El ex líder de la Unión Ferroviaria, condenado a 15 años de prisión por el crimen de Mariano Ferreyra, tendrá que responder si trató de coimear a jueces para obtener su libertad. Otro involucrado es un ex magistrado federal.
El ex líder de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, deberá afrontar un segundo juicio derivado por esta investigación, donde tendrá que contestar si intentó coimear a jueces para conseguir su libertad.
En esa causa, Pedraza está acusado de tráfico de influencias y será uno más de los involucrados: también hay imputaciones para un ex juez federal, un supuesto operador y un empleado de la Cámara Nacional de Casación Penal, entre otros.
La causa se inició a instancias de la jueza Wilma López, que llevó adelante la investigación por el crimen de Mariano Ferreyra y registró una serie de grabaciones telefónicas en donde se despuntaba el intento de pagar coimas para manipular el sorteo de la sala de Casación que estaría a cargo de revisar los procesamientos de un grupo de sospechosos, entre los cuales aún no estaba Pedraza.
Se sospecha que allegados a Pedraza motorizaron una maniobra para evitar que el sindicalista fuera involucrado judicialmente: allí se implica al contador de la UF, Angel Stafforin; al ex agente de la SIDE Juan José Riquelme, al ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid y al prosecretario de Casación Luis Ameghino Escobar.
Todos ellos están procesados por cohecho y tráfico de influencias, porque la Justicia entiende que desde "lugares estratégicos" y aprovechando "relaciones y conocimientos" previos tendieron una maniobra para "lograr impunidad".
Según las sospechas, Pedraza debía pagarle una coima al "señor de las teclas", en alusión a Ameghino Escobar y responsable del sorteo de jueces en Casación, para que el caso fuera remitido a la Sala 3 de Casación Penal, integrada por los jueces Eduardo Riggi, Mariano González Palazzo y Gustavo Mitchell. Además, se consideró que Aráoz de Lamadrid, que había sido magistrado federal subrogante, tenía lazos que le garantizarían beneficios y estaría a salvo de la instrucción.
Pero la jueza allanó el estudio jurídico de Aráoz de Lamadrid, y allí encontró una suma de dinero que coincidía con lo mencionado en las escuchas telefónicas.
En diciembre pasado, apenas unos días antes de la feria judicial de enero y cuando el juicio por el caso Ferreyra llevaba cuatro meses, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó los procesamientos de los involucrados y dejó la causa en condiciones para que la instrucción resuelva su elevación a proceso oral.
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