En un nuevo embate contra la aplicación del aborto no punible, un juez Civil de la ciudad de Santa Fe dispuso suspender el protocolo que regula esa práctica médica en los hospitales de la provincia y garantiza ese derecho cuando la mujer fue víctima de una violación o el embarazo pone en riesgo su vida.
La Capital |
La medida cautelar fue dictada a raíz de un planteo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que cuestionó la guía al entender que "atenta contra la vida humana" y es "inconstitucional". La provincia se notificó de la medida en las últimas horas de ayer y evaluaba tanto los pasos a seguir en la vía judicial como los alcances concretos de la disposición.
La decisión del juez Civil y Comercial santafesino Claudio Bermúdez fue notificada al Ministerio de Gobierno provincial el viernes pasado. El mensaje llegó a escasas horas de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendiera una medida que impedía la realización de un aborto no punible a una mujer de 32 años, víctima de la trata de personas en la ciudad de Buenos Aires.
"Vamos a analizar los argumentos del magistrado y evaluaremos la posibilidad de rechazar la medida. En la provincia de Santa Fe tenemos una política para garantizar el derecho a la salud de toda la población, con la misma accesibilidad y equidad en el sistema", dijo anoche el ministro de Salud provincial, Miguel Cappiello, a poco de enterarse del freno judicial.
El titular de la cartera sanitaria respaldó la política de garantizar el aborto no punible (práctica que se realizó en catorce ocasiones) y dijo que el mismo planteo de la agrupación política había sido rechazado antes por la Justicia rosarina. "Esto ha pasado otras veces y se pudo avanzar con las políticas de salud. Respeto a cada uno en sus ideologías y creencias, pero lo que estamos haciendo no es otra cosa que cumplir la ley", fundamentó. El funcionario se reunirá hoy con miembros de la Fiscalía de Estado para evaluar los pasos procesales a seguir.
El efecto de la medida cautelar es que suspende la aplicación del protocolo para la atención de abortos no punibles en centros de salud de la provincia. Esa guía técnica fue formalizada por el Ministerio de Salud el 17 de abril pasado y adhiere a los lineamientos del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsables.
A partir de ese instrumento, Santa Fe se cuenta entre las pocas provincias que respetan la bases del fallo dictado por la Corte nacional el 13 de marzo pasado (a partir del caso F.A.L.), cuando solicitó a las provincias que eviten obstáculos judiciales o administrativos para la realización de abortos a víctimas de violación.
La queja.A poco de lanzarse el protocolo, en mayo pasado el Partido Demócrata Cristiano (PDC) lo cuestionó mediante un recurso de amparo. "Pedimos que se declare inconstitucional porque afecta el derecho a la vida reconocido en tratados constitucionales. Nuestra posición es contra la muerte por aborto y en defensa de toda vida humana", argumentó Gabriela Quadri, la abogada rosarina que presentó el planteo.
"Entendemos que el fallo de la Corte es excesivo", añadió el abogado Gerardo Casadei, titular del partido a nivel provincial. "No tiene competencia para ordenarles qué hacer a las provincias porque cruza la frontera de la división de poderes", dijo. La fuerza, fundada en Rosario en 1954, tiene unos 4.700 afiliados. No cuenta con representantes propios en la Legislatura ni integra otros bloques políticos.
Un cuestionamiento de la agrupación política a la guía técnica es que "obstaculiza la investigación de las violaciones porque sólo se requiere una declaración jurada de la víctima". Un rasgo que, según distintas organizaciones de mujeres, ubica a la provincia un paso adelante respecto de otras jurisdicciones y que no impide la realización de denuncia judicial. Otra queja es que "el niño será muerto y ni siquiera se sabrá si realmente era fruto de una violación".
En el aspecto legal, para los accionantes, el protocolo violenta tratados que entienden por niño "a todo ser humano desde de su concepción". Ante el planteo, el juez primero se declaró incompetente pero la Cámara Civil le encomendó seguir adelante.
Finalmente, dictó la cautelar (una medida provisoria hasta tanto se pronuncie sobre el fondo del asunto) en la que hizo lugar parcialmente al pedido del PDC. No restringió la realización de abortos cuando impliquen riesgo para la vida pero sí en casos de violación. Enumeró varios tratados y artículos con los que esa disposición, a su criterio, colisionaría.
¿Cuál es el impacto concreto de la medida en el sistema de salud pública? Para los abogados del PDC, el último protocolo queda directamente sin efecto en toda la provincia y pasa a regir una guía previa de 2007, que es más restrictiva. Qué pasará de aquí en más es el punto clave y depende en gran medida de cómo accione la provincia frente a la traba judicial.
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