El justicialismo dedicó las primeras horas a hacer hincapié en el tema de la corrupción en la fuerza. El ministro de Seguridad fue acompañado en el recinto por la mayor parte del gabinete de Bonfatti. En las gradas, se mezclaban simpatizantes socialistas y justicialistas.
El ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, informó que son 21 los efectivos policiales que están siendo investigados por su presunta relación con el narcotráfico en la provincia, entre ellos 12 de la zona centro-norte y 9 en la zona sur. Fue ante una pregunta concreta del diputado Héctor Acuña (Corriente Federal) en el inicio de la interpelación realizada esta mañana y que continuaba en las primeras horas de la tarde. La reunión se inició con la fundamentación del diputado Pablo Di Bert (Encuentro), quien abrió la sesión justificando la decisión de interpelar al ministro de Seguridad por “las respuestas endebles” dadas en ocasión de su presencia anterior y sus posteriores declaraciones periodísticas, donde mencionó la presencia de “cajas negras” y de falta de control de la Policía por parte del Poder Ejecutivo. ¿Hay corrupción policial?, preguntó el justicialista, a lo que el ministro señaló que “existen casos específicos” que se han detectado, y puso en números lo ocurrido en la gestión de Antonio Bonfatti. Así, en la gestión de Leandro Corti fueron pasados a disponibilidad 79 agentes y hubo 15 cesantías, y en la actual, 88 efectivos fueron pasados a disponibilidad y 30 fueron cesanteados. Agregó que se llevaron a la Justicia, desde 2007, una decena de causas donde están involucrados 15 efectivos.
Sobre el tema, el ministro planteó una serie de acciones llevadas adelante en la cartera de Seguridad para limitar los casos de corrupción en la fuerza, sin soslayar que el 70% del presupuesto de la cartera se lleva el tema personal. Mencionó el nuevo sistema de recarga de combustible y la auditoría pedida a la Sindicatura General de la provincia del sistema de adicionales.
Instituciones
Lamberto aclaró que es defensor de las instituciones y se negó a hablar de corrupción policial, sino de efectivos involucrados en presuntos hechos delictivos, y reconoció que la mayoría de los hechos de este tipo se producen en las unidades regionales I (La Capital) y II (Rosario), donde se encuentra la mayor parte de efectivos, y en ellas, las dependencias de la Agrupación Unidades Especiales.
La primera hora de la reunión fue ocupada -además de las respuestas- por una serie de discusiones parlamentarias, a la manera de un partido trabado de fútbol, donde el presidente del cuerpo (Luis Rubeo) debió ocuparse permanentemente de releer el reglamento para recordar su aplicación... La discusión sobre cómo discutir el problema de la seguridad llevó buena parte del debate inicial.
Hasta el cuarto intermedio ordenado por Rubeo (ver aparte), eran escasas las novedades sobre los problemas de la fuerza policial y las políticas públicas provinciales. El debate era tan abundante en chicanas como pobre en hechos. Largas exposiciones precedieron las preguntas de la oposición y no pocas veces se notó cierta improvisación entre quienes debían llevar adelante la interpelación (Acuña y Di Bert).
Policía judicial
Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) basó su intervención en la necesidad de crear un cuerpo de policía judicial y valoró que hayan abierto la discusión de un proyecto de su autoría con asesores del ministerio. Reprochó, sin embargo, que estos avances no se expliciten en las reuniones del Consejo de Seguridad, e insistió en la necesidad de tener un cuerpo autónomo para investigar delitos complejos donde muchas veces están involucrados policías o allegados a la política.
Al momento de la pregunta, le solicitó conocer el estado de la causa abierta por el fiscal de cámara de Rosario, Guillermo Camporini, por denuncias anónimas contra altos efectivos policiales. Lamberto insistió en que la causa fue archivada el 11 de noviembre de 2011, mientras que otra denuncia realizada en marzo de este año, fue derivada por el fiscal a Asuntos Internos para determinar si hubo enriquecimiento ilícito en el caso de 9 oficiales superiores. Lamberto se detuvo a leer la resolución judicial donde el fiscal admite que en primera instancia no aparecerían ilícitos. Entre los denunciados estaba el ex jefe de Policía, Hugo Tognoli, así como el actual, Cristian Sola.
Ante una pregunta concreta de Silvia De Césaris, informó que son 38 los efectivos policiales investigados por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito en los últimos cuatro años. “Nosotros no somos la Justicia”, aclaró, cuando la legisladora preguntó sobre la demora.
Sobre el tema, el ministro planteó una serie de acciones llevadas adelante en la cartera de Seguridad para limitar los casos de corrupción en la fuerza, sin soslayar que el 70% del presupuesto de la cartera se lleva el tema personal. Mencionó el nuevo sistema de recarga de combustible y la auditoría pedida a la Sindicatura General de la provincia del sistema de adicionales.
Instituciones
Lamberto aclaró que es defensor de las instituciones y se negó a hablar de corrupción policial, sino de efectivos involucrados en presuntos hechos delictivos, y reconoció que la mayoría de los hechos de este tipo se producen en las unidades regionales I (La Capital) y II (Rosario), donde se encuentra la mayor parte de efectivos, y en ellas, las dependencias de la Agrupación Unidades Especiales.
La primera hora de la reunión fue ocupada -además de las respuestas- por una serie de discusiones parlamentarias, a la manera de un partido trabado de fútbol, donde el presidente del cuerpo (Luis Rubeo) debió ocuparse permanentemente de releer el reglamento para recordar su aplicación... La discusión sobre cómo discutir el problema de la seguridad llevó buena parte del debate inicial.
Hasta el cuarto intermedio ordenado por Rubeo (ver aparte), eran escasas las novedades sobre los problemas de la fuerza policial y las políticas públicas provinciales. El debate era tan abundante en chicanas como pobre en hechos. Largas exposiciones precedieron las preguntas de la oposición y no pocas veces se notó cierta improvisación entre quienes debían llevar adelante la interpelación (Acuña y Di Bert).
Policía judicial
Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) basó su intervención en la necesidad de crear un cuerpo de policía judicial y valoró que hayan abierto la discusión de un proyecto de su autoría con asesores del ministerio. Reprochó, sin embargo, que estos avances no se expliciten en las reuniones del Consejo de Seguridad, e insistió en la necesidad de tener un cuerpo autónomo para investigar delitos complejos donde muchas veces están involucrados policías o allegados a la política.
Al momento de la pregunta, le solicitó conocer el estado de la causa abierta por el fiscal de cámara de Rosario, Guillermo Camporini, por denuncias anónimas contra altos efectivos policiales. Lamberto insistió en que la causa fue archivada el 11 de noviembre de 2011, mientras que otra denuncia realizada en marzo de este año, fue derivada por el fiscal a Asuntos Internos para determinar si hubo enriquecimiento ilícito en el caso de 9 oficiales superiores. Lamberto se detuvo a leer la resolución judicial donde el fiscal admite que en primera instancia no aparecerían ilícitos. Entre los denunciados estaba el ex jefe de Policía, Hugo Tognoli, así como el actual, Cristian Sola.
Ante una pregunta concreta de Silvia De Césaris, informó que son 38 los efectivos policiales investigados por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito en los últimos cuatro años. “Nosotros no somos la Justicia”, aclaró, cuando la legisladora preguntó sobre la demora.
Raúl Lamberto, ministro de Seguridad
Rubén Galassi, ministro de Gobierno y Reforma del Estado
Inés Bertero, diputada provincial
Silvia De Cesaris, diputada provincial
Mario Lacava, diputado provincial
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