El Concejo Municipal comenzó a estudiar en los últimos días un proyecto que propone que al momento de la comercialización de un inmueble quien lo adquiere pueda acceder a un detallado informe del estado general de esa construcción.
La iniciativa busca transparentar la operaciones y, de alguna manera, proteger y alertar al comprador, quien podrá obtener información cabal desde cómo se encuentran las redes eléctricas o las cañerías, hasta “vicios” frecuentes como humedad o rajaduras. La movida se da en el marco de reiterados cuestionamientos a la calidad con que se ha edificado en los últimos años en Rosario, en el contexto del llamado “boom” que experimentó la construcción. Representantes de los consorcistas (que no son más que los dueños de inmuebles de propiedad horizontal) consultados por este medio avalaron la iniciativa que analiza el Palacio Vasallo.
El pasado 20 de septiembre, el concejal radical Jorge Boasso ingresó en el Concejo un proyecto que busca instaurar el llamado Certificado de Aptitud Técnico Administrativo. La propuesta es motorizada por el Colegio de Arquitectos de la provincia y se propone como un instrumento con carácter de informe que permita conocer el estado real de un inmueble que se ofrece a la venta. La idea es que el comprador tenga información “cabal” de la vivienda que adquiere.
En rigor, la idea tiene sus antecedentes. Desde el Colegio de Arquitectos señalaron que en el ámbito dela Sociedad Centralde Arquitectos (SCA) de Buenos Aires “hace 20 años que funciona”, y que lo mismo ocurre en los Estados Unidos con la figura de lo que allí se conoce como el “home inspector”. Una ordenanza similar rige, a su vez, en el municipio bonaerense de Tandil.
Con todo, el presidente del Colegio de Arquitectos de Rosario, Edgardo Bagnasco (quien hace algunos días estuvo en el Palacio Vasallo explicando la propuesta), señaló que, a grandes rasgos, el proyecto avanza en dos direcciones. Por un lado, obliga a que en el informe del inmueble a vender queden expuestas las afectaciones urbanísticas y patrimoniales sobre el mismo. Bagnasco relató que ello posibilita “que el comprador pueda saber, por ejemplo, si la propiedad que está adquiriendo tiene una determinada catalogación. Ha habido quien ha comprado una casa sin saber que estaba declarada patrimonio histórico, con lo cual hay límites a la hora de hacer refacciones”. “También debe constar si el inmueble se ajusta –entre otras cuestiones– al reglamento de edificación y al Código Urbano. Esto es útil para que, por ejemplo, el comprador de una casa no se encuentre con la sorpresa de que después no puede construir un piso más”, agregó el profesional.
Pero el aspecto más sustantivo del proyecto (sobre el que se prevé una fuerte resistencia de inmobiliarias y empresarios de la construcción y la vivienda) es que también propone ahondar sobre el estado edilicio del inmueble. Es decir, que debe quedar plasmado sobre un papel desde los inconvenientes tales como las filtraciones de agua existentes hasta el estado de las redes eléctricas.
“Es una especie de inspección técnica de vicios que incluso muchas veces están ocultos. Por ejemplo, en el tema de las rajaduras se puede llegar a explicar hasta el porqué de esa situación; si hay problemas con los cimientos. Así el comprador sabe del costo adicional que va tener luego o, dicho al revés, esto seguramente va influir antes en el valor de la venta”, explico Bagnasco.
Con todo, el certificado se plasmará en la práctica con un escrito que deberá será ser elaborado y rubricado por un profesional de la construcción (ya sea arquitecto, ingeniero civil o maestro mayor de obras) “dentro de los límites de su incumbencia profesional y habilitado en la matrícula”. Desde el Colegio de Arquitectos insistieron en que la iniciativa es un avance, porque transparenta las operaciones inmobiliarias.
Los propietarios opinan
Desdela Federación Argentinade Consorcios, su máximo referente, Juan Carlos Lagrange, le dio su visto bueno a la propuesta. “Sería interesante que se implemente. No existe nada de eso hoy. Un corredor inmobiliario debe mostrarle al comprador no sólo el estado legal del inmueble, sino los problemas edilicios, si la propiedad los tiene. Pero eso depende de cómo cada uno ejerce su profesión. Si quieren mentir, lo hace. Hoy todo depende de cada uno de ellos. Por eso es importante que se pueda regular. Porque muchas veces en una casa se invierte el ahorro de toda una vida”, enfatizó Lagrange.
El máximo representante de los dueños de inmuebles de propiedad horizontal advirtió que en Rosario en los últimos años “ha bajado muchísimo la calidad de las construcciones”. “Sería interesante que una futura regulación tenga que correr para todas las edificaciones, lo que incluye a las que recién están puestas a la venta, ya que hay muchas cosas que no se ven y sólo conoce un especialista. Allí, se tiene que dar a conocer por ejemplo la calidad de las cañerías que se utilizaron, dar garantía de que lo que se dice que se vende sea verdadero”, cerró Lagrange.
Los inquilinos también sufren los llamados “vicios ocultos”
Sabido es que los propietarios de los inmuebles no son los únicos que padecen las deficiencias que puedan llegar a tener las construcciones. La mala calidad en muchas de ellas afecta con fuerza también a los inquilinos. Los problemas de humedad, cañerías o mamposterías encabezan la lista de reclamos que presentó el Consejo Asesor parala Defensadela ViviendaÚnica, Inquilinos y Pymes, al Palacio Vasallo en marzo de este año. El informe es un desglose de las 337 consultas hechas a lo largo de 2011 por los rosarinos a ese organismo, que funciona bajo la órbita dela Oficina Municipalde Defensa del Consumidor.
Al respecto, Ariel D’Orazio, coordinador del Consejo Asesor, explicó en contacto con El Ciudadano que “ya es preocupante la baja calidad de las unidades que se alquilan” y, también, “la falta de respuesta por parte de las empresas que realizan la intermediación inmobiliaria, lo que genera vulneración severa de los derechos de los inquilinos”.
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