Néstor y Cristina querían juzgar en un tercer país. Por qué, y a cambio de qué, cedió Argentina.
El 29 de septiembre de 2012, el diario PERFIL publicó en su tapa el siguiente título principal: “El Gobierno cree que Irán cedió”. En la misma semana que se oficializaba el diálogo Buenos Aires-Teherán en Naciones Unidas, el artículo informaba que los diplomáticos de Cristina Kirchner descontaban que Mahmoud Amadinejad había aceptado que la justicia argentina juzgara en un país neutral a los iraníes acusados de haber organizado el atentado a la AMIA.
Tres altas fuentes oficiales –un diplomático que participó de las reuniones realizadas en la ONU, un embajador que estuvo acreditado en Teherán y un funcionario que participó de las conversaciones iniciales del kirchnerismo con el gobierno iraní–, habían confirmado entonces a PERFIL que las negociaciones entre Argentina e Irán estaban “mucho más avanzadas de lo que se reconoce públicamente” y que sólo restaban “definir los aspectos técnicos para iniciar un camino nunca antes explorado en la justicia internacional”.
Las fuentes consultadas anticipaban que el histórico proceso que buscaba llevar justicia al atentado que en 1994 terminó con la vida de 85 personas, se llevaría a cabo en un tercer país. Ningún funcionario del gobierno de Cristina Kirchner sugería entonces que se podría tomar testimonio a los iraníes en Teherán.
¿Qué pasó en estos meses para que el acuerdo ahora indique que se realizarán los interrogatorios en Irán? ¿Cuándo, y por qué, se desestimó la propuesta de juzgar a los iraníes en un tercer país? ¿Por qué Argentina aceptó realizar un proceso que, indudablemente, pierde imparcialidad? Y, lo que es más importante, ¿a cambio de qué tuvo que ceder la Argentina?
El modelo del “tercer país” fue impulsado por la diplomacia kirchnerista desde que Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada. Fue una apuesta innovadora para intentar destrabar el estancamiento al que había arribado la causa AMIA.
La propuesta evocaba el antecedente del atentado de 1988 contra el avión de Pan Am en Lockerbie, Escocia. La comunidad internacional acusó a los servicios de inteligencia del libio Muamar Kadafi de ese atentado en el que murieron 189 personas, el mayor ataque contra civiles estadounidenses hasta el 11 de septiembre de 2001. Las sanciones de las ONU contra Libia y las posteriores negociaciones con el ex dictador Kadafi dieron lugar a la entrega de los acusados para ser juzgados en Holanda.
En los primeros años del kirchnerismo se llegó a poner nombre a ese hipotético tercer país para la causa AMIA: Marruecos. Kirchner exploró personalmente esa posibilidad con el rey marroquí Mohamed VI en diciembre de 2004 durante una visita del monarca a Buenos Aires.
Fue Rafael Bielsa el autor intelectual del mecanismo que ahora se desechó. “Me encanta la idea, dale para adelante”, le dijo Kirchner a Bielsa cuando escuchó la propuesta de su canciller. Más tarde, la idea también sedujo a Cristina, que hace tres años, la formalizó en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Luego de recordar que su esposo y ella misma habían pedido que Irán aceptara entregar a los acusados, Cristina planteó en la ONU, la opción de un tercer país en 2010: “Yo no voy a volver en esta oportunidad a reclamar por cuarta vez lo que evidentemente no va a tener ningún resultado, pero voy a ofrecer a la República Islámica de Irán que acceda a que si no confía en la Justicia argentina como lo ha dicho porque hay un prejuzgamiento y no va a haber la neutralidad suficiente para juzgar, se elija de común acuerdo, entre ambos países, un tercer país en donde las garantías del debido proceso estén vigentes”.
Pero, por lo visto, la siempre hábil diplomacia iraní parece haber ganado la partida. En ese marco, es muy desalentador el panorama que se presenta para la justicia.
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