El grupo periodístico pretendía que el Tribunal extendiese la cautelar, ante las “obstrucciones” del gobierno. Los jueces dijeron que debe resolver la Cámara.
La Corte Suprema rechazó “in limine” el planteo del Grupo Clarín para que se extienda, más allá del 7 de diciembre, la vigencia de la medida cautelar que mantiene frenado el artículo 161 de la Ley de Medios, es decir la “cláusula de desinversión”. Al mismo tiempo, el tribunal exhortó a la Cámara Civil y Comercial Federal a que en un lapso perentorio resuelva el planteo del grupo empresario, que está pendiente a raíz de las dificultades para conformar la Sala Primera de ese tribunal.
El Grupo Clarín denunció la semana pasada ante la Corte Suprema que el gobierno lo está “privando de justicia”, y planteó que el Poder Ejecutivo “deliberadamente obstruye” la posibilidad de la Cámara Civil y Comercial Federal de pronunciarse, lo que coloca a la empresa en una situación de denegación de justicia.
“No existe un tribunal independiente y legalmente constituido que resuelva sus reclamos”, afirmó la empresa en un largo escrito, donde reseñó que el gobierno ya logró separar a diez jueces en lo civil y comercial federal: provocó la renuncia de dos de ellos y la recusación y excusación de los restantes.
El Grupo Clarín recordó que la Justicia, en cinco oportunidades, llegó a la conclusión de que el tribunal competente para estudiar la demanda sobre la constitucionalidad de Ley de Medios es la Cámara Federal Civil y Comercial, y no, como pretendía el gobierno, el fuero contencioso administrativo. Sin embargo -alerta el escrito-, el Poder Ejecutivo busca con “artimañas” que el tema sea resuelto por otros jueces.
En ese marco, el ministro de Justicia, Julio Alak, calificó a la presentación de Clarín como “un intento para conseguir una cautelar eterna”.
Denuncia
En tanto, una agrupación interna del radicalismo denunció penalmente al titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, por no aplicar la “cláusula de desinversión” a otros grupos mediáticos, para los cuales todos los plazos estipulados por la Ley de Medios ya están vencidos.
El “Radicalismo Joven - Espacio Sub 40” radicó la denuncia por los presuntos delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” ya que -arguye- Sabbatella “habría incumplido con el deber de aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual respecto de los grupos de medios que, a diferencia del grupo Clarín, no gozan de protección cautelar” para desinvertir.
La denuncia apunta a los grupos empresarios que no cuestionaron judicialmente al artículo 161, que establece el plazo de adecuación a la cantidad de licencias que pueden poseer. La denuncia, firmada por los militantes radicales Javier Pereiro y Mariano Mugnolo, lleva el número 12.396/2012 y quedó radicada ante el juzgado federal número 10, a cargo del magistrado Julián Ercolini.
“Los distintos funcionarios públicos han incumplido sistemáticamente la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual atentando contra el espíritu de la ley que son los de la promoción, desconcentración y fomento de la competencia, con el fin de democratizar y universalizar la información y comunicación”, resume la presentación.
El Grupo Clarín denunció la semana pasada ante la Corte Suprema que el gobierno lo está “privando de justicia”, y planteó que el Poder Ejecutivo “deliberadamente obstruye” la posibilidad de la Cámara Civil y Comercial Federal de pronunciarse, lo que coloca a la empresa en una situación de denegación de justicia.
“No existe un tribunal independiente y legalmente constituido que resuelva sus reclamos”, afirmó la empresa en un largo escrito, donde reseñó que el gobierno ya logró separar a diez jueces en lo civil y comercial federal: provocó la renuncia de dos de ellos y la recusación y excusación de los restantes.
El Grupo Clarín recordó que la Justicia, en cinco oportunidades, llegó a la conclusión de que el tribunal competente para estudiar la demanda sobre la constitucionalidad de Ley de Medios es la Cámara Federal Civil y Comercial, y no, como pretendía el gobierno, el fuero contencioso administrativo. Sin embargo -alerta el escrito-, el Poder Ejecutivo busca con “artimañas” que el tema sea resuelto por otros jueces.
En ese marco, el ministro de Justicia, Julio Alak, calificó a la presentación de Clarín como “un intento para conseguir una cautelar eterna”.
Denuncia
En tanto, una agrupación interna del radicalismo denunció penalmente al titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, por no aplicar la “cláusula de desinversión” a otros grupos mediáticos, para los cuales todos los plazos estipulados por la Ley de Medios ya están vencidos.
El “Radicalismo Joven - Espacio Sub 40” radicó la denuncia por los presuntos delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” ya que -arguye- Sabbatella “habría incumplido con el deber de aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual respecto de los grupos de medios que, a diferencia del grupo Clarín, no gozan de protección cautelar” para desinvertir.
La denuncia apunta a los grupos empresarios que no cuestionaron judicialmente al artículo 161, que establece el plazo de adecuación a la cantidad de licencias que pueden poseer. La denuncia, firmada por los militantes radicales Javier Pereiro y Mariano Mugnolo, lleva el número 12.396/2012 y quedó radicada ante el juzgado federal número 10, a cargo del magistrado Julián Ercolini.
“Los distintos funcionarios públicos han incumplido sistemáticamente la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual atentando contra el espíritu de la ley que son los de la promoción, desconcentración y fomento de la competencia, con el fin de democratizar y universalizar la información y comunicación”, resume la presentación.
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