El juez de Instrucción Javier Beltramone les imputó el crimen de Edgardo Olivera, ocurrido el miércoles, y el encubrimiento.
La Capital |
Luego del crimen de un preso ocurrido el miércoles pasado en el pabellón B de la alcaidía de Jefatura, el juez de Instrucción Javier Beltramone indagó a los 47 internos que estaban alojados en el recinto junto a la víctima. Como resultado de esa actuación, el magistrado imputó a todos ellos por homicidio y encubrimiento al entender que "si estaban allí, al menos vieron o escucharon algo" de lo que pasó.
El preso 48 del pabellón B era Edgardo Olivera, de 29 años, quien recibió una puñalada por la espalda, aparentemente hecha con una chuza, que fue "de arriba hacia abajo, le atravesó el omóplato y le perforó un pulmón hasta llegar al corazón", según el informe forense.
"Algunos de los muchachos indagados dijeron que al momento de los sucesos estaban orando y buscando a Dios en sus invocaciones, otros sostienen directamente que no vieron nada", indicó Beltramone. Y abundó: "Es imposible no ver. Tengo 47 sospechosos de homicidio y esto abre muchos caminos para la investigación".
De la reconstrucción de los hechos, al magistrado le llamó la atención que, una hora antes del crimen, la requisa carcelaria había secuestrado "seis facas" pero no la usada para matar a Olivera. Además, destacó que la víctima no tenía "ninguna otra herida ni marca en el cuerpo", lo que pone en evidencia que fue apuñalado por la espalda y que ni siquiera atinó a defenderse ni entabló previamente una discusión violenta con ningún otro recluso.
La víctima hacía un año que estaba en alcaidía purgando su condena por robo calificado y según el juez se encontraba en "el final de la pena y a una semana de iniciar el régimen de salidas transitorias". En este sentido, el juez no descartó ninguna hipótesis de trabajo para determinar el móvil del crimen, pero sostuvo que "no tendría nada que ver con los sucesos ocurridos una semana antes en el mismo lugar".
Es que Olivera fue el cuarto preso que murió en la alcaidía como resultado de acción violentas en los últimos 26 días. El pasado 12 de abril hubo un incendio intencional en el pabellón III del mismo presidio que se cobró la vida de Miguel Saboldi, Guillermo Benavente y Darío Escobar. Por ese hecho 11 internos quedaron imputados de propiciar el fuego fatal.
Una de las hipótesis acerca del incidente que se cobró la vida de esas tres personas es que se trató de un complot externo de narcotraficantes para eliminar a personas detenidas por cuestiones de drogas, especialmente Saboldi, quien había caído en una chacra de Alvear en la que se incautaron 19 kilos de drogas.
Pericias. A partir de las indagatorias, el juez Beltramone ordenó distintas pericias en el lugar de detención y en el sitio donde se produjo el homicidio de Olivera. En ese sentido, el magistrado dijo que es posible que solicite "una cámara de vigilancia permanente en el pabellón" y agregó que "esto no afectaría la privacidad de los detenidos, ya que ese derecho se asegura en la misma celda" .
Al momento de ser herido, Olivera llamó a un carcelero para que lo trasladara a la guardia médica, pero falleció en el corto trayecto que separa el pasillo de la enfermería. Inmediatamente el juez dispuso que todos los internos quedaran incomunicados y por eso el jueves se suspendieron las visitas al sector. Eso deparó en que los reclusos quemaran colchones dentro del pabellón y sus familiares prendieran fuego a gomas en la calle provocando el corte de la avenida Francia al 5200. "Era lógico que debía incomunicarlos, la causa de la muerte amerita esa medida", sostuvo el juez.
La circulación de bienes y el pago por influencias prohibidas en los penales no es algo folclórico y a esa lógica no escapa la alcaidía de Jefatura. En ese marco, el pabellón B es considerado el más conflictivo al punto que si bien tiene capacidad para 100 internos sólo hay 60.
"En el pabellón B siempre han existido conflictos. Desde hace tiempo recibimos denuncias no formales contra la manera en que se maneja el personal en cuanto al pedido de dádivas, lo cual genera a diario conflictos entre los internos aunque sólo trascienden en estas circunstancias", dijo al respecto Carmen Maidagan, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC). Y arriesgó: "Obviamente estas denuncias nunca se materializan en Tribunales porque nadie se va a animar a hacerlo, pero ya hemos planteado en distintas ocasiones la necesidad de mayor control en ese pabellón para evitar este tipo de situaciones".
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