La lista incluye al supuesto "cerebro" del atentado, un candidato a presidente en las elecciones de junio y un clérigo que causó un revuelo cuando se reunió con Luis D’ Elía. Hay sospechosos que no serán indagados.
A fines del mes pasado, el canciller Héctor Timerman anunció que arribó a un acuerdo con Irán, por el cual se indagará en Teherán a los sospechosos del atentado contra la sede de la AMIA en 1994 y se creará una Comisión de la Verdad.
El canciller incluyó entre los sospechosos a indagar al ministro de Defensa persa, Ahmad Vahidi, quien en 1994 era comandante a la Guardia Revolucionaria de Irán y, segúndenunció la DAIA años atrás, "participó de la reunión de las más altas autoridades de ese régimen, en la cual se adoptó la decisión de atacar la sede central de la comunidad judía argentina en Buenos Aires".
Sin embargo, según denunciaron hoy varios medios, un vocero del ministerio de Relaciones Exteriores iraní desmintió la indagatoria de Vahidi, lo que motivó el repudio de la AMIA y la DAIA y de todo el arco opositor.
El Gobierno, no obstante, defendió el acuerdo y busca su aprobación en el Congreso. De ser ratificado, otros sospechosos por el caso podrían ser, por fin, indagados. Pero la lista sólo incluirá a los acusados por la Justicia argentina que figuran en las "circulares rojas" de Interpol. Son cinco –además de Vahidi– de los nueve que había pedido en 2007 el fiscalAlberto Nisman.
De los sospechosos, dos son candidatos a presidente: Mohsen Rezai y Alí Akbar Velayatiquieren suceder al actual jefe de Estado, Mahmoud Ahmadinejad, en las elecciones de junio.
Rezai, ex secretario del Consejo de Discernimiento de Irán y comandante de los Guardianes de la Revolución, la organización militar más grande la nación persa, fue imputado por haberorganizado el ataque. Uno de sus hijos declaró en su contra en los Estados Unidos, aunque luego se desdijo.
Por su parte Velayati, canciller iraní entre 1981 y 1997 y actual consejero del ayatolá Khamenei, es acusado de ser uno de los autores ideológicos del atentado. Sin embargo, a diferencia de Rezai, no tiene pedido de captura de Interpol porque “podría causar un conflicto internacional”, según se explicó en su momento desde la agencia.
Otro sospechoso de peso es el clérigo Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de la embajada persa en el país y una figura importante y respetada de la comunidad iraní en Argentina. Según las investigaciones, fue la "figura clave de la planificación de los atentados al centro comunitario y a la embajada". Nisman asegura que hasta hay una foto suya averiguando precios de traffics y que habría estado cerca de la AMIA coordinando el día del ataque. Hace unos años Rabbani causó revuelo cuando mantuvo un polémico encuentro con el dirigente kirchnerista Luis D’Elía, quien hoy salió a cuestionar la indagatoria a Vahidi.
También se encuentra con pedido de captura internacional en Interpol el ex ministro de Información y seguridad hasta 1997 Alí Fallahjan, quien habría participado en una reunión en 1993 en la ciudad iraní de Mahshad, en la que, según la fiscalía, se habría decidido el atentado. Vahidi también habría estado en ese encuentro que, sin embargo, será difícil de probar.
La lista de los seis buscados con “circular roja” incluida la cierran Ahmad Reza Ashgari oMohsen Randjbaran, tercer secretario de la sede diplomática persa al momento del atentado y presunto encargado de activar las células terroristas iraníes en el país, y el libanés que fuera jefe del Servicio de Seguridad Exterior del Hezbollah Imad Fayez Moughnieh, también buscado por los Estados Unidos por el ataque a la embajada de Israel y quien aún figura en la página de Interpol, aunque habría muerto en un atentado contra su auto en Siria en 2008.
En cambio, al no tener pedido de captura de Interpol, quedarían fuera del banquillo otros acusados por el fiscal Nisman: el ex presidente Ali Rafsanjani, jefe de Estado al momento del atentado, y el ex embajador de Irán en Buenos Aires Hadi Soleimanpour, actual viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Africanos, sobreseído en Londres por falta de pruebas.
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