Florencia.
El 14 de junio pasado, las responsables del Programa Municipal de Asistencia Familiar de Funes (Promaf) se entrevistaron con la tía abuela y decidieron retirársela "para preservarla de un ámbito no propicio en el que la niña estaba durante los fines de semana". Se la entregaron provisoriamente a un matrimonio funense que está inscripto en el Registro Unico de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos (Ruaga).
La mujer que integra esa pareja tiene un parentesco con la intendenta de Funes, Mónica Tomei, aunque desde el Ejecutivo aseguraron que la jefa municipal no tiene relación con la decisión, y que cuando ocurrió se encontraba fuera del país.
Intervención. El 22 de julio, la Dirección de Derechos de la Niñez provincial ordenó la restitución de la beba a su tía abuela. En el acta, la dirección provincial reprochó al municipio por "no informar a la familia de origen con quién se encontraba la niña", y que "esta decisión fue tomada sin consulta previa a este organismo de aplicación y en desconocimiento de la ley 12.967 entregando a la niña en custodia a un matrimonio ajeno al Programa de Familias Solidarias, consumando una situación sumamente irregular".
El secretario de Gobierno municipal, Gonzalo Miranda Aguiar, dijo que "no hay nada que ocultar, y además de nuestras propias investigaciones nos ponemos a disposición de la Cámara de Diputados y de la justicia".
También dijo que el mismo viernes que tomaron la medida, fueron a notificarlo al nodo Rosario de la Dirección Provincial de Niñez. Como no fueron atendidos, decidieron abordar la situación de la menor con los recursos que cuenta el municipio, asignando a la niña a una familia en lo inmediato anotada en los registros locales y hasta tanto resolviera el equipo provincial por ser la autoridad de ampliación.
El lunes siguiente volvieron a ir y pusieron al tanto a la doctora Nadia Darego, y el martes hicieron lo propio con el director del área, Lautaro D`anna, "quien acordó plenamente la resolución".
En este sentido, el equipo local dijo que actuó conforme con "el principio del interés superior del niño" y agregó que "no selecciona familias, llegan brindándose voluntariamente por ser una comunidad pequeña y naturalmente solidaria".
Miranda Aguiar aseguró que "no se actuó de mala fe, pero vamos a investigar si el Promaf tomó una decisión que no estaba dentro de los protocolos, Asimismo, consideró "un golpe bajo que se diga que se le dio la tenencia a una familiar de la intendente que tiene 30 años de profesión en la ciudad, todos saben cuál es la relación que tiene con los chicos y que jamás tomaría una decisión de ese tipo.Lo importante es que la nena está con su familia".
Competencia. Consultado por este diario, el subsecretario provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Cristian Allende, explicó que cuando supieron de la situación "revertimos la decisión porque ese organismo municipal no tiene competencia por ley para tomar este tipo de decisiones". En ese rumbo dijo que "sí pueden aconsejarnos una medida determinada".
A la vez, consideró que el municipio hizo "una mala interpretación de la ley". Y remarcó que la norma establece un procedimiento de urgencia para casos donde hay peligro. "Nosotros tenemos para eso un equipo de guardia las 24 horas, y debemos dar conocimiento al juzgado de familia en turno".
"Vamos a seguir trabajando con el equipo municipal para que estas circunstancias no vuelvan a suceder. Tanto los equipos locales como la ley y los procedimientos son recientes y si bien trabajamos en espacios de formación conjunta y articulación, a veces se suscitan estas diferencias. Nos parece un hecho grave pero atento a que está preservado el derecho de la niña, podemos trabajar desde otro lugar y resolverlo administrativamente", dijo el funcionario.
Y para rematar, recordó que el mismo día que el municipio funense se presentó a informar la medida tomada, "nuestros equipos le señalaron la irregularidad y se le pidió información de la familia donde habían dejado a la nena para revertir la situación, pero pasaron varios días hasta la restitución porque no podíamos localizar al matrimonio".
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