La Justicia ordenó ayer la libertad con restricciones de un policía que repelió un ataque a un supermercado de España al 6300 y que quedó imputado del homicidio de una de las cuatro víctimas que dejaron los saqueos de diciembre pasado.
La Capital |
La Justicia ordenó ayer la libertad con restricciones de un policía que repelió un ataque a un supermercado de España al 6300 y que quedó imputado del homicidio de una de las cuatro víctimas que dejaron los saqueos de diciembre pasado. También negó la restitución a su titular de un taxi que fue secuestrado por la policía tras haber sido utilizado para cargar objetos robados de un comercio de Dorrego y Lamadrid.
Se trata del policía sospechado de causar la muerte de Carina Paz (36), quien recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza al quedar en medio de una balacera durante un robo al supermercado "Luis", de España al 6300.
De acuerdo al testimonio de vecinos, la bala que la hirió mientras salía a buscar a uno de sus hijos provino del techo del negocio.
Por el hecho se entregó voluntariamente a la Justicia un policía que vivía en la planta alta del local y que repelió con disparos al aire la embestida de un grupo que intentaba saquearlo, tras advertir que su mujer había recibido un herida de arma de fuego en un brazo.
Atento a la complejidad del hecho, y frente a un pedido de la defensa, la Cámara Penal decidió otorgarle la sustitución de prisión con restricciones.
En ese sentido, el policía no podrá regresar al lugar donde residía y deberá presentarse periódicamente en Tribunales mientras siga ligado a la causa, en manos de la jueza María Luisa Pérez Vara.
"Es atendible la causal de justificación para otorgar la libertad, sobre todo por el bien jurídico que protegía, en este caso su familia. Además, la Cámara entendió que no representa peligrosidad procesal para que se siga investigando el hecho", describieron los abogados del policía, Marcos Cella y Germán Mahieu.
Asimismo, la Cámara resolvió hace pocos días sobre el pedido de la titular de un taxi (dominio GJZ) que, en el marco de los expedientes penales por los robos y saqueos a comercios ocurridos entre el 18 y 19 de diciembre, reclamó la restitución del vehículo.
La resolución se limitó a decir que no correspondía hacer lugar al trámite procesal durante la feria judicial, y sin que aún estuvieran resueltas cuestiones de fondo respecto del delito que se le endilga a las personas que fueron detenidas al mando del transporte público.
Se trata de dos mujeres: una que figuraba como chofer del taxi y una amiga que manejaba el auto mientras la otra cargaba objetos robados en un comercio de Dorrego y Lamadrid.
Además, el dictamen de la fiscalía entendió que el pedido no era procedente porque el auto es un elemento de prueba para la tramitación de la causa, ya que deberá ser sometido a peritajes y, en su caso, puede resultar una garantía económica para las costas del juicio hasta que determinen si hubo o no delito de parte de los que estaban a bordo de la unidad.
Por reactivar. Si bien los expedientes penales de las causas abiertas por los robos a supermercados y comercios de la periferia quedaron inmovilizados por le feria judicial (apenas se atendieron cuestiones puntuales de procedimiento, como libertades de algunos imputados), Pérez Vara tiene más de cien originados a partir de al menos 50 hechos de robo registrados durante el 20 y 21 de diciembre.
A los imputados, unos 130, se les endilga el delito de "robo calificado agravado por ser en poblado y banda", con penas que van de los cinco a los 15 años de prisión.
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