A más de 100 días de la expropiación de YPF, el grupo español emitió un documento que fue entregado a las empresas españolas con negocios en el país donde critica al oficialismo por hostigamiento y de vulnerar la seguridad jurídica.
Firmado por Antonio Gomiz Sáez, ex vicepresidente Ejecutivo de YPF por Repsol, e Iñigo Alonso de Noriega Satrústegui, director de Asuntos de Gobierno Corporativo, en la publicación se defiende la gestión realizada en la petrolera y fustiga contra el plan de inversiones lanzado encabezado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof. Además, ataca el intervencionismo oficial en la economía y presenta una mirada crítica sobre la evolución de las reservas y producción de crudo.
El documento, cuyo subtítulo es una ilegalidad sin precedentes, caracteriza a la estatización de las acciones de YPF como “expoliación”, y que por su “magnitud, ilegalidad, gravedad y arbitrariedad” no tiene parangón en la moderna industria petrolera internacional”, poniendo a la Argentina como un grave ejemplo de “inseguridad jurídica”.
El grupo accionista sostiene que padeció una campaña de “hostigamiento” y de una política concertada entre las autoridades nacionales y provinciales para generar un clima propicio a la expropiación, y pretender reducir el costo de la petrolera a través del hundimiento de la cotización de sus acciones, que “los mercados siguen penalizando”.
Gomis Saez señala en la presentación del informe que la gestión del grupo español contó “con el apoyo y con elogios explícitos y constantes del Gobierno”, y que, "bruscamente", fue “hostigada con multitud de afirmaciones sin justificación sólida”.
Entre las presuntas ilegalidades señaladas, Repsol afirma que la expropiación “carece de una verdadera causa de utilidad pública”, “vulnera la garantía constitucional de igualdad y no discriminación” (garantizada por el art. 16 de la Constitución), “al sujetarse a expropiación no todo el sector de los hidrocarburos, sino únicamente a una empresa y, de ella sólo a un 51% y a un único accionista”. Indica también que Argentina “incumplió el compromiso que formuló en la privatización de YPF de lanzar una OPA sobre todas sus acciones en caso de volver a tomar el control de la compañía”.
Además, critica que la intervención es nula porque fue dispuesta por el Ejecutivo y no por el Poder Judicial, lo que “vulneró la exigencia legal y constitucional de la indemnización previa a la desposesión y la garantía constitucional del derecho de propiedad”.
“La manifiesta ilegalidad de las medidas adoptadas, y el deliberado incumplimiento de su promesa de OPA, son una señal clara de la inseguridad jurídica existente a fecha de hoy en Argentina”, concluye el documento.
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